El giro que se espera
Resulta imperioso que el gobierno nacional destrabe de regulaciones retardatarias las actividades productivas, tales como la agropecuaria
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Si no fuera por la trágica situación en que el gobierno del Frente de Todos está sumiendo a la economía, y en particular por las exacciones confiscatorias a las que somete al campo, cabría inferir que el Presidente está tomando el pelo a los dirigentes agropecuarios. Ahora ha salido a decir que “una parte de ellos ha tomado posiciones políticas partidistas”.
Pareciera que Alberto Fernández está lejos de comprender que el campo se halla absolutamente agraviado por la política y los gestos con los cuales el oficialismo maltrata al sector que aporta el 68% de las ventas argentinas al exterior. En un país sin moneda y sin crédito como consecuencia del desmadre de las cuentas públicas, las dimensiones elefantiásicas de la burocracia y el falso nacionalismo que ahuyenta las inversiones externas, un gobierno sensato estimularía, por lo menos, la producción agropecuaria. Sin su oxígeno se asfixiaría.
Después de haber pretendido convencer a sus dirigentes de que se abstendría de aplicar más gabelas y de acentuar la gravedad de las que ya regían sobre aquellas recargadas espaldas, el Gobierno ha aumentado del 31 al 32% las retenciones sobre la harina y el aceite de soja a fin de crear un fondo fiduciario que subsidie la materia prima que llega a las panaderías. Ha elevado, además, del 29 al 32% las retenciones sobre el biodiésel.
Con excepción de quienes pudieran ser beneficiarios de privilegios establecidos por corruptelas, como ocurrió con anteriores administraciones del kirchnerismo, no se ve cómo algún sector representativo del campo podría sentirse satisfecho con la política oficial. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), un think tank con sede en Córdoba, ha dado cuenta de que el Estado se queda en promedio con el 65% de lo que produce el campo. Si entran 100 dólares se apodera de dos tercios del ingreso.
Si las retenciones han sido injustas por definición, ahora, además, son ilegales
No hay otra actividad en la Argentina más castigada que la producción agropecuaria, de modo que las instituciones que representan a los productores, más que azuzarlos a la lucha, realizan denodados esfuerzos por contenerlos, según ocurre con quienes procuran realizar protestas fuera de los canales institucionalizados. ¿Hasta cuándo podrán contenerlos? Ya se han visto manifestaciones de protesta en cruces de rutas en diferentes partes del país, y se habla de una jornada de protesta nacional.
“La prioridad es cuidar a nuestros productores”, ha dicho el ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, una de las pocas voces contemporizadoras con el campo y que se ha interpuesto al afán de otros funcionarios de aumentar aún más la presión impositiva sobre la producción agropecuaria. Roberto Feletti, un secretario de Comercio salido no se sabe bien de qué caverna ideológica, ha dicho que por él subirían las retenciones sobre el trigo y el maíz. Las sequías y la crisis mundial han hecho crecer los precios de las commodities.
Feletti ha olvidado decir que los precios de insumos para la cosecha fina que comenzará en dos meses se han potenciado enormemente, que el valor de los granos se encuentra en un sube y baja imprevisible y desconcertante, y que la inflación también hace estragos en los ámbitos rurales del país. Como buen provocador, se le ocurrió decir que las protestas contra la política gubernamental provenían de productores que quieren comprarse vehículos 4x4 y gastar dinero en Miami.
Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, Papúa Nueva Guinea, Benín y Tanzania son algunos de los países que aplican retenciones a la producción agropecuaria. No son en ningún sentido un buen ejemplo para imitar. En cambio, ninguno de los países más desarrollados y modernos del mundo pretende asistir a su economía afectando la capacidad competitiva del campo, mientras lo discrimina en relación con otras actividades.
Por el camino que va, el Gobierno llevará al fracaso de todos
Si las retenciones han sido injustas por definición en todo tiempo, ahora, además, son ilegales. Por razones que el heredero del matrimonio Kirchner sabrá explicar mejor que nadie a raíz de hechos ocurridos en la Cámara de Diputados de la Nación, el Gobierno quedó sin una ley de presupuesto para este ejercicio. De manera que las retenciones han quedado sin sustento legal, pues el Poder Ejecutivo no puede arrogarse en materia impositiva facultades para actuar en función de decretos de necesidad y urgencia.
Las entidades agropecuarias han comenzado a actuar en diferentes frentes judiciales. Unas, requiriendo declaraciones de certeza e inconstitucionalidad; otras, recurriendo a medidas de amparo que las pongan a salvaguarda de la voracidad fiscal hasta que se resuelva el fondo de decisiones violatorias del orden legal.
Es imperioso que el Gobierno arregle las cuentas de los negocios públicos, que cumpla con los compromisos internacionales en los que ha comprometido la honra de la Nación, que destrabe las actividades lícitas de regulaciones retardatarias, que se desprenda de los cacicazgos nefastos para la marcha del país y se acerque más a las democracias desarrolladas, tomando distancias de los autoritarismos fracasados.
Cuando el Gobierno lo haga, le parecerá más natural evitar el destrato con los sectores que producen sin reclamar prebendas indebidas y comprender que por el camino que va llevará al fracaso de todos.
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