El fracaso de la "ficha limpia", la victoria de la impunidad

En el término de 24 horas se celebrarán dos fechas trascendentes. Una es a nivel global, ya que el 9 del mes próximo se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. Un día más tarde, el 10 de diciembre, asumirá en nuestro país un nuevo gobierno. Habrá una ceremonia en la que, seguramente, el próximo jefe del Estado prometerá luchar contra esa lacra, que socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley, crear atolladeros burocráticos cuya única razón es pedir sobornos y atrofiar los cimientos del desarrollo económico, como sosiene la ONU.

Las promesas que en ese sentido vaya a realizar Alberto Fernández tienen un antecedente contradictorio: el sector político al cual pertenece el hoy presidente electo acaba de dejar caer en el Congreso Nacional el tratamiento del proyecto conocido como "ficha limpia". El kirchnerismo parlamentario, sus socios y la izquierda no dieron quorum para que se aprobara en la Cámara de Diputados y se girara al Senado la prohibición de postularse como candidato a cargos públicos a las personas condenadas en segunda instancia judicial por delitos de corrupción.

Se ha perdido una nueva oportunidad de dar un paso hacia la transparencia de los actos de gobierno. Esa iniciativa había conseguido dictamen en 2017, pero nunca prosperó. Últimamente, su tratamiento fue impulsado por la ONG Change.org, que recogió más de 318.000 firmas en poco más de un año para solicitar al Congreso que sancione una ley en la materia.

En nuestro país hoy pueden presentarse a elecciones candidatos con dictado de prisión preventiva y hasta condenados, pues solo se les impide presentarse de mediar una condena firme y ya se sabe que ese es un trámite que puede llevar años, incluso décadas en nuestra Justicia. Un ejemplo contundente es el del actual senador y expresidente Carlos Menem, quien volvió a acceder a un nuevo período como legislador a pesar de contar con dos condenas por contrabando de armas.

La situación de Cristina Kirchner, quien ocupará el cargo de vicepresidenta de la Nación a partir del 10 de diciembre, es otro ejemplo de lo que ocurre ante la falta de leyes anticorrupción, como la de "ficha limpia", o ante la falta de observancia de las que ya existen. Como bien ha dicho la diputada oficialista Elisa Carrió, es lo que pasa cuando "no se aplica el derecho" vigente. La legisladora por Cambiemos recordó durante la frustrada sanción en el recinto que, en 2001, el Congreso aprobó la ley de fueros, que otorga inmunidad a los legisladores sometidos a proceso penal hasta que el juez dispone el pedido de prisión preventiva. "Cuando hay una prisión preventiva, corresponde el desafuero. Cuando hay una orden de detención o de prisión preventiva corresponde de derecho la detención. En consecuencia, hay personas que no debieron haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me refiero a la vicepresidenta electa", expresó Carrió.

Como se recordará, Cristina Kirchner cuenta con 13 procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva. Su desafuero ha sido pedido por la Justicia al Senado, cámara que, contrariamente a lo que ha decidido Diputados con la suspensión de Julio De Vido, se resiste a desaforar a ningún senador que no tenga condena firme.

La ley de "ficha limpia" sería un gran paso en la lucha contra la corrupción. Precisamente, la petición presentada por Change.org promueve no solo la prohibición de presentarse a cargos electivos si una persona cuenta con condena confirmada por dos instancias, sino también que esa prohibición se deberá mantener vigente hasta la revocación de la pena o el paso de ocho años a partir de la conclusión de la sentencia condenatoria, es decir que, una vez cumplida la condena penal, se extiende la suspensión del derecho político a ser votado.

Una norma de similares características fue sancionada en Brasil. Fue la que impidió que Lula da Silva se volviera a presentar para competir por un nuevo mandato presidencial. Lula se encuentra condenado a 8 años y 10 meses de cárcel tras habérsele reducido la pena inicial de 12 años y un mes, por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Resulta lamentable que entre nosotros la corrupción siga siendo un tema secundario para muchos de nuestros dirigentes. Por lo demás, es evidente que los políticos más comprometidos judicialmente o los sectores a los que ellos pertenecen son los más interesados en dilatar la sanción de normas que no solo repriman a los corruptos, sino que sirvan para prevenir ese delito.

Si como suelen decir casi todos los candidatos en público, su lucha contra la corrupción es permanente, sería deseable que lo demostraran pasando de la prédica a la acción concreta, ya sea desde sus lugares de funcionarios, de legisladores, de magistrados o de simples ciudadanos.

Es de esperar que nuestra dirigencia levante esas trabas y que lo sucedido no sea un adelanto del manto de impunidad bajo el que pretenden cobijarse quienes mantienen cuentas pendientes con la Justicia.

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