El Estado, solo para los amigos
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LA NACION
Aunque resulte reiterada, no deja de escandalizar la facilidad con que se siguen dilapidando los recursos del Estado. En esta oportunidad, la empresa pública Radio y Televisión Argentina –como se sabe, solventada por los impuestos de todos los ciudadanos– acordó abonarle 40 millones de pesos de indemnización al periodista kirchnerista Roberto Caballero por no haber sido renovado su contrato en Radio Nacional, en 2016, durante el gobierno de Cambiemos.
Caballero fundamentó su demanda en que, tras haber trabajado en esa emisora entre febrero de 2011 y fines de 2015, conduciendo el programa Mañana es hoy, en abril de 2016 se dio por despedido, ya que se le dejaron de abonar las facturas que hacía llegar a la radio cuando el programa ya había dejado de salir al aire.
El fallo de primera instancia del juez laboral Gerardo Miguel Magno, que habilitó la indemnización, fue confirmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y Luis Alberto Catardo, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Si la indemnización de por sí resulta insultante para todos quienes financiamos las siempre expoliadas arcas del Estado, representa una inexplicable afrenta para los millones de personas que subsisten como pueden bajo la línea de pobreza. También significa un oprobio para los casi seis millones de jubilados que perciben el haber mínimo y para los más de 81.000 a los que el Estado les niega el pago de sentencias judiciales firmes de reajuste de haberes, esperando que desistan de sus derechos o, aún más trágico, que fallezcan.
Otra arista vergonzante del acuerdo entre las autoridades de Radio y Televisión Argentina y Caballero es que la esposa del periodista, Cynthia Ottaviano, integra el directorio de esa empresa estatal. Más allá de las argumentaciones administrativas, legales y judiciales, hay cuestiones vinculadas a la ética en el ejercicio de la función pública y a la falta de principios que urge atender y respetar.
El fallo referido a Caballero tiene un antecedente cercano: el juicio que con similares fundamentos había llevado adelante contra el Estado el también periodista Orlando Barone. En su caso, se consideró despedido como panelista del programa hiperoficialista 6,7,8, que se emitía por la TV Pública, cuando este dejó de salir al aire, en diciembre de 2015, tras la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación. La Justicia le dio la razón y ordenó indemnizarlo. Fueron otros 15 millones de pesos abonados en cuotas por todos los ciudadanos.
En aquella oportunidad, llovieron las críticas sobre quien decía defender la cosa pública, pero no dudó en accionar contra el Estado cuando se vio privado de militar políticamente haciendo un nefasto uso del periodismo. Por lo demás, Barone había sido contratado por la productora Pensado Para Televisión (PPT), del empresario también kirchnerista Cristóbal López. Queda más que demostrada la asociación de estos personeros para no asumir sus responsabilidades convirtiendo al Estado, es decir a todos nosotros, en responsables únicos y finales de sus negocios espurios.
Durante 12 años de amiguismo con el poder político de turno, personajes como los nombrados llegaron a convertir a los medios públicos en un burdo house organ gubernamental, en un instrumento de persecución ideológica, exponentes de un pensamiento único, plagado de falsedades y agraviante respecto de quienes no comulgan con sus ideas.
Queda claro el fin último de este accionar deliberado, del usufructo de lo público en exclusivo beneficio de privados. Y no solamente por el caso de las indemnizaciones, sino también por los abultados ingresos que se pautan para, llegado el caso, encarar demandas consecuentemente millonarias. Un negocio por y para los amigos como parte de un círculo debidamente pergeñado para repartirse todo, del principio al fin.
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