El escandaloso caso del juez Bento y su protección política
Es de esperar que el kirchnerismo deje de trabar pedidos de juicio político contra magistrados cuyo único compromiso con la ley es no cumplirla
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LA NACION
La decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tratamiento del dictamen con pedido de juicio político al juez federal de Mendoza Walter Bento, con procesamiento firme, acusado de haberles cobrado a contrabandistas por sus fallos y de haberse enriquecido de manera ilícita, entre otros gravísimos delitos, constituye un inadmisible diferimiento en un tema ya de por sí largamente dilatado en beneficio de un magistrado de cuya deleznable conducta la Justicia tiene suficientes pruebas.
En esta oportunidad, tal aplazamiento –si bien fue aceptado por la unanimidad de los representantes del Consejo– había sido pedido por el impresentable diputado por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, más conocido por sus vínculos con las zonas más oscuras del servicio de informaciones del Estado que por la banca que ocupa; un soldado kirchnerista para todos los trabajos sucios, una de las principales puntas de lanza contra el artero ataque a la Corte Suprema y un reconocido amenazador de periodistas que investigan la corrupción.
Tailhade justificó su pedido de dilación del trámite en el Consejo en que necesita más tiempo para imbuirse del contenido del expediente sobre Bento, juez penal y único magistrado federal con competencia electoral en Mendoza; esto significa que en los próximos meses será increíblemente el responsable de organizar y controlar los comicios nacionales en esa provincia, si es que antes no lo suspende el Consejo de la Magistratura.
Como sociedad, debemos ser muy exigentes con quienes integran los tres poderes del Estado y, muy especialmente, con los miembros de la Justicia, pues son quienes deciden sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los ciudadanos
Sin embargo, no fue la postergación el único pedido de Tailhade. Montado en otra clara estrategia dilatoria para salvar a Bento de lo que muy probablemente concluya en su destitución, el peticionante reclamó también “no dejar cabos sueltos” y sugirió, para eso, que los consejeros analizaran planteos de nulidad que acababa de presentar el acusado. La maniobra rápidamente se estrelló con la respuesta del presidente de la Comisión de Acusación, el abogado Miguel Piedecasas, quien comunicó que esas nulidades ya habían sido rechazadas ese mismo día por mayoría del Consejo. “Son absolutamente improcedentes”, dijo Piedecasas.
El dictamen contra Bento fue presentado hacia fines de 2022 por el entonces consejero de Pro Pablo Tonelli. “Se tuvo por probado que el magistrado ha incurrido en conductas enderezadas a recibir dinero u otros bienes a cambio del dictado de resoluciones judiciales favorables a quienes han realizado dichos pagos, en su rol de jefe u organizador de una asociación ilícita; ha experimentado un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado, y ha desplegado maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito; ha cometido actos de falsedad ideológica, y ha cometido actos de infracción al deber de un magistrado”, enumeró Tonelli en su escrito.
Bento evitó hasta ahora la cárcel porque tiene fueros. Su detención se ordenó hace casi dos años. En total, suman 15 los casos de cobro de coimas que se le imputan.
Es de esperar que el diputado Tailhade –persuadido ahora del necesario espíritu profesional que lleva a poder adentrarse bien en un tema antes de expedirse con los violentos espasmos con que lo hace respecto de quienes considera sus enemigos– no encuentre en la nueva reunión prevista por estas horas alguna que otra maniobra dilatoria para salvar a este obsceno magistrado largamente protegido por el kirchnerismo. Y, con ello, seguir garantizando la impunidad de los amigos del poder.
Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, el escandaloso caso del juez Bento ha cruzado todos los límites. Las actuaciones judiciales indican que se está protegiendo a un cómplice de narcotraficantes, que no dudó en encarcelar y hacer torturar, con acusaciones falsas, a personas que se negaban a pagarle sobornos, lo cual revela la vergonzosa catadura moral del magistrado y de sus protectores.
La sociedad y su dirigencia deben ser muy exigentes con quienes integran los tres poderes del Estado y, muy especialmente, con los miembros de la Justicia, pues son quienes deciden sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los ciudadanos.
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