El debate sobre la dolarización
Através de sucesivas reformas, la moneda argentina lleva perdidos 13 ceros desde la creación del peso moneda nacional. Se deben computar ya 72 años de inflación con la sola excepción del período 1992-2001, cuando rigió la convertibilidad. Si hoy regresara al país un distraído nonagenario que lo hubiera visitado en 1946 y trajera la moneda de 20 centavos que le había permitido tomar un café, alguien le podría hacer el cálculo de que hoy necesitaría 250 millones de camiones cargados con 20 toneladas cada uno con esas monedas, si se hubieran mantenido en circulación. Puestos uno detrás de otro la fila de camiones daría 25 vueltas al ecuador terrestre. Se comprende por qué el peso ha perdido uno de los atributos propios de las monedas: el de ser reserva de valor. Junto con este se ha debilitado otro atributo, que es el de servir de unidad de cuenta.
Estas circunstancias, así como el largo tiempo que le ha dado carácter de cronicidad a la inflación, han llevado a algunos respetados economistas a proponer la dolarización. Es decir, el reemplazo legal y total por dólares de todos los pesos del sistema y, a partir de allí, utilizar exclusivamente esa moneda. Especialistas como Alejandro Estrada o Roberto Cachanosky han hablado a favor de esta posibilidad. La tesis de los partidarios de este cambio es que al emplear una moneda estable, que el Gobierno no puede emitir, se terminaría la inflación y se obtendrían las ventajas que ello supone.
Existen, sin embargo, otras razones para desconfiar de este razonamiento. Si la inflación tiene su causa de fondo en el desequilibrio fiscal, cabría preguntarse por qué este desaparecería con el mero cambio de moneda. Una respuesta podría ser: porque al no poder emitir, el Gobierno equilibraría obligatoriamente su presupuesto. Pero no parece ser esta una respuesta correcta, dado que los gobiernos pueden endeudarse. Eso fue lo que ocurrió durante la convertibilidad, cuando legalmente el Banco Central solo podía emitir para adquirir dólares manteniendo así el respaldo de toda la base monetaria. Esto le permitía asegurar que quien quisiera convertir un peso por un dólar siempre lo pudiera hacer. Se logró de esa forma la estabilidad, pero al no alcanzarse el equilibrio fiscal, aumentó gradualmente la deuda pública. Subió así el riesgo país y, consiguientemente, la tasa de interés. Finalmente, se cayó en default no sin antes pasar por una corrida bancaria que debió neutralizarse con restricciones como el "corralito". De esta forma se afectó la actividad económica y la paz social. Se podrá contraargumentar que la convertibilidad fue una dolarización bien vestida y que nada de esto hubiera ocurrido de haber existido equilibrio fiscal. Sin embargo, si hubiera habido equilibrio fiscal genuino y sostenible, en algún tiempo, sin convertibilidad, se habría recuperado la confianza en el peso restituyéndole sus atributos perdidos.
No se puede desconocer el impacto político -y si se quiere emotivo que tendría una dolarización. No obstante, sin una innecesaria apelación de corte nacionalista, debe objetivamente reconocerse que el uso de otra moneda, sin que ello resulte de un proceso de integración regional, implica una pérdida de autonomía de decisión. La banca central perdería su capacidad de emitir o absorber dinero ejercitando la política monetaria. Además, dejaría su rol de prestamista de última instancia.
La dolarización requeriría que el Banco Central proceda al canje de todos los pesos del sistema, esto es, la base monetaria, por sus reservas disponibles. Actualmente, siendo estas de 13.000 millones de dólares y la base de aproximadamente 1.350.000.000.000 de pesos, el canje exigiría una previa devaluación a unos 103 pesos por dólar o la alternativa de la obtención de un préstamo no reembolsable o cesión de activos liquidables, por 10.900 millones de dólares para mantener la paridad en torno de los 57 pesos por dólar. Aunque difícil, no sería este sino los otros los argumentos los que inclinan a pensar en la inconveniencia de la dolarización total y formal.
La dolarización del país exigiría algún tipo de acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que le permitiera atenuar esas circunstancias de riesgo en momentos de crisis. Además, muchos reclamarían que el gobierno argentino negociara una participación en el señoreaje. Este es el beneficio de emitir dinero sin pagar interés a quien lo retiene. Sería ceder una ganancia, lo que es difícil de imaginar sin una contrapartida. Se requeriría un acuerdo. Como ha señalado el economista Martín Lagos, una dolarización completa solo sería confiable y exitosa si se llevara a efecto bajo el paraguas de una ley extranjera o si resultara de un tratado internacional con los Estados Unidos.
Dado que los argentinos utilizan el dólar para ahorrar, así como en transacciones inmobiliarias y otra clase de contratos, parece más indicado simplemente convalidar esta realidad permitiendo la circulación legal junto al peso, de esta moneda u otras que el público pudiera preferir. Esto requeriría la supresión del control de cambios, incluyendo retroceder en la obligación de liquidar las divisas obtenidas por las ventas al exterior, sea de mercaderías o servicios. El marco de confianza que requeriría esta alternativa monetaria, como cualquier otra, exigirá siempre una acción creíble de reducción del gasto público, la eliminación del déficit fiscal y la creación de condiciones para alentar la inversión y el empleo productivo. Nuevamente: si estas condiciones se logran, tendremos moneda. Y preferiblemente propia.
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