El colapso de la Justicia bonaerense
Resultan sumamente preocupantes la cantidad de cargos sin cubrir y el desinterés del poder político por lograr acuerdos para agilizar los nombramientos
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LA NACION
Lamentablemente, el funcionamiento de la Justicia es otro de los habituales motivos de crítica ciudadana cuando de analizar los servicios esenciales del Estado se trata. La Justicia bonaerense no es la excepción. Falta de transparencia, tardanzas, complejidad de los procedimientos, cuestionamientos a la formación de los magistrados y hasta corrupción y “acomodos” frente a deberes incumplidos por el Poder Judicial como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho quedan bajo la lupa.
Más allá de admitir la responsabilidad que pueda atribuirse a la Justicia, pocas veces el análisis considera el rol que les cabe a los otros poderes del Estado. Por caso, las normas que rigen los procedimientos, las regulaciones que determinan las leyes sobre las que se juzga, las sanciones establecidas por diferentes conductas, los límites sobre los cuales pueden aplicar los jueces la equidad –entendida como la aplicación de justicia en un caso particular–, la entidad de las penas, las responsabilidades de los diferentes fueros, entre otras, son determinaciones que dependen también del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, órganos del Estado que señalan caminos y políticas y regulan a través de las leyes.
Con demasiada frecuencia, el poder político promueve irresponsablemente campañas de desprestigio del Poder Judicial para justificar sus propias incompetencias y corrupción
Con demasiada frecuencia el poder político promueve campañas de desprestigio del Poder Judicial o acude infundadamente a la doctrina del lawfare para justificar sus propias incompetencias, irregularidades o corrupción. Los nefastos efectos de esta vinculación impactan sobre los ciudadanos y sus conductas y adquieren una particular gravitación cuando se trata de la facultad de designar a los magistrados y de cubrir con celeridad las vacantes que se van produciendo.
Como reiteradamente hemos destacado desde este espacio, resulta verdaderamente preocupante la situación de la cantidad de vacantes sin cubrir en la provincia de Buenos Aires, un récord nefasto y sin precedentes.
Ante subrogancias que no dan abasto, demoras inéditas en los procesos causados por las ausencias de titulares, sobrecarga de trabajo en magistrados que tienen que trasladarse kilómetros para cubrir juzgados y fiscalías y licencias otorgadas que suponen también vacancias por cubrir, la gravedad de la situación debería obligar a las autoridades de la provincia a tomar urgentes determinaciones para resolver el problema.
Resulta tan lamentable como sospechoso que oficialismo y oposición logren acuerdos legislativos para endeudamiento, pero no para cubrir vacantes judiciales
Con tres vacantes de siete cargos en la Suprema Corte desde hace varios años; otras tantas en el Tribunal de Casación Penal, en las Cámaras y en las primeras instancias de los diferentes fueros, sin excepción, además de lo que sucede en igual sentido en el Ministerio Público con cargos de fiscales, defensores oficiales y asesores tutelares, que completan un número estimado superior a los 600, y con el resultado similar que producen las licencias en trámite, estamos hablando de un escandaloso 40% de cargos sin cubrir.
Ante esta alarmante situación, le cabe al Poder Judicial un rol supletorio o de “emparche” temporario para sortear la dificultad. Pero, sin dudas, corresponde a los otros dos poderes –en íntima conexión con el Consejo de la Magistratura– la principal y central responsabilidad de dar una solución definitiva a esta gravísima cuestión.
No queda ya ninguna duda respecto de que la decisión política ha resultado determinante para haber llegado a esta situación, ya que mientras en el gobierno de María Eugenia Vidal se designaron 507 magistrados, durante los cuatro años de mandato de Axel Kicillof apenas se designaron unos 60. Aun así, los bonaerenses premiaron al gobernador con su reelección; otra muestra de la falta de conciencia ciudadana respecto de las obligaciones de los gobernantes.
Más allá del valioso esfuerzo y compromiso de muchos jueces y fiscales, tamaña desidia expone a los bonaerenses a tardanzas que devienen en inequidades o directamente en privación de justicia
Sin vocación para encarar y resolver el problema, todo son trabas. A merced de evaluaciones políticas, considerar más las filiaciones y alineamientos que las capacidades y tomar equivocadamente los períodos gubernamentales como límites, omitiendo que la designación de jueces, fiscales y auxiliares debería ser transversal a los cambios de gestión y trascender a los diferentes signos como una política de Estado, atentan, entre otras razones, contra una eficiente prestación del servicio de justicia.
Ante una nueva oportunidad como la que resulta del mandato renovado para el gobernador, sería fundamental que sin más demoras impulsara la designación de todos los cargos pendientes, dado que muchos elevados por el Consejo de la Magistratura aguardan aún su envío al Senado. Debería asimismo manifestar una vocación de diálogo para alcanzar los consensos que generen mayorías legislativas para los acuerdos y nombramientos.
También corresponderá a la oposición exigir que se trabaje en el tema dándole la preeminencia y la urgencia que la demorada cuestión exige y transformándola en un objetivo prioritario de su agenda legislativa.
En este aspecto, resulta tan sorprendente como sospechoso que días atrás, en una importante sesión de la Legislatura bonaerense en la que el oficialismo necesitaba el apoyo de la oposición para lograr la mayoría especial para el endeudamiento procurado por el gobernador, no se haya expresado públicamente la condición –algo propio de la negociación política– de exigir el compromiso institucional de trabajar en pos de cubrir las vacantes. Por el contrario, y tal como se ha criticado en varios ámbitos, entre ausentes y votos positivos, se aprobó la propuesta, con apoyo opositor y sin condiciones conocidas por la ciudadanía, perdiéndose una oportunidad única de lograr acuerdos imprescindibles en tan urgente materia.
En una provincia de extensa geografía, particular demografía y múltiples condiciones, con infinidad de problemáticas que los ciudadanos necesariamente tienen que dirimir en los estrados judiciales, las autoridades deberían enfrentar el problema sin más dilaciones. Baste solo pensar en distintas cuestiones de violencia en las que únicamente la Justicia puede restablecer la equidad.
No se trata solamente del cumplimiento de un deber correspondiente a un cargo. Más allá del denodado esfuerzo y valioso compromiso de muchos jueces y fiscales que atienden las causas que naturalmente les tocan, además de aquellos que deben cubrir vacantes, tamaña desidia expone a los millones de ciudadanos bonaerenses a tardanzas que devienen en inequidades o directamente en privaciones de justicia. Una circunstancia que se agrava sensiblemente por el déficit remuneratorio y las carencias presupuestarias y de infraestructura. En este contexto, la actitud del poder político resulta otra manifiesta irresponsabilidad.
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