El caso del juez Bento: un escándalo que llegaría a su fin
En pocos días más, debería ser destituido de su cargo este nefasto personaje largamente protegido por parte del poder político y judicial
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LA NACION
El 8 del mes próximo se conocería la decisión del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura sobre el escandaloso juez federal de Mendoza Walter Bento. Acusado de mal desempeño, los aplazamientos e inadmisibles diferimientos llegarían supuestamente a su fin con la destitución.
Designado en 2005, contó con el respaldo de figuras controvertidas como el empresario y exministro del Interior José Luis Manzano y la jueza federal María Servini de Cubría. Es evidente que este juez federal, a cargo también del juzgado electoral de Mendoza, tiene demasiados “padrinos” entre los empresarios prebendarios y los políticos que responden a deleznables intereses. Durante años, en los pasillos de los tribunales de esa provincia se hablaba no solo del ostentoso nivel de vida de este juez, sino también de la irregularidad de numerosas actuaciones.
Con la esperada decisión culminaría un largo proceso, pues durante mucho tiempo no se pudo promover su acusación en el Consejo de la Magistratura ante la defensa cerrada que hacían los consejeros que responden al oficialismo, a pesar de las múltiples denuncias y pruebas en su contra en Mendoza, con una foja plagada de imputaciones por graves delitos, claramente evidenciado también en el enriquecimiento ilícito del magistrado, quien, entre otras cuestiones, no ha podido explicar el origen de los fondos para adquirir numerosas propiedades y automotores. Igual de llamativa resulta la cantidad de viajes al exterior con su familia, mayormente a lugares de juego como Las Vegas y el Hotel Conrad de Punta del Este.
Si bien las causas penales le valieron el dictado de la prisión preventiva hace ya dos años, confirmada por la Cámara, el inefable magistrado Bento cuenta todavía con fueros por lo que evita aún la cárcel. En otro obsceno proceder, ha llegado también en este tiempo a postularse a concurso para cubrir una vacante en la Cámara Federal de Casación Penal.
Bento está acusado de dirigir una asociación ilícita que cobraba sobornos para resolver causas penales ligadas al contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. En esta causa están presos exfuncionarios policiales y abogados del foro de la provincia cuyana. Las acusaciones se extienden a la esposa e hijos, todos con cargos judiciales. Incluso se acusa al juez de apremios ilegales a detenidos que se negaban a pagar sobornos, otro ejemplo de su catadura moral.
Bento tramitó causas en las que debía haberse excusado; vendió un departamento antes de que se embargaran sus bienes, también vació una caja de seguridad horas antes de ser allanada. Se negó a entregar su celular y buscó manipular la tarjeta SIM del aparato. Además, falseó declaraciones juradas patrimoniales, ocultó cuentas y viajes al exterior.
Según el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas, “las inconductas son tan graves, tan importantes, que han conmocionado al Consejo de la Magistratura de la Nación y ha logrado convencer de que debe ser removido”.
Con esta decisión, el Consejo de la Magistratura podría comenzar a revertir un ciclo de tolerancia hacia muchos magistrados cuestionados por sus inconductas y malos desempeños. Los niveles de complicidad y protección asegurados a lo largo de tanto tiempo, no solo por los consejeros mayormente provenientes de la política, ha sido una lastimosa constante. Es de esperar que se inicie una etapa de mayor celo en la selección de los candidatos a ocupar las vacantes judiciales y que los resultados de los concursos sean los que definan quiénes ocuparán los cargos, dejando atrás las componendas corporativas y políticas.
Está largamente demostrado que los países con mayores índices de desarrollo son los que tienen mejor calidad institucional. La Justicia es vital a ese fin, pues de ella depende el límite a los abusos de los gobernantes y el respeto y salvaguarda de las libertades y derechos de los ciudadanos.
El mérito, la formación, la independencia y la ejemplaridad de las conductas deben ser atributos irrenunciables que honren al Poder Judicial en la persona de sus magistrados.
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