El caso del Correo Argentino
El Estado se queda sin cobrar su crédito, con juicios billonarios en su contra, mientras se embiste contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho
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LA NACION
El Estado de Derecho no puede ser una entelequia, ni la seguridad jurídica un arcano. Nos referimos a conceptos tan elementales como necesarios para el desarrollo de un país. Se trata, ni más ni menos, de las bases que anudan lo político, lo jurídico y lo económico; son una condición de posibilidad que no se impone solo desde la actividad legislativa, sino que requiere de una construcción mucho más densa y activa: desde la cotidianeidad a la costumbre y, recién desde ese lugar, adquiere rango institucional.
Hay casos que evidencian la fragilidad institucional argentina, que sacan a la luz todas las debilidades y miserias, pero sobre todo los peligros de un declive sostenido en ese ámbito. El caso emblemático más reciente, aunque de historia más larga, es el del Correo Argentino. No es el único. Se suma a una larga lista de análogos: Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF y la nómina sigue; todos por la misma época, con las repetidas características salientes, idénticas promesas y, lo más grave, exactos resultados.
Somos los ciudadanos en su conjunto los que terminamos pagando de nuestro bolsillo los efectos de las revanchas políticas y las improvisaciones
El esquema ha sido tan burdo como costoso su final. Por los motivos que fuere, y que siempre son difíciles de desentrañar, se tomaba la decisión de rescindir contratos de servicios públicos. A veces se intentó darle forma previa a la ruptura, aunque la mayoría fue una construcción jurídica improvisada, buscando fundamentos después de actuar. A la rescisión seguía una expropiación sin indemnización, con argumentos en deudas o incumplimientos; cuando no era posible, una confiscación de activos lisa y llana. Todo con la promesa de que no se oblaría un centavo, lo que, lamentablemente, terminó casi siempre en cifras millonarias pagadas por o como causa de juicios en el exterior. La razón era tan simple como contundente: antes de actuar, el Gobierno no tomaba en cuenta ni sus incumplimientos contractuales ni la obligación constitucional de indemnizar. Con nuestro dinero bastaba.
El caso del Correo cumplió al dedillo el esquema. Pero tiene al menos tres diferencias que lo hacen único.
La primera tiene que ver con el proceso falencial. Luego de la rescisión contractual y el ataque a sus activos, la empresa se presentó en concurso preventivo. Duró 20 años lo que por ley debía resolverse en meses. Y –lo que es más desconcertante– la declaración de quiebra sobrevino luego de que la empresa ofreciera pagar al Estado nacional la totalidad de lo adeudado.
El Estado festejó y no aceptó la oferta con el sugestivo justificativo de una posterior extensión de quiebra a los accionistas, instituto de procedencia por ley excepcional. Reminiscencias del Congreso Nacional en aquel default de fines de 2001: los fracasos no se celebran.
La segunda es una paradoja: la quiebra de la empresa no detiene el avance de los litigios iniciados por el Correo contra el Estado argentino por la ruptura del contrato de concesión de los servicios postales, único activo relevante de la empresa desahuciada. Esa contingencia sigue pesando sobre el conjunto de los argentinos. Menos razón aún para festejar.
La tercera es de índole política. Los accionistas del Correo son ni más ni menos que los hijos del expresidente Mauricio Macri, quien ha argumentado en repetidas ocasiones que este caso es una plataforma de persecución contra él y su familia.
Hay conclusiones claras. El Estado se queda sin cobrar su crédito y con juicios billonarios en su contra. Hay tres afectados en todo este enredo: el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el bolsillo de los argentinos, que terminaremos pagando las consecuencias de las revanchas políticas y las improvisaciones como meros convidados de piedra.
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