El caso del Cemic y la crisis de la medicina privada
La ausencia de un plan nacional de salud está llevando a desequilibrios en el sistema que no pueden ser solucionados a través de parches
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La Argentina gasta más del 9% del PBI en salud. Quienes más contribuyen al financiamiento del sistema son las obras sociales –que reciben los aportes de trabajadores y empleadores– y las entidades de medicina prepaga, mientras que quien menos aporta es el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal. Aun así, las críticas de la población crecen en todos los órdenes, sobre todo después de los más de dos años críticos que padeció el sistema como consecuencia de la pandemia, con restricciones al desenvolvimiento general que excedieron todo lo conocido.
No es de extrañar. Al carecer el país de un plan nacional de salud, no hay pautas sistematizadas sobre qué cabe exigir del Estado y hasta dónde corresponde que las prestaciones de las organizaciones privadas se brinden sin quebrantar la sustentabilidad de las bases sobre las que operan.
Desde hace más de veinte años, el Estado nacional se halla en emergencia económica. Seguramente es una marca mundial, pero en la agenda política nadie expone esto como un indicador de la incapacidad gubernamental para dejar definitivamente atrás uno de los momentos más dramáticos del historial nacional. Menos aún se habla del estado de emergencia sanitaria, que es también anterior a la crisis epidemiológica desencadenada en 2020, causa asimismo de la acentuación de problemas que venían de arrastre.
¿Se explica que en instituciones prestadoras de primerísimo nivel haya tantos profesionales, sobre todo en el rubro quirúrgico, que pacten con los pacientes honorarios por fuera del sistema institucional y, a veces, también por fuera de la ley?
Si el estado de excepción sanitaria impuesto por la pandemia cayera de un día para otro por razón de una norma legal, el sistema de medicina privada se derrumbaría con igual velocidad. Solo la postergación sine die de cuestiones de vieja data explica una situación de tan calamitosa potencialidad.
Hay muchas cámaras empresarias que cubren el complejo y decisivo mundo de la medicina privada que asiste a millones de argentinos. Tomemos, para la simplificación del problema, a solo tres, las de mayor peso relativo en esa órbita empresarial: la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), que actúan de ordinario de manera conjunta, y la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que abarca instituciones sin fines de lucro como el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), las que se aplican a la docencia, investigación e, incluso, a la atención de personas carenciadas. Entre el 70 y el 80 por ciento de los miembros que integran en total las más de 400 empresas asociadas a todas esas categorías, las deudas con el Estado derivadas de obligaciones fiscales cuyo cumplimiento se encuentra suspendido por la referida emergencia sanitaria son de tal magnitud que para una gran mayoría resultan impagables.
¿Es consciente la dirigencia política de lo que esto significa? ¿Se explica, ahora, que el pago por honorarios a los profesionales adscriptos a esos servicios sean por montos misérrimos, de una penuria duplicada por la dilación –el típico efecto “bicicleta”, popularizado en las redes financieras– en la efectividad de los cobros? ¿Se explica, ahora, que en instituciones prestadoras de primerísimo nivel haya tantos profesionales, sobre todo en el rubro quirúrgico, que pacten con los pacientes honorarios por fuera del sistema institucional, y a veces, también por fuera de la ley?
Los vacíos legales terminan siendo llenados por los jueces a espaldas de un contexto general vulnerable
La irresponsabilidad política agudiza la gravedad de estos problemas. A partir de mediados de 2020, cuando se declaró oficialmente la epidemia del Covid, el Gobierno comenzó a acaparar insumos para hacer frente a la crisis desatada. La intendencia kirchnerista de Pilar, a cargo de Federico de Achával (h), convino con el Cemic que se hiciera cargo de la realización de los PCR para la identificación del virus en las personas que pudieran haber sido afectadas en ese ámbito municipal. Con el correr de las semanas y de meses pidió al Cemic otras contribuciones, como el aporte de los denominados “hisopadores”, o sea, de personal experimentado en la realización del primer paso en aquella tarea.
Si bien Pilar pagó con normalidad las primeras facturas, las siguientes comenzaron a abonarse con demoras, cruces de reclamos, y en medio de las oscuras y tortuosas negociaciones propias de los procesos burocráticos afamados en la narrativa de Kafka. Hoy, Pilar adeuda al Cemic 31,5 millones de pesos, acumulados durante 2020 y 2021, que con los intereses devengados superan los 60 millones de pesos en la actualidad. Los códigos de la política del conurbano no han perdonado, con la opacidad de su lógica, ni a una institución de calidad reconocida internacionalmente.
¿Qué hacer ante situaciones desaforadas como esa? ¿Rendirse por impotencia? Esperemos que no. Cabe aguardar que el Cemic apele a la Justicia en defensa de sus derechos y del respeto debido a su cartera de miles de asociados. ¿O cabe hacer algo distinto con las deudas pendientes con esa entidad por parte del PAMI, que vencidas a 2021 suman a la fecha unos 39,5 millones de pesos, a menos que se coaccione con la amenaza de represalias por parte del Estado nacional?
Es urgente que la salud tenga un capítulo preferencial en la agenda política. Más aún cuando se avecinan elecciones
Y estos no son más que un par de ejemplos, tomados al azar, de las vicisitudes de toda índole que sufren los prestadores de medicina privada en la Argentina. La ausencia de un plan nacional de salud, que cubra todos los aspectos de la atención sanitaria del país, está lejos de haber sido enmendada por algunos parches, como la resolución de 2002 que creó el Plan Médico Obligatorio, y por algunas leyes que atienden los temas concernientes a la medicina de forma parcial.
Esa paupérrima legislación establece una canasta de prestaciones obligatorias, pero con el carácter de un piso. El techo se ha ido subiendo, de manera paulatina, a raíz de decisiones judiciales a menudo dictadas bajo la presión social ante tal o cual caso particular, y sobre la base de normas que agregan prestaciones de tratamientos y medicamentos de altísimo costo, con olvido de previsiones responsables sobre la contrapartida en recursos que deberían estipularse para hacer frente a ellas. Por esa vía los vacíos legales terminan siendo llenados por los jueces a espaldas de un contexto general vulnerable.
Con toda la importancia que ese último tema sugiere, es uno más, entre tantos otros como algunos de los señalados precedentemente, que urgen a que la salud tenga un capítulo preferencial en la agenda de la política. Más cuando se avecinan las elecciones generales para el nuevo período de gobierno que se abrirá a fines de 2023.
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