El camino es el diálogo, no la beligerancia
La salida a los graves problemas que atraviesa la Argentina pasará por la construcción de consensos y no por discursos incendiarios contra la oposición
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LA NACION
Siempre hemos sostenido desde esta columna editorial que la salida a los graves problemas del país solo podrá provenir de un diálogo genuino y constructivo entre las autoridades y las distintas fuerzas políticas, sin mala fe ni dobles intenciones. La preservación de la institucionalidad, tan amenazada en los últimos tiempos por los embates del Gobierno contra el Poder Judicial, y la necesidad de enfrentar la complicada situación socioeconómica y de salud exigen un sincero tránsito por la senda de los acuerdos.
Unas dos semanas atrás, muchos pudieron haberse ilusionado con las palabras pronunciadas por Alberto Fernández durante la inauguración del Consejo Económico y Social. En esa oportunidad, el primer mandatario instó a que “de una vez apostemos al diálogo y a construir el futuro entre todos, una vez que dejemos de pelear por la miseria de defender nuestros intereses”.
Lamentablemente, las contradicciones en el discurso presidencial siguen estando a la orden del día, como se vio el lunes pasado, con ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso por el presidente de la Nación. El mensaje del jefe del Estado ante la Asamblea Legislativa será recordado no precisamente por las propuestas para superar los problemas del país, sino por su tono confrontativo y por sus duros ataques a jueces, dirigentes opositores, periodistas y empresarios, a los que identificó, empleando el tradicional libreto de Cristina Kirchner, como “poderes económicos concentrados”.
En general, iniciativas como la creación del Consejo Económico y Social surgen en momentos de crisis en los cuales los gobiernos intentan tomar oxígeno político frente a demandas sectoriales múltiples e imposibles de satisfacer simultáneamente
En ese contexto, pocas esperanzas puede despertar la creación del Consejo Económico y Social, independientemente de la buena voluntad del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación, Gustavo Beliz, dentro de cuya órbita está el flamante ente.
Sus funciones consisten en la elaboración de un conjunto de programas y políticas que deberán ser consideradas por el Presidente, aunque no serán vinculantes. El decreto que creó al Consejo define varios campos de estudio o “misiones” sin que sean excluyentes. Por lo tanto, el nuevo organismo parecería tener libertad para orientar sus temáticas. Fueron designados sus 25 integrantes, de los cuales 19 representan entidades gremiales o empresarias, y 6 son académicos o personas independientes. Algunas de estas últimas cuentan con prestigio y méritos bien ganados, como la rectora de la Universidad Nacional del Noreste, Delfina Veiravé, y la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo.
No es la primera vez que se materializa un proyecto de este tipo en la Argentina. En general, estas iniciativas surgen en momentos de crisis en los que los gobiernos intentan tomar oxígeno político frente a demandas sectoriales múltiples e imposibles de satisfacer simultáneamente. En esos momentos se trata de elaborar un programa consensuado de políticas a través de un diálogo que permita poner en evidencia las limitaciones para lograr satisfacer a todos. Para cumplir ese propósito la participación corporativa resulta esencial. Logrado este propósito, no se podrá esperar mucho más que actas que dejen constancia de lo dialogado y, eventualmente, algún acuerdo sobre objetivos muy generales y no discutibles.
Debe recordarse positivamente la Mesa del Diálogo, que a comienzos de 2002 facilitó la salida de la profunda crisis socioeconómica
No obstante lo dicho, debemos recordar positivamente la Mesa del Diálogo Argentino, en la que representantes de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a comienzos de 2002, recogieron las opiniones de los distintos sectores de la sociedad y elaboraron los lineamientos básicos de acuerdos para facilitar la salida de la profunda crisis económica y social. No surgió de una iniciativa gubernamental, sino privada. En la gravedad y angustia de ese momento había una auténtica ansiedad de pacificación que el diálogo contribuyó a aliviar.
No menos importantes han sido los aportes concretos del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI) en la búsqueda de la paz y la justicia, a partir de una ejemplar tarea sustentada en la convicción de que el diálogo permite lograr consensos para el bien común.
Ese modelo de convivencia y respeto dentro de la diversidad debería ser especialmente valorado por nuestra dirigencia política y sectorial, para que se potencie la posibilidad de construir políticas de Estado por encima de los intereses individuales o de un grupo.
El actual Consejo Económico y Social deberá demostrar que ha sido creado con la misma vocación de pacificación que dio origen al IDI y a aquella Mesa de Diálogo, por cuanto la crisis presente tiene cada vez más puntos en común con la que vivimos veinte años atrás.
Este nuevo Consejo no se parece a organismos de planificación, como lo fueron el Consejo Nacional de Desarrollo (Conade), de 1962, o el Instituto Nacional de Planificación Económica (INPE), de 1973, integrados exclusivamente por profesionales y técnicos. Quienes tratan de relacionar esta experiencia con el Pacto de la Moncloa no consideran ni el contexto ni los objetivos. Si bien ese pacto incluyó representantes del trabajo, tuvo un claro y amplio predominio de asesores de los partidos políticos.
Al nuevo Consejo se le han fijado objetivos propios de un ente de planificación, pero se le ha dado el carácter de un órgano de representaciones corporativas. El objetivo de consensuar recomendaciones sobre políticas públicas se enfrentará seguramente a la oposición de intereses y a una enorme dificultad para acordar propuestas concretas. Esperemos que no termine diluyéndose en documentos de escasa utilidad.
No está previsto en nuestra Constitución nacional ni en la tradición institucional un ente especialmente creado para elaborar políticas o medidas de gobierno, con predominio de representantes corporativos. La reforma constitucional de 1994 estableció taxativamente el sistema de partidos como mecanismo para elegir representantes en el Poder Legislativo, que es donde se delibera.
Una condición para que esta nueva iniciativa sea provechosa es que todos los convocados a integrar el Consejo Económico Social sean personas versadas en sus materias y que no representen a un sector específico. Esto no debiera impedir filiaciones partidarias ni tampoco orientaciones ideológicas que, excluyendo extremos, debieran ser diversas. En ese caso las propuestas que se elaboren, aunque sin carácter vinculante, contarían con peso para ser convalidadas en la tarea legislativa y ejecutiva.
En su discurso del 1º de marzo ante los legisladores, Alberto Fernández pronunció un discurso beligerante, a tono con el estilo de Cristina Kirchner, en quien parece radicar el poder real. Sus palabras lo mostraron decidido a ampliar la brecha y muy distante del propósito de unión nacional con que se presentó la creación del Consejo Económico y Social.
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