El abandono de la soberanía
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LA NACION
La situación de violencia, agresiones y daños a la propiedad en la zona de Villa Mascardi continúa. Los vecinos no han recibido respuestas de las autoridades ni protección frente al grupo violento autodenominado Comunidad Lafken Winkul Mapu, que ha tomado tierras con el pretexto de que se trata de una reivindicación ancestral.
Han pasado ya varios años y es evidente que no se trata de sordera de los funcionarios, sino de complicidad. Se ha reclamado a las autoridades nacionales y al Juzgado Federal competente que intervengan ante los delitos de orden público cometidos en la zona de Villa Mascardi. Pero nada ha ocurrido. Se ha comunicado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INI) la necesidad de llevar adelante una intervención urgente y activa en el conflicto y que explique la razón por la cual personal jerárquico de esa dependencia, en violación del aislamiento social preventivo obligatorio, efectuó el traslado de personas involucradas en el conflicto de tierras en inmediaciones de Villa Mascardi hacia ese lugar, utilizando para ello un vehículo oficial, circunstancia que no contribuye a la tarea de mediación pacificadora.
Todo demuestra que estamos ante una decisión deliberada de hacer abandono de la soberanía sobre la zona. Es por eso que varios legisladores rionegrinos acusaron al Estado por su inacción ante actos de violencia por parte de algunas comunidades mapuches y presentaron un proyecto de ley en el que se le “exige” al Poder Ejecutivo Nacional “el inmediato cese de su actitud de renuncia a la soberanía del Estado sobre el territorio de Villa Mascardi”. El proyecto tiene origen en un comunicado que días atrás emitió la Junta Vecinal de Villa Mascardi donde se aclara que las instituciones del Estado han concluido hace varios años los estudios en el lugar correspondientes a las comunidades originarias, y que la agrupación Lafken Winkul Mapu no realiza ningún reclamo como comunidad originaria del sitio. Nada de eso: se trata de un grupo violento de apenas una veintena de individuos que están usurpando tanto la propiedad pública y privada de la Administración de Parques Nacionales como de particulares e instituciones, además de controlar la ruta 40 desde hace más de 1200 días. Este grupo niega que la Patagonia sea territorio de la República Argentina y solo se sujeta a las propias reglas, una posición insostenible para cualquier ciudadano argentino y mucho menos aún para sus servidores públicos. La agrupación vecinal destaca que algunos funcionarios enmascaran este hecho delictivo como reclamo de una comunidad originaria de Villa Mascardi; mencionan a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; a su secretario, Gabriel Fucks; al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; a su director, Mariano Przybylski; a la titular del INAI, Magdalena Odarda, y a su vicepresidente, Luis Pilquiman; al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y al presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Daniel Somma. La complicidad de estos funcionarios que prestan apoyo a quienes delinquen para someter a la Nación al dominio de un minúsculo grupo de usurpadores no hace más que generar una inusitada tensión en el área con imprevisibles consecuencias. Es por eso que el proyecto citado señala que el problema es de soberanía, al tiempo que se ha presentado una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la decisión de abandonar a Villa Mascardi como si no fuera territorio nacional.
Varios vecinos continúan denunciando actos de violencia por parte de encapuchados y cortes de leña en el Parque Nacional Nahuel Huapi, un área protegida y un bien indiviso para actividades de esparcimiento, deportivas, culturales, sociales, ecológicas y de investigación científica. El ministro Cabandié y el titular de la APN deberían proteger ese capital natural de la Argentina y no mantener el silencio cómplice o promover falsas mesas de diálogo con los delincuentes.
El proyecto “exige” al Poder Ejecutivo Nacional que dé por terminada “la actitud de renuncia a la soberanía del Estado sobre el territorio de Villa Mascardi”, ya que “pese a la reiteración de las acciones delictivas, es notoria la inacción del Estado Nacional”.
Esta situación de violencia prolongada, que ha costado incluso vidas humanas, es tan inadmisible como anacrónica, fiel reflejo de un país que no sabe vivir bajo el amparo de su propia ley y cuyos gobernantes han olvidado la función esencial de promover el progreso y la paz social.
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