Dos ejemplos de descomposición institucional bonaerense
La actuación de los camaristas Villordo y Benavides en el caso “Chocolate” Rigau constituye una clara muestra de desmanejo para ocultar la verdad de los hechos
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Los legisladores Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo por la escandalosa anulación del proceso contra Julio “Chocolate” Rigau, decisión que posteriormente revirtió de forma correcta el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Villordo y Benavides, en trámite exprés, tiraron por la borda una investigación que, por las implicancias que tendría sobre sus opacos sistemas de financiamiento, intentaron frenar amplios sectores de la política provincial argumentando de manera simplificada que todo lo hecho había sido un mero caso de abuso de actuación policial. Sostuvieron que la policía había actuado por puro prejuicio, ignorando groseramente las constancias que tenían ante sus ojos en la causa y que demostraban que la intervención policial no había sido espontánea, sino consecuencia de varias denuncias de testigos realizadas en un breve lapso, y que el tiempo utilizado para las extracciones de dinero con tarjetas de seudo empleados de la Legislatura no había sido de menos de 20 minutos (como falazmente consignaron los jueces) sino de 45 (como surge de los tickets de cajero agregados a la causa). Es sabido que consignar hechos falsos para fundar una sentencia constituye el delito de prevaricato, cuya pena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer la judicatura.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos
Aun contando con profusa prueba documental y testimonial el fiscal Juan Ignacio Menucci desestimó la denuncia penal contra los camaristas, entendiendo que lo que se atacaba era el contenido de una sentencia, sin reconocer en ella la consumación del prevaricato, argumentando que el error judicial había tenido un remedio jurisdiccional, pues había sido reparado por el Tribunal de Casación Penal .
Alarma que el fiscal Menucci recurriera también a un dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados que sugería a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento que no admitiera una denuncia en la que se pedía la destitución de los mismos camaristas. Lo curioso es que no consta la forma en la que el fiscal tomó conocimiento de dicho dictamen de la Bicameral ni en la causa penal que terminó con su resolución de desestimación ni en el expediente de juicio político en el que se dio dicho dictamen. Menucci no pidió información al jurado ni aclaró cómo accedió al dictamen, ciertamente por canales informales absolutamente impropios. Su conducta se acerca peligrosamente a la de los camaristas Villordo y Benavides: él también resuelve sin sentirse comprometido por las constancias de la causa.
No sorprende encontrar entre los firmantes del dictamen de la Comisión Bicameral a varios interesados directos en frenar la investigación contra “Chocolate” Rigau por estar implicados en la misma trama de desvío de fondos públicos. Los diputados provinciales Juan Ariel Archanco, Emiliano Balbín, Juan Pablo de Jesús, Juan Martín Malpeli, Carlos Julio Moreno, Carlos Javier Puglelli y María Florencia Retamoso y los senadores Agustín Maspoli, Adrián Carlos Santarelli, Jorge Schiavone, Sofía Vannelli y Luis Vivona son los firmantes. El dictamen devuelve a los camaristas el favor que, gracias al Tribunal de Casación Penal, quedó en grado de tentativa.
Pero la Bicameral fue más lejos: no solo dictaminó propiciando la desestimación de la denuncia de los diputados contra los camaristas, sino que pretendió dictaminar en sentido similar –dentro del mismo escrito– contra una denuncia por el mismo tema que había presentado la Procuración bonaerense. La ley provincial 13.661 prevé que cuando cualquiera del pueblo denuncia a un magistrado ante el Jurado, tanto la Procuración General como la Comisión Bicameral –que son partes acusadoras en este tipo de procesos– deben emitir un dictamen propiciando la apertura o desestimación de la denuncia según si los hechos integran o no la competencia del Jurado. Cuando uno de los acusadores legales presenta denuncia, no se le corre al otro traslado para dictaminar, de modo que la Comisión Bicameral no solo actuó movida por intereses espurios sino que presentó un desatino jurídico.
También es lamentable que el Fiscal General de La Plata, Héctor Vogliolo, haya decidido hacer oídos sordos al pedido de revisión interpuesto por los denunciantes contra la desestimación de Menucci, pues, aunque criticó su resolución con dureza para salvar las formas, blindó a los camaristas Villordo y Benavides.
Lamentablemente, cuando los episodios y las contradicciones se repiten, se confirma que estamos ante un sistema en evidente descomposición.
El 25 del mes último, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense cerró el trámite de la denuncia que pesaba contra el fiscal platense Álvaro Garganta, denunciado en agosto de 2018 por la madre de un hombre erróneamente acusado de un cuádruple asesinato, quien estuvo en prisión preventiva hasta que, en el juicio oral, lo terminaron absolviendo y condenando al culpable del crimen.
De acuerdo a la denuncia, aparentemente para cerrar el caso y anotarse un éxito en las estadísticas, como si un caso incidiera en los datos generales, Garganta habría actuado sin objetividad en busca de incriminar a este chivo expiatorio, llegando al punto de ocultar pruebas y falsear declaraciones testimoniales.
En su momento, tanto la Procuración bonaerense como la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados dictaminaron promoviendo la apertura del proceso. Estos dictámenes no implican adelantar una posición sobre la culpabilidad, sino que los hechos –si resultan ciertos– integran la competencia del Jurado, es decir, encuadran en las causales de destitución. En definitiva, se debe investigar.
Sin embargo, el expediente estuvo sin movimiento por largos años en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, el órgano dependiente del Senado bonaerense encargado del trámite administrativo de las actuaciones. Ocho años después, y con final predecible, recién en septiembre pasado se convocó al Jurado para decidir si abría el caso o lo rechazaba. Solo votaron por la apertura el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, y la conjuez María Lorena Mandagarán, por lo que se decidió desestimar la denuncia. Votaron por el cierre sin investigar las irregularidades el legislador Walter Torchio (bloque Unión por la Patria) y los conjueces abogados Aldo Fabián D’Annunzio (Junín) y Santiago Silva Trezza y María Fernanda Vázquez (Lomas de Zamora).
No estuvo presente en la audiencia el resto de los miembros del Jurado: los legisladores Fernando Compagnoni (bloque Pro), Sergio Berni (Unión por la Patria) y Florencia Arietto (Libertad Avanza) y los abogados conjueces Enrique Jaime Perriaux (San Isidro) y Ricardo Martín Magnano (San Martín).
Estos y otros comportamientos reflejan la baja calidad institucional que afecta a la provincia más populosa y con mayor producto bruto interno del país desde hace ya demasiados años.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos. Y así terminamos con mafias, mercados ilegales y hasta un jefe de Gabinete que gozó de los beneficios de un escort a bordo de un yate cuyo nombre lo dice todo: “Bandido”.
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