Dispendiosa discriminación política
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LA NACION
Es conocido el dicho de que alguien deberá pagar los platos rotos. También el que dice que siempre terminan pagando justos por pecadores. Nada más acertado que el refranero popular para caracterizar la explosiva situación que está generando el Gobierno con su festival de bonos, subsidios, Aportes del Tesoro Nacional (ATN), incremento de partidas y sobreejecución de las existentes, ayudas discrecionales y todo tipo de políticas prebendarias para, con dinero o con especies, intentar revertir el desfavorable desempeño electoral del oficialismo en las PASO.
Basado en la tan falsa como nefasta premisa de que la plata de las arcas del Estado es propiedad de la administración de turno y no de los ciudadanos-contribuyentes, el gobierno nacional ya ni siquiera disimula su desesperación electoral. Contrariamente a la sana concepción republicana y al respeto por el federalismo, los recursos públicos se están repartiendo mayoritariamente en distritos donde el oficialismo estuvo flojo de votos en las PASO. Es así como se crean brutales inequidades. Por ejemplo, por medio de una reciente decisión administrativa se amplió la asignación de ATN en casi 15.000 millones de pesos (ya suman 40.000 millones), de los cuales la mayor proporción la recibió la provincia de Buenos Aires, donde en los comicios del 14 de este mes se juega buena parte del capital electoral y simbólico del kirchnerismo.
A esa remesa, en beneficio del distrito gobernado por Axel Kicillof, hay que sumar que el mandatario bonaerense ya sobreejecutó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se nutre del 1,4% del PBI que, en una medida tan inesperada como injusta y polémica, se le recortó a la ciudad de Buenos Aires el año pasado.
Lo mismo ocurre con Santa Fe, La Pampa y Chubut, distritos clave para que el oficialismo en el Senado aspire a seguir manteniendo el quorum. La discrecionalidad del gobierno nacional es alevosa e inescrupulosa. Es el caso de Santa Fe, donde el oficialismo perdió en las primarias de septiembre al igual que en Córdoba. Sin embargo, la provincia gobernada por Omar Perotti recibió una partida de dinero muy superior a la manejada por Juan Schiaretti, alejado del kirchnerismo, que quedó tercero, debajo de la lista impulsada por el mandatario.
En La Pampa, gobernada por el justicialista Sergio Ziliotto, se repite el esquema: fue beneficiada con 744 millones de pesos en ATN y otros 932 millones en concepto de transferencias corrientes, mientras que Mendoza recibió 733 millones; Jujuy, 559 millones, y Corrientes, 469 millones, todas provincias gobernadas por la UCR. Incluso, La Pampa recibió más del doble de ATN que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que va del año: al distrito que comanda Horacio Rodríguez Larreta se le giraron solo 279 millones de pesos.
Esa más que perceptible discriminación desembocó en que, por ejemplo, la provincia de Mendoza se encuentre preparando una presentación judicial en reclamo por más de 18.000 millones de pesos no percibidos durante el último año y medio, comparado con lo que recibieron otras jurisdicciones de signo justicialista para enfrentar los efectos de la pandemia.
La discrecionalidad no se verifica solamente en los envíos selectivos del gobierno nacional a las provincias, sino también en los que se realizan a algunas intendencias a las que se quiere beneficiar en desmedro de las que no comulgan con la Casa Rosada. Es el caso de Chubut. El diputado nacional por la UCR Gustavo Menna presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el reparto de 300 millones en ATN que fueron a parar a un grupo determinado de localidades gobernadas por el oficialismo. Lo que ocurra electoralmente en ese distrito es definitorio para el kirchnerismo en el Senado. Chubut renueva, además de dos diputados nacionales, tres bancas en la Cámara alta, las que hoy están en manos del Frente de Todos y que son determinantes para el quorum que aspira a mantener la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner.
Si a eso se le suma que obviamente se trata de remesas sin respaldo, que profundizarán el déficit y harán crecer desbocadamente el gasto público, nos hallamos frente a una situación de extrema gravedad. Urge poner un freno a este “todo vale” de cuya existencia los argentinos tenemos tan escandalosas como sobradas muestras. En este punto, resulta interesante que prospere en el Congreso un proyecto de ley modificatorio del Código Nacional Electoral, presentado por la diputada Carla Carrizo (UCR-Capital), junto con una treintena de legisladores de Juntos por el Cambio, que dispone la prohibición del reparto de subsidios y transferencias no contempladas en el presupuesto a nuevos beneficiarios, así como también la celebración de convenios administrativos entre Nación, las provincias y los municipios para la ejecución de recursos públicos, durante 25 días previos a las PASO y 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales.
La desfachatez de tantos políticos y funcionarios debe encontrar freno y sanciones en las leyes. Continuar alimentando sistemas prebendarios es agotar indebidamente los recursos del Estado, condenar al país a la miseria y pretender poner de rodillas a los votantes. No renunciemos a la libertad, hagamos valer cada voto y pongamos a la Argentina de pie.
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