Disparen contra el periodista
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LA NACION
Asistimos a una verdadera descarga cerrada sobre el periodismo, conducida por quienes adhieren a la filosofía de matar al mensajero porque no les agrada o no les conviene la noticia que trae. La cuestión viene a propósito de la más importante investigación periodística sobre la corrupción en la obra pública en la Argentina, que llevó adelante el periodista de LA NACION Diego Cabot, y que mereció diversas distinciones en el mundo entero. Se desnudó allí, con intervención de la Justicia, el oscuro entramado gubernamental y empresarial de sobreprecios, coimas y retornos, que involucraron no solo a las más elevadas figuras del poder político administrador del país, quienes recibían su tajada a domicilio, sino también a integrantes de las más altas cúpulas empresariales.
El mecanismo previsto en la ley del arrepentido fue, como en muchos países del mundo, la vía idónea para ir desentrañando una madeja compleja que develó lo que muchos sabían, pero nadie decía. Se llevó a cabo con fuentes documentales reconocidas, y testimonios judiciales que implicaron verdaderos reconocimientos de alcances inusitados sobre los hechos de corrupción que motivaron la denuncia.
Existen 31 arrepentidos entre empresarios y funcionarios, que no han dejado ninguna duda con respecto a la veracidad de los graves hechos relatados, y que derivaron en la elevación a juicio oral y público, desde diciembre de 2019, de la llamada causa de los cuadernos de las coimas.
Desde el poder y desde las orquestadas defensas de los imputados, se han intentado diversos ataques contra esta investigación, que nos permitió a los ciudadanos confirmar que algo estaba podrido en Dinamarca. Hubo quienes, entre los imputados, procuraron que se declarara inconstitucional la ley del arrepentido, pero su intentona fracasó ante la sentencia de la Cámara de Casación, que la rechazó por mayoría.
Ahora asistimos asombrados, como ha dicho ADEPA, a que en lugar de ponerse el foco en los graves hechos denunciados por el periodista se ponga la lupa sobre el propio hombre de prensa, pese a que no estamos ante meras denuncias, sino frente a gravísimos hechos de corrupción reconocidos por los partícipes en esta oscura trama.
El intento de investigar las fuentes y la mecánica de la investigación de Cabot viola abiertamente el principio del respeto al secreto de las fuentes, garantía constitucional que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional. La decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi, admitiendo una prueba francamente inadmisible e inconducente, es una sombra más que se extiende sobre una de las más importantes libertades garantizadas por la Constitución, como es la libertad de prensa.
Cuando se desbordan los mecanismos de garantías constitucionales, los ciudadanos quedamos a la deriva y en manos del autoritarismo antidemocrático, al cual la Justicia le brinda impunidad en lugar de ponerle coto.
LA NACION
