Disparen contra jueces y fiscales

Como parte del plan del Gobierno para someter al Poder Judicial y socavar su independencia, se ha venido echando mano a diversas y peligrosas iniciativas. En tal sentido, no se han ahorrado adjetivaciones para atacar ferozmente el funcionamiento de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal, al tiempo que se ha propiciado el juicio político de todos o de alguno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A toda esta batería de atropellos, se ha sumado recientemente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), intimando a jueces y fiscales a que “acompañen la renuncia al cargo que desempeñan” para concluir su trámite jubilatorio.

La dirigente camporista y titular de la Anses, Fernanda Raverta, ha formulado tal intimación a 182 jueces, 20 fiscales, 10 defensores y 10 funcionarios de menor jerarquía, mediante una resolución cuya terminología revela un claro autoritarismo. En efecto, no parece que se pueda intimar a acompañar una renuncia, pues este es un acto personalísimo, privativo del interesado. Se lo podría intimar a iniciar el trámite jubilatorio, pero nunca se podría intimar a un juez a renunciar, dado que los magistrados gozan de estabilidad estricta, son inamovibles mientras dure su buena conducta y esta solo puede juzgarse previa sustanciación de la denuncia ante el Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora, un magistrado podía acogerse al régimen jubilatorio, pero continuar desempeñándose como tal hasta los 75 años de edad. El texto de la intimación es confuso y ha sido objetado constitucionalmente por las Asociaciones de Magistrados y Fiscales.

La iniciativa no busca aliviar las exhaustas arcas del Tesoro. Sumará más jubilados al sistema en momentos en que los recursos estatales son insuficientes y debieran estar dirigidos fundamentalmente al problema sanitario, social y económico generado por la pandemia de Covid-19. Ni qué hablar de la necesidad inmediata de destinar todos los esfuerzos necesarios para corregir las irregularidades e ilicitudes, que son de dominio público a la hora de administrar las vacunas.

Además, el sistema ideado de intimación a jueces y funcionarios para que definan si harán efectiva su jubilación, renunciando, permitirá seleccionar discrecionalmente a quiénes perseguir y a quiénes mantener en sus funciones, con el simple mecanismo de aceptar inmediatamente la renuncia al cargo de algunos y demorar la aceptación de la de otros. La intimación de la Anses puede tener otras consecuencias negativas como fruto de la ambigüedad con que está redactada.

Que una simple funcionaria de la Anses contraríe la inamovilidad constitucional de los jueces y les pida livianamente la renuncia confirma el evidente desprecio imperante por la jerarquía institucional de los magistrados

Sorprende el apercibimiento, que consistiría en “archivar las actuaciones”. No se entiende muy bien si ya no podrán jubilarse los que tuvieran el trámite iniciado, si podrán hacerlo luego de pedir el desarchivo y retomar el trámite o si habrán quedado definitiva y disparatadamente privados del derecho constitucional a la jubilación digna.

La ejecución de la resolución también tendría otras consecuencias, al desembarazarse de unos dos centenares de jueces y funcionarios judiciales. Si bien estos ceses de actividad se producirían prácticamente de un solo golpe –o con la dosificación arbitraria y selectiva que le imprima la Anses–, los reemplazos consecuentes no se concretarán de inmediato. Habrá que convocar nuevos concursos y ello exigirá tiempo. Mientras tanto, sus vacantes producirán, inevitablemente, más demoras en el funcionamiento de los ya abarrotados tribunales.

Para tomar dimensión del impacto catastrófico que esa medida puede tener, debe recordarse que esta operaría sobre un Poder Judicial que ya funciona con sobrecarga de tareas. En efecto, a la fecha, existen más de 250 vacantes en la Justicia Federal y Nacional que gravan el sistema e impactan en la velocidad, generalmente lenta, con la que este actúa. Obviamente, trabajar permanentemente urgido por los plazos y por la cantidad de trabajo también conspira contra la calidad del producto final.

Entonces, con estos datos en mente, queda en evidencia que no se persigue mejorar la Justicia. Pues ese objetivo es imposible de lograr por este camino. Lo que sí está claro es que el propósito real que persigue la Anses con estas intimaciones es desembarazarse de magistrados, jueces, fiscales y defensores que no estén dispuestos a someterse a las presiones del Gobierno. Esto generaría centenas de vacantes para cubrir, lo cual le permitiría a la coalición gobernante poblar a su conveniencia los tribunales de jueces militantes. Tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias.

Cuando una funcionaria de la Anses se permite pedirles la renuncia a jueces constitucionalmente inamovibles, amenazándolos con apercibimientos, más allá del despropósito y la notoria inconstitucionalidad del requerimiento, está demostrando un evidente desprecio por la jerarquía institucional de los magistrados. No se termina de entender, o no se quiere entender, que los jueces –buenos, malos o regulares– son intocables y solo removibles por la vía constitucional prevista. La soberbia de una funcionaria camporista no puede conducir a extremos como el que nos ocupa.

Como vemos, estamos ante una herramienta más de las tantas que el oficialismo viene desplegando con el fin de dinamitar la independencia de la Justicia para tomarla por asalto. Pretende así asegurar la impunidad de los corruptos.

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