Desvergonzada maniobra para colonizar el Ministerio Público
La reforma que proyecta el oficialismo apunta a impedir cualquier control o condicionamiento al Gobierno, y a nombrar y remover fiscales a gusto
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LA NACION
En el marco de la ya indisimulada embestida del oficialismo por colonizar cualquier institución que pueda condicionar al Gobierno, la sociedad asiste, atónita, a una maniobra legislativa cuya única finalidad es reemplazar al procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal. La maniobra consiste en modificar la ley de designación del titular del Ministerio Público, que es el jefe de todos los fiscales, para que su nombramiento ya no requiera una mayoría calificada del Senado. Se completa con una reforma de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento que le garantice al oficialismo una composición mayoritaria para remover a gusto a los fiscales que no le resulten funcionales.
En tal sentido, el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, se reunirá este jueves con los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales para destrabar el tratamiento en la Cámara baja de aquel proyecto, ya aprobado por el Senado.
Como ocurrió con la asombrosa comisión que el Presidente nombró para aconsejar reformas en la Justicia, que fue integrada por abogados defensores de exfuncionarios kirchneristas procesados, con una inverosímil máscara de “reformadores”, los líderes del ocasional grupo gobernante solo hacen las cosas de la manera que saben: crean dependencias y ajustan los resortes para llenarlas de gente afín que no solucionará ninguno de los problemas estructurales del sistema, pero que colaborará con los ruines objetivos políticos del momento.
No sorprende que esto ocurra precisamente cuando los tribunales en lo penal de la Nación han comenzado a implementar progresivamente, como manda la ley, el llamado sistema acusatorio, caracterizado por otorgar a los fiscales mayores atribuciones en la investigación y la tramitación de las causas, y cuando avanzan inexorablemente muchos casos en los que exfuncionarios de la gestión presidencial de Cristina Kirchner son investigados por corrupción. Como ninguna institución puede ser mejor que las personas que la integran, sin fiscales independientes el destino de esas causas parece previsible.
Un mínimo grado de espíritu republicano -o de simple decencia- exige que la designación de quien ocupe la Procuración General cuente con el mayor consenso posible
El doctor Casal no es un intruso en su cargo. A él le correspondía por ley asumirlo interinamente hasta que el Poder Ejecutivo consiguiera el acuerdo del Senado para designar a la persona que lo reemplazaría. No consiguió eso el entonces presidente Mauricio Macri, que no pudo designar a su candidata. Sorprendentemente, el gobierno de Alberto Fernández también envió al Congreso el pliego de un candidato, el juez federal Daniel Rafecas, que el Senado ni siquiera ha tratado, en una muestra de las divisiones internas que aquejan a un poder atomizado hasta la parálisis.
Con independencia de las formalidades, un mínimo grado de espíritu republicano –o de simple decencia– exige que la designación de la persona que ocupe la Procuración General de la Nación cuente con el más amplio consenso posible. No es difícil encontrar profesionales técnicamente idóneos y moralmente irreprochables dentro y fuera del sistema de Justicia. No hacerlo implica confesar que, una vez más, la dirigencia política no tiene interés en que las instituciones operen como lo indica la Constitución, sino llenar los cargos con militantes.
Desde autorizados ámbitos académicos, profesionales y de organizaciones de la sociedad civil se han alzado voces que han explicado esto. Incluso se ha creado recientemente una Red de Entidades por la Justicia Independiente, que ha llamado a los legisladores a no aprobar las reformas, porque implicarían de hecho una intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal, una vulneración de las garantías de independencia de los fiscales y una destrucción del sistema de división de poderes.
El populismo rechaza cualquier norma, proceso o institución que limite o condicione el ejercicio del poder, contrariando la esencia del constitucionalismo moderno (que para eso precisamente fue inventado), y cambia las reglas cada vez que le incomoda cumplirlas. El deterioro social y económico del país, en buena medida, es producto de haber tolerado muchas veces semejante idea.
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