Desmesuras y avales
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LA NACION
Recientemente, la sociedad asistió azorada a actos de desmesura verbal de Gregorio Dalbón, abogado del entorno del Presidente en relación con el escándalo del Olivosgate. Con un lenguaje claramente indicativo de que no hablaba solo a título personal, afirmó que Alberto Fernández está a disposición de la Justicia, “pero no le vamos a poner un peso”, y añadió que el fiscal a cargo de la causa formada a raíz de la fiesta clandestina en la quinta presidencial era “un coimero”.
Por si eso fuera poco, habló peyorativamente, y en términos soeces, del juez Carlos Casanello, que en un principio tuvo a su cargo la investigación, y enfatizó: “Lo vamos a atender”. El tenor de las declaraciones motivó un certero comunicado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Dalbón debió incluso pedir disculpas ante organizaciones de la comunidad judía pues, en su descarrilamiento, acusó también a dicha comunidad de haber “coimeado” al fiscal Ramiro González. La Asociación de Magistrados y un grupo de reconocidos jueces sumaron también su reclamo de sanciones.
Respecto de los dichos de Dalbón, merecedores de la más enérgica condena de sus pares y de la sociedad en su conjunto, corresponde que responda también ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Sin embargo, resulta mucho más preocupante que en ningún momento el presidente Fernández, ni por caso Cristina Kirchner, a quien representa Dalbón en otras causas, hayan repudiado las provocaciones de su letrado de consulta. Ese inadmisible silencio no conduce más que a pensar que los dichos fueron parte de una estrategia conjunta, pues es conocida la guerra sucia que las máximas autoridades del país han emprendido contra el Poder Judicial.
Las expresiones proferidas en un momento en que el fiscal González debía analizar si requería o no una investigación criminal pueden ser considerados como otro claro intento de amedrentamiento. La tímida reacción presidencial ante estos exabruptos constituye un nuevo indicio de los orquestados avances que quienes nos gobiernan pretenden imponer por sobre la independencia judicial. Impunidad es el nombre del perverso juego.
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