Deshonrar la magistratura
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LA NACION
“¿No tiene usted sentido de la decencia, senador?” Ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, el abogado Joseph Welch, fiscal general del ejército de ese país, interpelaba así al senador Joseph McCarthy, responsable de una sucia campaña de difamación que imputaba una infiltración comunista en esa fuerza.
La misma pregunta cabría a cada uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, que continúan demorando inexplicablemente la suspensión del obsceno juez federal de Mendoza Walter Bento, acusado de cobrar sobornos para favorecer a autores de delitos gravísimos, como narcotráfico y homicidio, postergando detenciones, ordenando discrecionalmente excarcelaciones y libertades. Investigado por cohecho pasivo, lavado de activos, retardo de justicia y enriquecimiento ilícito, Bento está acusado de dirigir una asociación ilícita en complicidad con bandas de delincuentes comunes, policías y abogados del foro mendocino. Su esposa, empleada judicial, acusada también de enriquecimiento ilícito, ha sido suspendida en sus funciones y en el cobro de haberes, con sus bienes embargados en varios millones, mientras su marido permanece incólume en su alto cargo a pesar de tener ya dos procesamientos con prisión preventiva dictada.
El diputado Pablo Tonelli (JxC) solicitó el desafuero y la suspensión del magistrado, pero los legisladores kirchneristas que integran la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación se opusieron y Bento eludió así el pedido de suspensión. Resulta inadmisible que el Consejo evidencie tan absoluta dependencia del poder político. Ante casos flagrantes como este, debería separarse inmediatamente del cargo al magistrado para sustanciar luego el juicio correspondiente.
Para el juez federal Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega, Bento protegía a los dueños de una “cueva”, demorando la instrucción de un expediente iniciado en 2014. Una acusación más que se agrega, entonces, sobre la banda de abogados, comisarios y “facilitadores” de contactos que ya tiene veinte procesados, varios de ellos con prisión preventiva. La gravedad de las denuncias y los cargos vuelven tan insostenible como injustificable que Bento continúe impartiendo justicia.
La integración actual del Consejo de la Magistratura surge de otra muy mala ley sancionada en 2006 que promovió la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Claramente inconstitucional, la norma incrementó lisa y llanamente la participación político-partidaria en el organismo desbalanceándolo. Desde la plataforma Change.org (http://www.change.org/UnConsejoDeLaMagistraturaSinMayoriaDePoliticos) se promueve un pedido para que la Corte Suprema de Justicia confirme un fallo de 2015 que ordena volver a la composición original.
Actuaciones como las de tan impresentable juez solo agravan el deterioro de la confianza de una ciudadanía a la que cada vez le cuesta más creer en las instituciones.
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