Demagogia laboral, desaliento empresarial
La generación de trabajo en la Argentina no se logrará con declaraciones voluntaristas ni desconociendo los excesivos costos de la legislación laboral
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LA NACION
Aunque parezca una verdad de Perogrullo, buena parte de nuestra dirigencia política, empezando por quienes hoy ocupan funciones de gobierno, parece desconocer que la mejor garantía para enfrentar la pobreza es generando más trabajo, nunca menos. Sin embargo, siguiendo las rancias y obsoletas recetas del populismo, nuestros gobernantes tienden a pensar que, para disminuir los niveles de pobreza y desempleo, es preciso prohibir los despidos, encarecer aún más las indemnizaciones, extender planes sociales absolutamente improductivos, poner en marcha jubilaciones anticipadas, reducir jornadas laborales y multiplicar los feriados.
El día que la clase dirigente comprenda que la mejor forma de proteger el empleo no pasa por la rigidez de leyes que tienden a prohibir los despidos, sino por la educación y la capacitación permanente –principales fuentes de igualdad de oportunidades– y por los incentivos a la contratación laboral, nuestro país dará su primer paso hacia el pleno empleo. La no muy lejana noticia sobre las dificultades que experimentó la compañía Toyota para encontrar 200 trabajadores con título secundario para su planta automotriz de Zárate habla a las claras.
Recientemente, el presidente Alberto Fernández, durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, pidió a los empresarios que no piensen en el costo de una indemnización el día de un despido, sino en el trabajo que se genere. Y concluyó: “Yo le digo sí al trabajo y le digo no al desempleo”.
Para defender una fuente de trabajo es preciso no hipotecar la capacidad patrimonial de las empresas, y en particular de las pymes, con irrazonables costos laborales
El primer mandatario deberá entender que no será con irresponsables expresiones voluntaristas cómo se generará trabajo, ni tampoco eludiendo o pretendiendo desconocer los excesivos costos laborales y la falta de flexibilidad de nuestra legislación del trabajo a la hora de contratar trabajadores, sumada a las derivaciones de la perniciosa industria del juicio laboral. El proyecto de ley que presentó conjuntamente con la CGT y la CTA, y que fue enviado al Congreso, impulsa lo que podría constituir un nuevo y grave obstáculo, al proponer comisiones mixtas para discutir condiciones en empresas privadas que superen los 100 empleados.
Resulta imposible para cualquier empleador sustraerse de los costos directos e indirectos que implica toda contratación laboral. Entre ellos, el de las eventuales indemnizaciones por despidos, hoy duplicado por una norma que los prohíbe y obliga a la empresa que los lleve a cabo a pagar el doble.
Discutir si hay que otorgarle mayor o menor protección al trabajador y a su fuente de trabajo es equivocar la estrategia para avanzar hacia el crecimiento del empleo. De lo que se trata no es de proteger más al trabajador, sino de protegerlo mejor, para lo cual es vital no hipotecar la capacidad patrimonial de las empresas, y en particular de las principales generadoras de empleo, que no son otras que las pymes.
El debate debería centrarse en cómo potenciar la inversión productiva por parte del sector privado, lo que torna indispensable estimular la contratación laboral, además de generar confianza basada en la seguridad jurídica y la previsibilidad en materia económica.
En los últimos días, se conocieron varias iniciativas para reformular el vetusto régimen de indemnización por despido que nos rige, y que se suman a una dada a conocer por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo, la dirigente Elisa Carrió abogó públicamente por terminar con la indemnización por despido porque “funde a las pymes”.
Un proyecto del senador nacional Martín Lousteau (JxC) propició la creación de un Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social. Al igual que la iniciativa dada a conocer por Rodríguez Larreta, apunta a la constitución de un seguro de desempleo, al estilo del que existe en la actividad de la construcción, que reemplace el oneroso pago de una indemnización por despido. El sistema propuesto contempla un aporte obligatorio del empleador y le ofrece al empleado la ventaja de que no solo se llevará el equivalente a un mes de sueldo por cada año de antigüedad en caso de ser despedido, sino también en ocasión del cese de la relación laboral por cualquier otro motivo.
Una iniciativa semejante fue presentada por el diputado Héctor Stefani (JxC), quien enfatizó que cambiar de trabajo no implicará una pérdida de antigüedad, puesto que el fondo de desempleo será acumulativo y se trasladará de trabajo en trabajo. Y, en el caso de no haberse cobrado nunca en toda la trayectoria laboral de un trabajador, quedará como un complemento para su jubilación.
La feliz idea también ha sido planteada primigeniamente por el empresario textil Teddy Karagozián, quien denominó a su iniciativa, que sigue el modelo austríaco, “mochila argentina”. Se trata de un seguro individual de garantía de indemnización y se llama de aquel modo por cuanto “el derecho a la indemnización viaja en la mochila del trabajador cuando pasa de empresa a empresa”, según su autor. De acuerdo con este proyecto, el trabajador podría seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente a su último sueldo, actualizado, hasta conseguir un nuevo empleo o hasta que se cumpla la cantidad de meses equivalentes a los años trabajados.
El altísimo índice de desempleo en la Argentina ronda actualmente los dos dígitos. De acuerdo con los datos del Indec, al segundo trimestre de este año, la tasa de desocupación alcanzó el 9,6%, al tiempo que la subocupación llegó al 12,4%. Se trata de un dato engañoso, ya que prescinde de un porcentaje muy significativo de personas que han dejado de buscar trabajo, básicamente por carecer de esperanzas de encontrarlo, y que si se tomara en cuenta engrosaría el total de desempleados.
En este contexto, agravado por el hecho de que en la última década se produjo una contracción del 4% entre los asalariados registrados en el sector privado, al tiempo que se incrementó casi en un 30% la dotación de empleados estatales, con el consiguiente aumento del ya desmadrado gasto público, urge discutir seriamente propuestas como las mencionadas, que tiendan a la creación genuina de empleos. Es necesario abandonar las fracasadas recetas populistas que terminan perjudicando fundamentalmente a quienes demagógicamente desde el Gobierno se dice defender.
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