Degradación institucional, marca registrada ®
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LA NACION
Hace pocos días, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un intento sobreactuado por congraciarse con el kirchnerismo, declaró que la “marca registrada” del macrismo era el hostigamiento fiscal. Parafraseándola, basta con repasar el accionar del Gobierno a través de organismos descentralizados tan sensibles como la UIF, la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Anses, para constatar que la “marca registrada” de la dupla Fernández-Fernández es la degradación institucional.
Fueron muchas las medidas adoptadas por este gobierno que nos llevaron a descender 12 lugares en el Índice de Corrupción Pública 2020 que produce Transparencia Internacional y en el que veníamos mejorando posiciones sistemáticamente desde diciembre de 2015.
En un somero repaso, no sorprenden las renuncias de Carlos Cruz y Mariana Quevedo en la UIF porque nunca debieron ser designados al frente de ese organismo. Está sobradamente probado que no habían llegado a cargos por sus capacidades técnicas o por su idoneidad, sino gracias a sus vinculaciones con el sindicalista Víctor Santa María y la vicepresidenta Cristina Kirchner, respectivamente, dos personas que continúan siendo investigadas en la Justicia por sospechas de corrupción y lavado de activos.
El único mérito de esos funcionarios al frente de la UIF fue trabajar en favor de la impunidad de los amigos del poder y abandonar alevosamente la lucha contra la corrupción. Se dedicaron a degradar una institución que había adquirido respeto y vuelo internacional gracias al profesionalismo de cuadros técnicos que ya no integran el organismo y que fueron burdamente desplazados sin el menor respeto por las formas. Como era esperable, tampoco cumplieron con la exigencia legal de rendir cuentas ante el Congreso de la Nación, omitiendo que la falta puede derivar en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario. Probablemente no contaran con logros que reportar al presentar su informe de gestión 2020.
La interna entre las autoridades del organismo generó grandes divisiones y deslealtades. Así como violaron secretos de inteligencia al filtrar información de Mauricio Macri a los tres meses de asumir, no apelaron la prisión domiciliaria de Amado Boudou ni el archivo del expediente de nulidad por cosa juzgada írrita que derivó en el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Lograron encender la furia de la abogada exitosa cuando olvidaron apelar el sobreseimiento de Paolo Rocca en la causa de los cuadernos. Ahora pretenden designar a Juan Carlos Otero, un funcionario de poco lustre pero leal a la causa, conocido en la Comisión Nacional de Valores por jactarse de ser amigo de Máximo Kirchner.
Las tendenciosas y poco objetivas auditorías de Marcó del Pont en la AFIP le permitieron construir un relato de “hostigamiento” y “persecución macrista” mientras arremetía contra funcionarios de carrera del organismo que habían cumplido con su deber y concedía facilidades “a medida” para garantizar la impunidad de Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez. Para ello, debió apelar al Congreso en busca de una ley que amparara lo que los funcionarios técnicos de la AFIP se negaban a refrendar, y centralizar bajo una única dirección el control de todos los juicios universales (concursos y quiebras) para garantizar la “correcta” aplicación de la ley de moratoria. Tampoco escatimó esfuerzos a la hora de degradar a la Dirección de Integridad, dependencia encargada de velar por la probidad de sus funcionarios, y de derogar normas fundamentales en materia de transparencia dentro del organismo.
En la Anses, se considera como un logro de gestión la modificación del régimen jubilatorio de los jueces, que permitió promover y acelerar las renuncias a sus cargos de magistrados y fiscales.
La nómina de desaciertos es por demás extensa. El denominador común que aúna a los organismos descentralizados es haber renunciado a querellar y avanzar en causas sensibles y estratégicas, una cuestión que reviste la máxima gravedad institucional. Basta el ejemplo de Félix Crous, quien decidió dejar de actuar como querellante en todas las causas penales que llevaba la Oficina Anticorrupción alegando “falta de personal”. Por su parte, la AFIP se retiró sin pudor de las causas de corrupción más escandalosas como la de la empresa Oil.
Recientemente Fernanda Raverta, titular de la Anses, entendió que ya no era necesario proseguir con el juicio por la doble jubilación de Cristina Kirchner, pero continúa sin descanso apelando ante la Corte Suprema los reajustes que con justo derecho aguardan nuestros pobres jubilados. Cabe recordar que la asociación Bases Republicanas se presentó como amicus curiae en la causa junto a un grupo de diputados, a los efectos de exponer lo evidente: en el juicio nadie estaba defendiendo los intereses del Estado, pues la propia Anses actuaba a favor de la vicepresidenta. Pese a todo, la Sala 3 de la Cámara de la Seguridad Social rechazó las intervenciones de Bases y de los diputados, señalando que “no se ha consumado, en este estado, una deficiencia en la actividad procesal de la demandada”. Los hechos posteriores confirmaron el error de la Cámara, y solo resta que ahora vuelva sobre su decisión.
La subversión de los valores se refleja en cada una de estas situaciones que afligen a la ciudadanía, toda vez que la mezquindad y los intereses de unos pocos se imponen sobre el bien común.
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