Defender la vida, prioridad insoslayable
LA NACION
Pretender avalar la pérdida de nuevas vidas en medio de la presente pandemia encierra un profundo contrasentido
En julio último, la 53a sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas se abstuvo de aprobar un polémico párrafo por el que los Estados debían comprometerse a garantizar el aborto irrestricto en 2030. Sin embargo, bajo el disfraz de "derechos sexuales y reproductivos", las enormes presiones para obligar a financiar o facilitar el aborto continúan.
Aquí, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo (ILE), cumpliendo así con una de sus promesas de campaña. La idea es tratarlo durante el verano en sesiones extraordinarias, junto con otra batería de temas que sí resultan de prioridad en tiempos de crisis. También se abordará el proyecto del "plan de los mil días", iniciativa de espíritu "compensador", según palabras del propio Alberto Fernández . El Presidente propone acompañar la maternidad y los primeros años de vida de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, una idea que debe ser apoyada, ciertamente, a pesar de constituir una auténtica contradicción con lo anterior.
El proyecto tendrá modificaciones respecto del que en 2018 aprobó Diputados por 129 votos contra 125 y una abstención, y que rechazó el Senado por 38 a 31. El nuevo texto permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, obliga a realizarla a todas las instituciones de salud en el plazo de diez días y admite la objeción de conciencia individual de los profesionales, entre otras cuestiones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa –quien nunca se pronunció sobre la cuestión aunque su mujer milite por el aborto–, había recibido días atrás a representantes de la campaña a favor del aborto legal y gratuito para luego hacer lo propio con militantes de la agrupación Unidad Provida. Prometió que el Congreso será "un lugar neutral y abierto al debate de ideas" en un clima de respeto. Sin embargo, todo parece indicar que el tratamiento será a los apurones y sin debate serio sobre algo tan trascendente como el derecho a la vida. Los observadores pronostican un escenario reñido, con definiciones voto a voto. De los legisladores que iniciaron en diciembre último su mandato, muchos aún no dieron a conocer su posición y está claro que en este tipo de leyes debería dejarse de lado la disciplina partidaria y otorgarse libertad de conciencia.
El senador formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, ha venido señalando que si el Presidente quiere legalizar el aborto, debería antes modificar la Constitución, que defiende la vida desde la concepción. "La Constitución nacional, los tratados internacionales y las leyes protegen la vida desde la concepción, cualquier proyecto que no sostenga esto es inconstitucional. El Presidente lo sabe porque es jurista", declaró, confirmando que habrá quienes contrariarán sin miramientos la posición del Gobierno en respuesta también al mandato recibido de sus comprovincianos. Fundándose en que la Argentina es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la de los Derechos del Niño, ambas defensoras de la vida desde la concepción, Mayans insistió más recientemente en que no es oportuno tratar el tema en este momento y afirmó que "el Estado no puede autorizar la muerte de nadie".
La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Juntos por el Cambio) también anticipó su rechazo al proyecto ingresado en la Cámara baja y reclamó una consulta popular para "conocer el profundo sentimiento del pueblo argentino". En este sentido, una encuesta reciente de Opinaia, de la que dio cuenta LA NACION, revela que el 49% de la población rechaza la iniciativa, que es apoyada por el 35%, mientras que el 16% manifiesta no tener posición tomada, en tanto que solo el 24% lo considera un tema urgente.
Con un sistema de salud exigido, cuando no colapsado, proyectándose más de un 60% de niños en condiciones de pobreza para fines de año, y frente a las innumerables urgencias que demandan atención, proponer retomar una iniciativa que fue rechazada hace apenas dos años en el Congreso resulta tan extemporáneo como inapropiado. Transitamos tiempos impensados, con una situación económica de extrema gravedad, y no podemos soslayar que una eventual aprobación del proyecto demandará cuantiosos recursos públicos para su instrumentación y sostenimiento.
Acabar con la vida de un inocente siempre está lejos de ser una solución aceptable. Un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina acaba de calificar de insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir la iniciativa. "No cuidar todas las vidas, toda la Vida, sería –según los obispos– una falta gravísima de un Estado que quiere proteger a sus habitantes".
La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) se expidió del mismo modo sobre lo irrazonable e inoportuno de la posición gubernamental: "Si la salud y la vida de la gente –señaló– están por sobre la economía, también deben estarlo por encima de las ideologías que pretenden superponer sus propios intereses por la misma gente". Los evangelistas advirtieron que continuarán pugnando para que el Gobierno y el pueblo argentino no caigan en el error y el descuido de nuestras futuras generaciones.
Desde estas columnas insistimos sobre las razones científicas y bioéticas que avalan la defensa de la vida desde la concepción y que largamente exceden cualquier interpretación exclusivamente religiosa para demoler falsas estadísticas e injustificadas presiones. Echar mano de un proyecto contra la vida inocente y jactarse de querer evitar que aumente el número de muertes por coronavirus constituye todo un contrasentido.
Desde una gestión sanitaria de la pandemia por demás criticable, con mayor número de muertos por millón de habitantes que países a los que el Gobierno denostó sobradoramente, hoy se pretende sumar a la delicada cuestión de la salud pública el aval social para nuevas pérdidas de vidas. Como sociedad, no se deberían seguir instalando en la agenda cuestiones que nos dividen en momentos en que debemos estar más unidos que nunca.
Una sociedad necesitada de que su dirigencia esté a la altura de tan crítica situación como la que padecemos debería desalentar este tipo de proyectos legislativos en perjuicio de los que no pueden siquiera alzar su voz para defender el más elemental de los derechos, el derecho a la vida.
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