De fiestas y fiesteros
El sobreseimiento del Presidente y de su pareja por el Olivosgate configuraría otra vergonzosa decisión judicial frente a una violación a la ley
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LA NACION
Luego de tres años de un tumultuoso mandato al que llegó con una victoria electoral aplastante, el saliente primer ministro británico y su mujer debieron resignarse a no festejar su casamiento en una residencia oficial. Muchos entienden que su afán por demorar su renuncia habría tenido que ver con sus aspiraciones a celebrar en la residencia de campo Chequers su boda, formalizada en 2021.
La crisis del llamado Borixit golpea a Gran Bretaña. Tras su renuncia, Boris Johnson anunció que dejará de ser líder del Partido Conservador, pero que continuará trabajando en Downing Street hasta que se elija a un sucesor tory. Las renuncias de unos 60 miembros de su equipo, una rebelión mayoritaria, completaron el cuadro de disconformidad con su cuestionado liderazgo. Cansados ante una interminable sucesión de escándalos y mentiras, pocos avalaban ya su permanencia. En su controvertida foja de servicios figuraba la sanción aplicada por haber quebrado él mismo los protocolos de aislamiento en pandemia con el llamado “partygate”, una sucesión de fiestas y reuniones en la residencia oficial que insistió en negar. Más recientemente se lo denunció por encubrir y promocionar a un diputado conservador públicamente acusado de acoso sexual, que debió renunciar.
Con una inflación a la que la sociedad británica no está acostumbrada y un sistema de salud en pésimo funcionamiento, las encuestas revelan que el 72% de la población tiene de Johnson una desfavorable opinión, con apenas el 19% de apoyo, lo cual explica el ambiente festivo que reinó tanto en Londres como en distintos lugares del país ante su dimisión. Exigen el abandono inmediato de sus funciones y amenazan también con organizar una moción de censura en el Parlamento. Las habilidades políticas de Johnson no le servirán en esta ocasión para salirse con la suya. “Probablemente sea el mejor mentiroso que hayamos tenido como primer ministro”, afirmó el escritor Rory Stewart sobre quien no tuvo empacho en reformar lujosamente su departamento con los fondos donados por un conservador adinerado, solo una de las muchas revelaciones vergonzosas que tomaron estado público y respecto de las cuales jamás formuló ninguna autocrítica.
Entre nosotros, en ocasión de una nueva celebración del cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, decenas de enojados manifestantes se congregaron ruidosamente en la puerta de la residencia oficial recordando el llamado Olivosgate, como se conoce al festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, efectuado en la residencia presidencial de Olivos el 14 de julio de 2020, en plena prohibición de encuentros sociales impuesta por la pandemia. Las derivaciones del caso no cesan.
Seguir abonando teorías absurdas, como que un presidente deja de serlo pasada determinada hora de la noche para justificar la irresponsable impunidad de sus acciones, nos exime de mayores comentarios
La Cámara Federal de San Martín rechazó finalmente los tres recursos presentados, argumentando que no detectaban un acto de arbitrariedad y que los planteos no se fundamentaban en una afectación “directa, real, especial y singular” por tratarse de hechos diferentes a los que plantearon. Uno de ellos correspondía al padre de la fallecida Solange Musse, quien, tras viajar desde Neuquén y a pesar de que contaba con los permisos, no fue autorizado a ingresar a la localidad cordobesa de Alta Gracia, donde su hija agonizaba.
El juez Lino Mirabelli quedó así en posición de sobreseer al Presidente, a su pareja y al resto de los imputados independientemente de los pagos resarcitorios realizados, una medida que se vislumbra tan inminente como vergonzosa.
La estrategia fallida de algunos retratados en aquella escandalosa fotografía de los festejos en la quinta presidencial de Olivos no contempló el acuerdo económico, sino la extinción de la acción penal y la declaración de inconstitucionalidad del decreto que impuso la cuarentena. Sofía Pacchi, una de las más cercanas a la primera dama y por ende con acceso a valiosa información, tras sostener que “estaba trabajando para Fabiola”, aunque no figura en la nómina de empleadas, y que sus funciones eran “oficiales”, busca ahora anticiparse a la decisión del juez. Ofreció 250.000 pesos, que le prestarían sus familiares, pues luego de sus labores como asesora en la Secretaría General de la Presidencia se ha quedado sin trabajo. Su silencio resulta sin duda muy valioso para muchos.
La diputada Karina Banfi (UCR) aguarda desde agosto pasado que la Secretaría General de Presidencia responda a su pedido formal de información, que debiera estar al alcance de la ciudadanía, sobre los gastos públicos de Fabiola Yañez, su agenda y registro de visitas. Dicho pedido fue ahora avalado por el juez federal Enrique Lavié Pico, quien rechazó que se tratara de información reservada por la judicialización de la causa de Alberto Fernández, debiendo satisfacerse dentro de los próximos 15 días. Banfi agregó que iniciará una demanda penal contra el primer mandatario, y nuevos capítulos se anuncian.
Cuando la Justicia traiciona a la verdad, se sume en el desprestigio. Seguir abonando teorías absurdas, como que un presidente deja de serlo pasada determinada hora de la noche para pretender justificar la irresponsable impunidad de sus acciones, nos exime de mayores comentarios. Nadie de su entorno de funcionarios tuvo tampoco el coraje de tomar distancia de su impostura ante la mirada atónita e indignada de los ciudadanos que vivimos encerrados por decisión oficial en tiempos de Covid sin poder siquiera despedir a nuestros muertos. Cuando en un país las instituciones funcionan, las inmoralidades no se reparan, sino que se pagan. No con dinero, sino con castigos ejemplares.
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