Cuba y los Estados Unidos
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LA NACION
La administración del presidente Joe Biden está analizando, una vez más, las pautas de la política norteamericana respecto de Cuba. El objetivo parecería ser el de regresar al tipo de relación bilateral mantenido por Barack Obama en los últimos dos años de su presidencia, en los que no solamente retiró a Cuba de la lista de países que exportan terrorismo, sino que reabrió la embajada en la isla caribeña, por primera vez desde 1961. Además, Obama visitó personalmente Cuba, aunque sin recoger beneficios a cambio de ese gesto.
Revisar la relación de los Estados Unidos con Cuba no será tarea sencilla. Existen, en el Congreso norteamericano, legisladores de los dos partidos políticos que se oponen vehementemente a cualquier flexibilización, como Marco Rubio, Ted Cruz, Rick Scott y Robert Menéndez. El último de los nombrados preside la comisión de Relaciones Exteriores del Senado y es conocido por su endoso a una política dura respecto del país comunista caribeño.
No se olvida el comprensible desagrado provocado por los ataques realizados con radiación de microondas desde el año 2016, que provocaran serias enfermedades al personal diplomático norteamericano destinado a la isla.
El reexamen norteamericano respecto de la relación con Cuba no es una de las prioridades del presidente Biden, para quien el respeto de los derechos humanos es siempre un pilar central de su política exterior. Respecto de la autoritaria Cuba, ello luce como un obstáculo difícil de superar.
Durante el reciente mandato del expresidente Donald Trump se impusieron más de 200 restricciones al turismo, el comercio, las finanzas y las relaciones diplomáticas con Cuba. No obstante, es difícil argumentar que hayan tenido éxito.
La pandemia de coronavirus requiere hoy que los Estados Unidos y Cuba tengan alguna cooperación, al menos en el sector de la salud pública. Lo que supone construir mecanismos de diálogo.
Existe, asimismo, otro obstáculo para el restablecimiento de relaciones normales entre los dos países. Es el que tiene que ver con las propiedades que fueran confiscadas por la revolución cubana desde el año 1959. El monto total de las indemnizaciones que por ello podrían corresponder ha crecido muy significativamente con el paso del tiempo y hoy se estima que es del orden de los 9 billones de dólares, suma que la deteriorada economía cubana difícilmente podría afrontar.
El líder cubano Raúl Castro tiene ya 89 años y su vinculación con el gobierno efectivo en Cuba es cada vez más marginal. No obstante, en este tema su posición será, previsiblemente, crucial.
Si el presidente Biden pensara en regresar a las políticas más flexibles promovidas por la administración Obama, con una nueva apertura diplomática, las autoridades de la isla caribeña debieran evaluar muy cuidadosamente el impacto positivo que el levantamiento de las sanciones pudiera tener, en lugar de ignorarlas.
Hasta el momento, desde La Habana, no se ha vislumbrado señal alguna de entusiasmo por recomponer la deteriorada relación con los Estados Unidos. Esa actitud indiferente no ayuda a quienes, sobre todo en el ámbito del Congreso norteamericano, están –pese a todo– promoviendo un nuevo acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, retomando la visión contemporizadora que impulsara la gestión de Obama.
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