Cuadernos: solo una punta más del iceberg
Los registros aportados en la causa por las coimas dieron paso a testimonios y pruebas tan contundentes que la primera evidencia fue largamente superada
- 7 minutos de lectura'
LA NACION
Las investigaciones del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, tanto en la llamada causa “Cuadernos” como en las que de ella se derivaron, demostraron que muchos de los delitos que surgían de distintas denuncias penales de corrupción que se tramitaban en diversos juzgados federales del país no eran sino algunas salientes de un mismo gigantesco y putrefacto iceberg. Oculto hasta entonces, su existencia era bien conocida en algunos círculos, pero su revelación resultaba una noticia prácticamente inverosímil. Cómo imaginar que un sistema integral de recaudación ilegal con propósitos de enriquecimiento, protagonizado por decenas de funcionarios públicos con cargos ministeriales o rango de secretarios o subsecretarios de Estado organizado desde lo más alto del poder, podía haber estado operativo entre 2003 y 2015.
La colosal maquinaria ilegal de recaudación sistémica adquirió en ese tiempo un volumen y una extensión que cualquiera pensaría que habría resultado imposible de mantener oculta. Al mirar hacia atrás, la larga ristra, sin ser excluyente, incluye:
•Más de 50 obras públicas adjudicadas a una sola empresa, Austral Construcciones, creada ad hoc en Santa Cruz cuando asumió Néstor Kirchner, beneficiada con miles de millones de pesos del Estado, con una contabilidad inviable que “hacía negro el dinero blanco”, según declaró Leonardo Fariña y se probó a partir de la filmación en la financiera La Rosadita.
•Compra de miles de facturas truchas por parte de decenas de empresas adjudicatarias del Estado nacional para blanquear dinero de la corrupción que dieron lugar a megainvestigaciones en el fuero penal económico.
•Concesión de casinos y autorizaciones para aumentar en miles de millones de pesos la recaudación del que opera en la ciudad de Buenos Aires a un empresario ligado al kirchnerismo.
•Alquileres ficticios de todas las habitaciones de dos de los hoteles sureños de la familia presidencial mediante un procedimiento que se enseña en la primera página de cualquier manual básico de lavado de dinero.
•Exponencial crecimiento patrimonial de personajes como Fabián Gutiérrez, secretario privado de Cristina Kirchner hasta 2010 –devenido multimillonario en el período de actividad de la asociación ilícita–, que terminó torturado y ahorcado tras declarar contra su antigua jefa, o Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner fallecido por enfermedad en 2016, antes de haber llegado a juicio, quien compró con dinero ilegal propiedades de lujo en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares según ratificó el arrepentido Víctor Manzanares, contador del matrimonio Kirchner, al referirse a la estructura de lavado.
•Irregular acceso del grupo Petersen (familia Eskenazi), accionista del Banco Provincia de Santa Cruz, al capital de YPF, que además de un gigantesco negociado derivó en el multimillonario juicio que hoy enfrenta nuestro país.
Pese a sus denodados esfuerzos, los Kirchner y sus secuaces no lograron ocultar tanta impudicia
•Participación directa del entonces vicepresidente Amado Boudou en la compra de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica por orden de Néstor Kirchner, según reveló el arrepentido abogado Alejandro Vandenbroele.
•Estatización de dicha empresa fiduciaria sin pago a sus dueños y a acreedores para tapar el escándalo.
•Múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito contra diversos funcionarios de distintas jerarquías.
Pese a sus denodados esfuerzos, los Kirchner y sus secuaces no lograron ocultar tanta impudicia. Ni las moratorias impositivas ni los blanqueos sin requisitos que dictaron en el período; ni la persecución a empleados y funcionarios del Ministerio de Economía, de la AFIP o de la Inspección General de Justicia que intervinieron en algunas de aquellas investigaciones; ni el hostigamiento y pedidos de juicio político a jueces para que renunciaran o fueran apartados de las causas que los involucraban; ni el nombramiento de militantes al frente de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera; ni a través de la colonización de la Justicia con nombramientos de jueces amigos que intentarían nulificar las causas; ni la designación como titular de la Procuración General de la Nación de quien solícitamente nombraría fiscales en áreas claves para su protección. Nada bastó. Todas estas acciones, así como la desesperada y burda intentona actual para mantener en su cargo a la jueza de Casación Ana María Figueroa, están y estuvieron siempre claramente dirigidas a asegurar la impunidad de todos los involucrados. Principalmente la de la vicepresidenta y su familia.
En la causa iniciada por un empresario imputado, Armando Loson, se recurrió a un peritaje escopométrico realizado por empleados del PEN, donde se desempeñan algunos de los propios imputados, en lugar de solicitar la intervención del intachable cuerpo de peritos calígrafos del Poder Judicial de la Nación. Con el digitado e ineficaz peritaje se buscó sumar estruendo en una operación de prensa dirigida a distraer y obstruir a la Justicia al revelar la intervención de Jorge Bacigalupo, expolicía amigo del remisero Oscar Centeno que habría realizado anotaciones en páginas de los llamados cuadernos de las coimas mientras los tuvo bajo su custodia. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de las anotaciones ha quedado a la altura de lo ya sobradamente acreditado de manera mucho más contundente a través de distintas pruebas, incluidas las testimoniales.
La autenticidad de los datos allí consignados fue convalidada primero por las diligencias previas de la investigación que corroboraron los recorridos, los eventos citados, los lugares y fechas a las que hacen referencia muchas de dichas anotaciones, más allá de que ahora los acusados busquen impugnar algunas de ellas con chicanas de baja estofa. Categóricas fueron también las declaraciones de los empresarios mencionados en dichas apostillas que, arrepentidos o no, confesaron que altos funcionarios nacionales les requirieron personal o telefónicamente aportes periódicos. Algunos confesaron haber realizado pagos a cambio de beneficios económicos. Otros, como producto de pedidos conminativos bajo amenazas, concretas o veladas, de activar resortes administrativos con perjuicios personales o económicos como la quiebra a sus empresas. Entre estos últimos se encuentra Loson, quien confesó, como tantos otros, haber realizado aportes dinerarios a los funcionarios públicos procesados.
La autenticidad de los registros se vio corroborada además por las confesiones –inéditas en los anales de la Justicia Federal argentina– de varios de los funcionarios que hicieron los pedidos por orden de sus superiores o que participaron en persona de la recaudación ilegal, su guarda y traslado. Las confesiones de varios de los privados que lavaron la millonaria recaudación terminarían de corroborar el armado del tan gigantesco como escandaloso circuito.
Quedó también en evidencia el proceder del exsecretario de Obras y Servicios Públicos José López, registrado fílmicamente cuando entregaba para su ocultamiento en el interior de un convento religioso bolsos con nueve millones de dólares, relojes de alta gama y armas. Lo grotesco y burdo de estas incontrastables evidencias solo dotó de mayor notoriedad al escándalo, que dio la vuelta al mundo.
Los intentos de frenar la causa de los cuadernos y sus derivadas no cesan. La propia Cristina Kirchner reclamó días atrás que se incorpore el cuestionado e irrelevante peritaje escopométrico a la causa, que no es un peritaje caligráfico, cuya conclusión no da ninguna certeza. Se aferra vanamente así a cualquier elemento que sirva para detener los avances. Quienes, como ella, pretenden demorar, entorpecer o nulificar las anotaciones de Centeno no comprenden que estas ya no son siquiera necesarias para la prueba de los delitos que se les imputan, largamente superadas por múltiples evidencias posteriores. Al mismo tiempo, las autoridades ya han descubierto una parte, todavía insignificante, de los tesoros escondidos, a los cuales llegaron por innumerables rastros y guiados personalmente por quienes los recabaron, los trasladaron y los ocultaron durante tantos años. Está en manos de la Justicia que estos piratas naufraguen sin alcanzar nunca su soñada isla de impunidad.
LA NACION
Conforme a los criterios de
Conocé más
Tipo de trabajo:
opinión
