Crimen político en Ecuador
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El asesinato a balazos en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha conmovido a la comunidad internacional. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha considerado el magnicidio como un intento del crimen organizado para amedrentar al Estado y sabotear las elecciones previstas para el 20 de agosto.
Villavicencio, un periodista devenido dirigente político, era un crítico que no dejaba piedra sin remover, desde la corrupción hasta el crimen organizado. Una de sus investigaciones periodísticas puso contra las cuerdas al exmandatario Rafael Correa y a funcionarios de su gobierno cuando destapó una trama de coimas. Por ese caso, Correa fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel.
Sus más relevantes propuestas electorales apuntaban a implementar estrategias de mano dura para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, en particular la estatal. En enero de este año denunció ante la Fiscalía a 21 candidatos a alcaldes por supuestos nexos con el narcotráfico y aseguró haber entregado información sobre financiación que respaldaba la acusación.
El asesinato del candidato no debería verse como un caso aislado o solo vinculado a la contienda política. Es exponente directo de la espiral de violencia que ha crecido en los últimos años en Ecuador. Estadísticas de la policía revelaron que entre enero y julio de este año se registraron 3568 asesinatos, lo que implica un aumento del 58% respecto de 2022.
Este magnicidio ha sido solo otro ejemplo de cómo el narcotráfico y el crimen organizado son una amenaza para la calidad de las democracias latinoamericanas cuando los Estados pierden el control de los territorios y el poder del dinero ilegal alimenta la corrupción. Todo crimen mafioso es también un crimen político.
Cabe mencionar que Villavicencio no es el primer político acribillado en esta campaña. El mes pasado, sicarios mataron al alcalde de Manta, Agustín Intriago, y unos días antes tres disparos mortales alcanzaron a Rider Sánchez, candidato a la Asamblea Ecuatoriana por la provincia de Esmeraldas. Recientemente, Estefany Puente, candidata a la Asamblea por la provincia de Los Ríos, fue víctima de un ataque contra su vida cuando el auto en el que viajaba fue tiroteado por desconocidos.
El accionar de estas mafias desestabiliza los gobiernos elegidos en forma legítima y sirve como un abono para los discursos populistas que, utilizando la legítima demanda ciudadana por mayor seguridad, acaban resquebrajando la democracia, como viene ocurriendo en la gestión del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Lo ocurrido en Ecuador constituye un severo llamado de atención para América Latina, y especialmente para nuestro país, sobre los peligros que implica naturalizar la presencia de las mafias del narcotráfico y de su poder corruptor, que se vale de todas las formas posibles de violencia para doblegar el Estado de Derecho.
Es de esperar que los resultados de las elecciones ecuatorianas dejen de lado a quienes se identifican con el accionar de estas organizaciones criminales. Será la mejor forma de honrar la memoria de Villavicencio junto a la de todas las víctimas y de rendir tributo a la institucionalidad democrática.