Corrupción no es persecución
Tanto el pedido de indulto para Milagro Sala como el de juicio político a la Corte son producto de una avanzada política para lograr la impunidad de delincuentes
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Se cumplieron ayer siete años de la detención de Milagro Sala en Jujuy. Fue apresada el 16 de enero de 2016 por “instigar a cometer ilícitos y tumultos”. Fue esa la primera de una serie de causas que se le abrieron ante la Justicia por graves denuncias sobre corrupción y violencia. A fines de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a 13 años de prisión que le cupo por asociación ilícita y defraudación al Estado provincial en la causa por el desvío del presupuesto asignado a planes de viviendas, muchas de las cuales nunca se iniciaron.
Sala está sindicada como jefa de una asociación ilícita en un plan de integración sociocomunitario que involucró a la organización que lideraba: Tupac Amaru. En su momento, el fiscal anticorrupción de Jujuy Diego Funes aseguró que hubo acuerdo para defraudar al Estado provincial y que las acciones y omisiones de los funcionarios en el control del erario público ocasionaron un perjuicio patrimonial deliberado. Entre aquellos funcionarios se encuentra quien fue gobernador de Jujuy, entre 2011 y 2015, Eduardo Fellner.
Como era dable esperar, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alegó una “profundización del hostigamiento” contra la dirigente. También la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala envió una carta al Presidente en la que, desoyendo el pronunciamiento de la Corte, pide la inmediata libertad de la dirigente.
Mientras el kirchnerismo habla de “persecución política”, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, asegura que Sala todavía administra unos 20.000 planes sociales desde su prisión domiciliaria, otro ejemplo del miserable manejo clientelista que se extiende por gran parte del país.
Ayer, varias organizaciones de derechos humanos, sindicales y políticas cercanas al oficialismo marcharon para reclamar que Alberto Fernández la indulte, pedido reforzado por la propia Sala.
El recuerdo de las fotos del Presidente visitándola en junio pasado en la clínica donde había sido internada por una trombosis venosa entusiasmó a los cultores del mal llamado lawfare a reclamar que se la exima de culpa y cargo. En aquella oportunidad, el jefe del Estado aseguró que no correspondía el indulto porque la Constitución establece que la conmutación de penas solo procede para delitos sujetos a la jurisdicción federal y que él, en su carácter de “hombre del Derecho”, está impedido de firmarlo.
Sin embargo, Alberto Fernández volvió a dar, una vez más, claras señales de qué poco le importa el apego a la ley. No conforme con impulsar el descabellado pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dio luz verde a organismos de derechos humanos para que le presentaran ideas sobre cómo podría él intervenir en el caso Sala por más que se trate de una cuestión provincial.
Es de destacar que, en los últimos tiempos, la dirigente jujeña siguió sumando graves acusaciones por parte de personas de su círculo más cercano, perdiendo influencia y avales.
En 2017, la Corte ya había dispuesto confirmar, por unanimidad, su prisión preventiva y, en el mismo fallo, cuatro de los magistrados (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) ordenaron que se cumpliera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a su detención domiciliaria.
A raíz de un nuevo episodio de trombosis, los médicos que la asisten indicaron la inconveniencia de que volviera a la cárcel. Poco antes del comienzo de la feria judicial, el Juzgado de Ejecución de la Pena dispuso que Sala no retorne a un penal común mientras permanezca activa la cautelar de la CIDH. La fiscalía se opone, pues no es ya una prisión preventiva, sino una condena, cosa juzgada.
La deleznable tendencia a confundir a delincuentes comunes con presos políticos y de amparar a procesados y condenados bajo el paraguas de un inexistente lawfare, con el fin de procurarse impunidad, comienza a revertirse. La ciudadanía celebra que las investigaciones en tribunales prueben fehacientemente los delitos y se apliquen las condenas que correspondan. Solo así se podrá hablar de justicia, mal que les pese a la vicepresidenta, a Sala y a la cohorte de funcionarios y militantes que han hecho del delito y de sus prebendas su manera de vivir a costa del Estado, es decir, de todos los contribuyentes.
Es tan curioso como lamentable que quienes ven en Sala una víctima nada tengan para decir ni reclamar sobre los numerosos casos de acusados que pasan años y hasta décadas en prisión y sin condena.
Mientras Sala disfruta de detención domiciliaria, supuestamente por sus dolencias, el mismo beneficio jamás les ha sido otorgado a tantísimos adultos mayores en peores condiciones físicas y de detención, muchos a la espera de resoluciones en causas de lesa humanidad.
Si el Presidente se ajusta a la Constitución, no habrá indulto para Sala. No corresponde. Soplan otros vientos, a caballo de una Justicia valiente e independiente y de una sociedad cada vez más consciente de la importancia de respetar las leyes y las instituciones.
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