Corrupción explícita
En la provincia de La Rioja, un lento trámite sucesorio sirvió para desenmascarar el vergonzoso desempeño de la jueza que presidía la Cámara IV en lo Civil, Comercial y de Minas. La intención de dilatar la causa en tribunales estaba clara. En ocasión de haber ido a buscar a la jueza, Norma Abate de Mazzucchelli, para pedirle explicaciones por las demoras, Manuela Saavedra fue invitada por la magistrada a pasar a su despacho, instancia que registró mediante una cámara oculta.
La jueza, con 30 años de desempeño en los tribunales provinciales y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, explicaba a Saavedra: “No me gusta tener cosas demoradas… Me sensibilizan mucho el dolor y la preocupación de la gente”. A partir de que conocía al causante de la sucesión, prometió realizar algo así como una excepción, un favor. Refiriéndose a sí misma como una jueza decente y de carrera, se lamentó por lo magro de su salario y preguntó: “¿Cómo creés que se puede vivir con eso?”.
Esa misma tarde, la jueza se apersonó en el lugar de trabajo de Saavedra y le anunció que al día siguiente podría tener resuelto el tema, pero que eso tendría un costo. Al presentarse para retirar la documentación en el despacho de la magistrada, Saavedra se enteró de que los honorarios que la jueza iba a regular para la abogada de la sucesión serían cobrados por ella. Comenzó pidiendo 8 millones, para reducirlos luego a 5 y terminar preguntando a Saavedra cuánto era lo que ella podía efectivamente pagar.
Con el mismo descaro con el que pidió la coima, la jueza presentó su renuncia. El Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó su dimisión. De haberle sido aceptada, le hubiera permitido comenzar a percibir un suculento haber jubilatorio. Sometida, pues, a un jury de enjuiciamiento en la Asociación de Magistrados, fue finalmente destituida por mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral.
Desterrar la corrupción enquistada en distintos estamentos presupone que los magistrados sean probos y dignos de la confianza ciudadana. Superar temores y denunciar anomalías debe ser el compromiso de todos para que la seguridad jurídica prevalezca y permita separar a quienes ultrajan la magistratura.
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