Corrupción en el Estado: lo que debe ser y lo que es
Premiar con cargos públicos a funcionarios sospechados de corrupción es una pésima señal, violatoria del principio de igualdad ante la ley
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LA NACION
¿Qué ocurriría en una empresa privada si un empleado destinara a renovar su auto el dinero que recibe para una capacitación? Seguramente, se le abriría un sumario, debería reintegrar la plata y hasta podría perder el trabajo. Lo mismo debería ocurrirle a un agente estatal si se descubriera que desvió dineros públicos para fines privados. Desgraciadamente, la ausencia de aceitados controles, sumada a la vista gorda de quienes deben llevarlos adelante, se traduce en funcionarios y exfuncionarios cuyos delitos no solo no son castigados como corresponde, sino que incluso negocian perdones con las autoridades o resultan relevados de sus cuestionadas funciones aunque premiados con otros cargos públicos.
Horacio Curien, uno de los laderos más fieles de Ricardo Echegaray cuando conducía la AFIP, es un claro ejemplo de lo que no se espera que ocurra con quienes malversan dineros de los contribuyentes.
El ciudadano común, que hace frente a sus obligaciones y respeta las normas, percibe una clara y flagrante desigualdad ante la ley de parte de quienes deberían dar el ejemplo
En 2015, Curien pidió autorización, pasajes y viáticos para participar de una conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se realizaba en Barbados. Nunca llegó a destino. Con la plata del Estado, prefirió irse de vacaciones a Miami. Fue descubierto, la Justicia lo procesó y ahora negocia una conciliación con las autoridades que le permita reintegrar el dinero para evitar ser condenado, como si nada hubiera pasado. Pero eso no es todo: mientras la Justicia sigue adelante con la causa, la cuestionada titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, promovió hace unos meses a Curien como director regional de ese organismo en Mar del Plata.
Sorprende que quien fue denunciado por estafa a las arcas públicas exprese ahora sentirse perseguido penalmente, de forma arbitraria, y plantee incluso dudas sobre intencionalidades de otra índole. Así, quien negocia para devolver lo robado al mismo tiempo intenta erigirse como perseguido de la Justicia y de la política, un latiguillo harto conocido entre quienes se saben culpables, pero procuran por todos los medios hacer creer que son víctimas de un sistema malvado y encaprichado en ensañarse con ellos.
Una corrupción extendida, sin consecuencias judiciales, alimenta la sensación de creciente impunidad que invade a la sociedad
¿Es el caso Curien una excepción dentro de la regla general? Desde ya que no y la lista de ejemplos es interminable. Baste con citar que, en mayo pasado, un informe periodístico alertó que el Tesoro y el Renaper, entre otros organismos, estaban ocupados por dirigentes kirchneristas procesados por actividades incompatibles con la función pública. A eso se suma la insólita arremetida de muchos exfuncionarios y dirigentes de peso dentro del oficialismo que insisten en considerarse presos políticos cuando no son más que políticos condenados por corrupción y que incluso han estado detenidos. Tal es el caso del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, quien no obstante anteayer participó de un acto para lanzar Soberanxs, un nuevo espacio político dentro del Frente de Todos.
Si los encargados de administrar y cuidar lo que en definitiva es patrimonio de los ciudadanos no tienen empacho en desviar fondos, alterar contabilidades, repartir entre los propios o esconder en un baño un botín, por mencionar solo algunos ejemplos de irregularidades, no hay dudas de que serán capaces también de mayores tropelías, por ejemplo, en procesos licitatorios truchos o con sobreprecios, con una creatividad que rara vez encuentre límites, mucho menos justicia.
Una ciudadanía comprometida debe denunciar inmoralidades, reclamar justicia y que los magistrados estén a la altura de los hechos. Es una tarea que nos compete a todos los argentinos
La ley marco de regulación del empleo público nacional exige conducta e idoneidad para incorporarse a un cargo, no haber sido condenado por delito doloso y no tener proceso penal pendiente que pueda dar lugar a una condena. Una vez más, el sistema normativo no se cumple en la práctica.
En el caso de Curien, la estafa con viáticos del Estado –admitida por él mismo ya que negocia devolver la plata– no es su primer antecedente turbio. Como informó LA NACIÓN, fue señalado como uno de los sabuesos que viajaron en abril de 2009 a Río Gallegos para reunirse con el entonces contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, el arrepentido en el caso de los cuadernos de las coimas que también comparte causas por lavado de activos con Cristina Kirchner.
“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos. Si un corrupto se infiltra, lo identificaremos y lo sacaremos del Gobierno. Eso es así, así debe ser”, había dicho Alberto Fernández durante una entrevista periodística de abril de 2020. En los hechos, nos hallamos ante otra máxima presidencial que lejísimos está de cumplirse.
El ciudadano común, que hace frente a sus obligaciones y respeta las normas, percibe una clara y flagrante desigualdad ante la ley de parte de quienes deberían dar el ejemplo. En nuestro castigado país sigue primando la idea de que la ley rige para todos menos para el poder. Sin duda, una corrupción extendida, sin contrapartida de consecuencias judiciales, alimenta la sensación de impunidad que invade a la sociedad. Alcanza con mencionar el informe del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), titulado “Un país en estado de sospecha”, que hace referencia a la duración de las causas –en promedio, por encima de los 11 años– y a la alarmante falta de sentencias.
“El país tiene serios problemas de implementación de las normas anticorrupción”, resumía al presentar un sumario de irregularidades que revela también la ausencia de estadísticas actualizadas, en consonancia con lo que denuncia hace años la OCDE.
Solo entre 2010 y 2012, sobre 63 casos, 62 se cerraron por prescripción y uno por declaración de inocencia. El de José López, exsecretario de Obras Públicas, recientemente excarcelado bajo el pago de una fianza de 14,5 millones de pesos, por citar solo uno, se inició en 2008 y aún no cuenta con sentencia firme. El Código Procesal Penal habilita el replanteo casi sin límites de recursos judiciales.
No podemos continuar aceptando estos atropellos. Una ciudadanía comprometida debe denunciar las inmoralidades y reclamar justicia y magistrados que estén a la altura de las circunstancias. Es una tarea que nos compete a todos los argentinos que pretendemos despejar de iniquidades el camino hacia un futuro más justo.
LA NACION
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