Correa y el fin de su carrera

Rafael Correa ejerció la presidencia de su país entre 2007 y 2017, y fue el mandatario ecuatoriano que más tiempo ocupó el poder de forma continua. Hoy vive exiliado en Bélgica, país del que es oriunda su esposa y al que sugestivamente se trasladó tan pronto finalizó su último mandato.

Las sospechas de corrupción en torno a su gestión se acumulan y tiene hoy abiertas en su contra nada menos que 29 causas penales. Dora Ordóñez, actual secretaria anticorrupción, reportó un perjuicio al Estado ecuatoriano estimado preliminarmente en entre 30.000 y 70.000 millones de dólares.

Quebrada su vieja amistad por acusaciones mutuas, el actual presidente, Lenín Moreno, otrora estrecho colaborador de Correa, ha venido endureciendo las normas penales para casos de corrupción. El marco legal y jurídico de Ecuador contempla la recuperación de dineros sustraídos al Estado, incluyendo el régimen de extinción de dominio respecto de los bienes mal habidos por exfuncionarios. Por este motivo, pese a su voluntario exilio, Correa podría tener que responder a las denuncias personalmente con su patrimonio. En la práctica, ya se le ha ratificado una orden de prisión preventiva por cohecho.

Rigen también en Ecuador los juicios en ausencia, con defensores de oficio cuando los sospechosos se encuentran prófugos o en países que deniegan su extradición. Precisamente, días atrás, en un juicio virtual realizado sin la presencia de Correa, la Corte Nacional, máximo tribunal ecuatoriano, lo condenó a 8 años de cárcel y a 25 de inhabilitación para participar en política, acusado de liderar una estructura de corrupción que recibió dinero de forma irregular por parte de Odebrecht y otras empresas a cambio de la entrega de obras públicas. La defensa de Correa anunció que apelará la sentencia, dado que el expresidente, como sucede con frecuencia en estos casos, definió las denuncias iniciadas en la divulgación de un informe periodístico como parte de una "persecución política, sin límites" en su contra. Correa ha definido el proceso como "mamarrachada" y no cumplirá sentencia por encontrarse en Europa. El delito que se le ha comprobado es, por lo demás, imprescriptible.

Sirva el ejemplo de Ecuador para ratificar la utilidad del juicio en ausencia, un moderno instituto de uso extendido en el mundo que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) impulsa infructuosamente en la Argentina desde 2013, luego del cuestionado tratado con Irán. El proyecto de ley fue aprobado por Diputados y aguarda aún tratamiento en la Cámara alta, una incomprensible demora con la que en la práctica se consagra, por ejemplo, la impunidad para los autores del atentado contra la AMIA.