Confesiones de casta
El sincericidio del senador Abdala confirmó que muchos de los vicios de la vieja política son también patrimonio de quienes se presentaban como distintos
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Gracias a una triste admisión del presidente provisional del Senado nos hemos enterado de que no solo ese cuerpo legislativo tiene una desmesurada cantidad de personal –sospechado de “ñoqui” en no pocos casos–, sino que, con el dinero de todos los contribuyentes, se financia a militantes que se desempeñan fuera del ámbito legislativo al servicio de campañas políticas.
La confesión corrió por cuenta de Bartolomé Abdala, senador de La Libertad Avanza por San Luis y segunda figura en el orden de sucesión presidencial, después de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En una entrevista televisiva, el legislador confió sin manifestar vergüenza alguna que tenía un alto número de asesores –originalmente, habló de 15– que en su gran mayoría hacen trabajo territorial en su provincia, con el propósito de fogonear su candidatura a gobernador de ese distrito. Más tarde, se confirmó que, en rigor, contaba con un total de 20 asesores, a los cuales habría que agregar a su propia hija, que no llevaría a cabo funciones en su despacho, sino en otra dependencia de la Cámara alta.
Abdala fue ministro de Turismo de San Luis entre 2008 y 2009, cuando Alberto Rodríguez Saá gobernaba la provincia y habría heredado parte de su actual plantel de “asesores” del exsenador Adolfo Rodríguez Saá. Incluso una hija de este último figura en la plantilla de 20 asesores de quien hoy preside provisionalmente el Senado.
Es de esperar que quienes se presentaron como diferentes no se comporten como “los mismos de siempre”
No es el de Abdala el único caso escandaloso. Meses atrás, se conoció que otra senadora de La Libertad Avanza, Vilma Bedia, había nombrado nada menos que a 11 familiares –entre hermanos, hijos, sobrinos y una nuera– con diferentes categorías en su despacho, aunque las justificadas críticas que despertó esa decisión la llevó a dar de baja varios de esos contratos. Todo el bloque oficialista de senadores, formado por solo seis integrantes, alberga a unos 88 asesores que le cuestan al Estado más de 120 millones de pesos por mes.
Cierto es que este festival de onerosos nombramientos, no exento de nepotismo, no es privativo de La Libertad Avanza. Tal como informó LA NACION, el ranking con mayor número de asesores es encabezado por senadores del peronismo: Carolina Moisés (Unión por la Patria-Jujuy) tiene 40; Antonio Rodas (Frente de Todos-Chubut), 39; Gerardo Montenegro (Frente de Todos-Santiago del Estero) y Jesús Rejal (Unión por la Patria-La Rioja), 34 cada uno, y el formoseño José Mayans, titular del bloque kirchnerista, tiene 31. Pero que otras o casi todas las fuerzas políticas vengan alimentando estos vicios desde hace tiempo no exime de culpa a quienes, en la última campaña electoral, prometieron ser diferentes e hicieron de la lucha contra la “casta política” su principal bandera.
Es de esperar que quienes se presentaron como distintos no se comporten como “los mismos de siempre” a los que con mucha asiduidad se refería Javier Milei en tiempos de campaña electoral, y que se rectifiquen estos oscuros procederes. Claro que sería deseable que todos los senadores replantearan un esquema de contrataciones de personal que, desde hace mucho tiempo, se asocia con lo más rancio de la vieja política.