Condenas en suspenso y debilidad institucional
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Un grupo de violentos usurpadores que destrozaron casas particulares y edificios públicos, que agredieron a la entonces gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y a las fuerzas de seguridad fue condenado a dos años de prisión en suspenso por el juez federal Hugo Greca. Este grupo se asentó ilegalmente en tierras de Villa Mascardi en 2017, y permaneció hasta su desalojo en 2022. Sin embargo, a diferencia de otras comunidades mapuches que cuentan con reconocimiento oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), esta nunca estuvo registrada ni fue reconocida legalmente.
La pena de dos años recayó sobre cuatro de los imputados: Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia, a quienes se exigió fijar domicilio por ese plazo y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de Río Negro.
Yessica Fernanda Bonnefoi, en tanto, recibió una pena de dos años y dos meses de prisión, como coautora del delito de usurpación, que se suman a los seis meses que le impusieron en 2023 en la misma causa, por lesiones leves y dolosas agravadas, y resistencia a la autoridad. Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña fueron condenados a dos años y seis meses de cárcel en suspenso.
Lo curioso es que Greca es el mismo juez que meses atrás homologó un acuerdo para “aceptar la reubicación de la comunidad y declarar el “rewe” (espacio ceremonial) como sitio sagrado del citado grupo. En otras palabras, firmó un acuerdo para premiar a los usurpadores con diez hectáreas de tierras fiscales donde los encapuchados erigieron un tótem de madera que consideran “sagrado”, y con la construcción de viviendas para alojar a la autoridad espiritual de la comunidad (“machi”), a su familia y también a los pacientes que podrían visitar ese lugar para recibir los “tratamientos” que brinda; además de casas para la familia de la “machi” y varias hectáreas en el lago Guillelmo, en la provincia de Río Negro. Un hecho que, en mayo del año último, mereció una columna editorial de nuestro diario titulada “Premiados por usurpar”, en la que destacábamos que resulta inconcebible que las autoridades nacionales concedan una porción de un parque nacional para alojar a quienes sembraron el terror en Villa Mascardi.
La insólita propuesta la había realizado el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, un nefasto funcionario público que actuaba en alevosa connivencia con los ocupantes ilegales, bajo su forzada concepción de los derechos humanos.
En su fallo, el juez Greca absuelve a la líder espiritual “machi” por considerarla menor de edad al comienzo de los hechos, ignorando que la usurpación continuó hasta que cumplió 20 años. Los tiempos cambian y, más allá de los aciertos o desaciertos, estos juicios por delitos penales que antes se movían lentamente, ahora se aceleran, lo que alimenta la percepción de que algunos miembros de la Justicia no actúan de manera independiente, sino que responden a los intereses y las prioridades del poder político de turno.
Mientras tanto, la presión de ciertos grupos seudomapuches sigue siendo efectiva. Si antes ocurría con el gobierno nacional, hoy se extiende a la esfera provincial, donde el Estado cede ante las exigencias de quienes bloquean y violentan: tras la presión de miembros de estas comunidades, que bloquearon el ingreso a las empresas tratadoras de residuos de Vaca Muerta, el gobierno de Neuquén accedió a generar nuevos mecanismos de entrega de personería, lo que generó la protesta de aquellas que estaban constituidas legalmente.
Es inaceptable que quienes actúan fuera de la ley sean premiados. Las decisiones y acciones que favorecen a grupos ilegales envían un mensaje peligroso de impunidad y complacencia.
El Estado tiene la obligación de garantizar que la ley se aplique a todos por igual, sin excepciones ni privilegios, independientemente de la presión política o social. Lo contrario solo alimenta la desconfianza en las instituciones y profundiza las divisiones en nuestra sociedad.
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