Comicios transparentes y sin aguantaderos para condenados
Urge avanzar sin demoras en la sanción de las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia, además de decidir la conveniencia o no de mantener las PASO
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Con más o menos diferencias respecto de su contenido final, los diversos bloques de ambas cámaras del Congreso son conscientes de que el país necesita una reforma electoral que garantice el derecho de cada ciudadano a elegir y a ser elegido libremente, mejorando la calidad y equidad de la democracia. Resulta auspicioso ese avance luego de que en el Pacto de Mayo, suscripto en julio entre el Presidente y 18 mandatarios, se sacó del texto original el punto que determinaba la necesidad de una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes con los de los representados.
Es cierto que aspirar a una reforma integral con innumerables cambios podría llevar años, posibilidad que lamentablemente intensificaría los graves problemas que venimos arrastrando con el uso de la tan vetusta como controvertida lista sábana, el robo de boletas, la compra de voluntades y las presiones políticas que, entre otras arteras maniobras, tienden a manipular la voluntad popular. Pero hoy son tres los temas que hay que resolver con urgencia: la sanción de las leyes de boleta única de papel y de ficha limpia, y decidir qué es finalmente lo que se quiere hacer con las PASO: si continuar con esa costosa virtual encuesta electoral o eliminarla.
Estamos a cuatro meses de concluir 2024 y poco se ha avanzado en esta materia. La experiencia indica que siempre es mejor encarar una reforma electoral en años en los que no se registran comicios. Este año hubo que definir en el Congreso temas preponderantes que conciernen al arranque de un nuevo gobierno. El debate de la Ley Bases –y sus reglamentaciones– ha insumido la mayor parte del tiempo de los casi nueve meses de la actual gestión. Se han judicializado decisiones presidenciales y muchas leyes troncales de la economía y de otras áreas igualmente importantes esperan tratamiento. Pero todo ello no debe hacernos perder de vista lo electoral.
Hace ya 17 años que la Cámara Nacional Electoral (CNE) viene reclamando la adopción de la boleta única de papel, un proyecto que cuenta con sanción de Diputados desde 2022 y que, de no ser convertido en ley antes de marzo próximo, perderá su estado parlamentario, lo que obligará a arrancar la discusión nuevamente de cero.
Muchas son las ventajas de la utilización del sistema de boleta única. Entre ellas, una mayor transparencia, por cuanto permitiría erradicar nefastas prácticas clientelistas, como el llamado “voto cadena”, además del robo o la destrucción de papeletas en el cuarto oscuro. Otro beneficio que presenta es la universalidad de la oferta electoral, dado que se garantiza que todos los partidos y candidatos estén presentes y disponibles en el lugar de votación, en tanto que la existencia de boletas ya no depende de la capacidad económica de cada fuerza política para su impresión. Se genera, además, una mayor sostenibilidad ambiental debido a la reducción del uso de papel, tinta y transporte.
Desde estas columnas hace ya mucho tiempo que venimos insistiendo en la necesidad de avanzar con ese método de votación. La media sanción de Diputados se encuentra actualmente en debate en el Senado, con algunos tropiezos, ya que nuevos cambios podrían determinar que se modifique la aprobación de la Cámara baja y deba ser devuelta a ella en revisión para su sanción definitiva.
Las diferencias en este punto no son tanto de fondo, sino de forma. Mientras algunos legisladores pugnan por adoptar el sistema cordobés, que contempla una sola boleta para todas las ofertas electorales de las diferentes fuerzas y alianzas políticas que compiten en cada distrito en cada una de las categorías en juego, otros se inclinan por el modelo santafesino, consistente en una boleta diferente por cada una de las categorías de cargos electivos, debiendo el votante depositar un sobre en cada una de las distintas urnas: la que contendrá las listas a presidente y vicepresidente; en la que irán los diputados, y en la que se reserva para legisladores, en caso de corresponder esa elección.
Resulta de vital importancia que los legisladores arriben a acuerdos sólidos y duraderos que permitan transparentar nuestro sistema electoral, con el objetivo de instaurar un método efectivo que mejore la calidad y la equidad de nuestra democracia
Con parciales diferencias, además de Córdoba y Santa Fe, la boleta única de papel ya se usa en Mendoza, en Salta y en comicios municipales como los de San Luis. También la utilizan quienes están privados de su libertad y votan en cárceles, y los argentinos que sufragan en el exterior.
Otro de los inconvenientes que plantea el sistema actual es el desdoblamiento de comicios, que, en algunas oportunidades, han llegado a superar la media docena de veces en que un determinado electorado ha debido concurrir a las urnas en un mismo año. Más allá de lo engorroso de esa sumatoria de elecciones –avaladas constitucionalmente, dado el carácter federal de nuestra organización institucional–, surge allí otro problema: el gasto millonario que ello implica, muchas veces por la necesidad de gobiernos provinciales de quedar o no atados a la suerte nacional. Un proceso puramente especulativo que desgasta a los electores alejándolos de las urnas, aunque el voto sea obligatorio.
Respecto de la ley de ficha limpia, se ha dado el primer paso en la Cámara de Diputados al iniciar el debate en un plenario de comisiones. Se trata de la norma que prohíbe que personas condenadas puedan postularse a un cargo electivo nacional o ser funcionarios públicos. La discusión gira en torno a si basta con una sola condena para que sean excluidas de la competencia electoral, aunque no esté firme, o si se debería esperar un doble conforme por parte de un tribunal de alzada. La primera opción es la que promueve el proyecto del oficialismo. De aprobarse esa iniciativa, por ejemplo, la expresidenta Cristina Kirchner no podría postularse como candidata. El segundo eje es qué tipos de delitos debería incluir la ley para inhabilitar a un candidato: la mayoría de las iniciativas apuntan a los hechos ilícitos cometidos contra la administración pública (corrupción), aunque hay quienes proponen ampliar ese espectro a una variada gama de delitos penales.
Otro avance también tuvo lugar recientemente en la Cámara baja cuando, a pesar de los intentos del kirchnerismo de postergar el tema, el oficialismo y la oposición dialoguista emitieron un dictamen para que los ciudadanos argentinos que residen en el exterior pudieran votar en comicios de modo presencial o mediante correo postal. En ese caso, está previsto que el Poder Ejecutivo sea el responsable de garantizar los medios económicos, organizativos y tecnológicos para el pleno cumplimiento de este derecho y que la CNE se encargue de crear el correspondiente registro de electores residentes en el exterior y de establecer el número de las mesas electorales de cada sede.
La complejidad de los temas de la reforma electoral determina que haya divergencias transversales a muchos de los bloques. La oposición dialoguista acuerda con el Gobierno en algunos puntos y difiere en otros. Y no menos importante es que las modificaciones a este tipo de leyes requieren de mayorías especiales de las que hoy carece el oficialismo en ambas cámaras. De allí la importancia de llegar a construir esa mayoría mediante el diálogo razonable y sin perder de vista el objetivo primordial: propiciar un método que mejore la calidad y equidad de nuestra democracia.
Es sabida la resistencia del kirchnerismo a transparentar procesos electorales de los que siempre ha sabido servirse en su propio beneficio, razón por la que cualquier atisbo de transparencia le hace temer una pérdida aún mayor de poder entre los votantes. Contar con su apoyo –más allá de posiciones personales– parecería ser hoy una utopía.
La oposición dialoguista tiene por estas horas una misión fundamental. Es tiempo de avanzar sin más demoras, de llegar a acuerdos y de acelerar el proceso para que en los comicios legislativos de 2025 los electores podamos ir a votar con la seguridad de que se terminaron las trampas y de que ningún cargo será un aguantadero para proteger a condenados.
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