Combatir el narcotráfico antes de que sea demasiado tarde (Parte I)
LA NACION
La falta de políticas públicas, firmes y sostenidas, que trasciendan las administraciones, solo contribuye a la expansión del vil negocio
Los argentinos continuamos evidenciando la enorme dificultad para encarar políticas públicas que trasciendan las distintas administraciones cuando se trata de encauzar cuestiones claves. Con cada cambio de color político en el gobierno se tiran por la borda esfuerzos anteriores, incluso aquellos que probaron su efectividad, lejos de sostener en el tiempo lo positivo para corregir lo que debe mejorarse desde una mirada superadora y de largo alcance.
La actual gestión de Seguridad del gobierno nacional denostó los avances de la gestión anterior en la lucha contra el narcotráfico. Desconocer los récords de decomisos de marihuana, cocaína y metanfetaminas debidamente registrados y documentados confirma esta perniciosa dificultad de dar continuidad a lo logrado por una gestión que, incluso para sus detractores, tuvo muchos aciertos en ese campo. En la misma dirección, las más altas autoridades han pretendido también minimizar el aumento de la cantidad de narcotraficantes detenidos al aducir que, en su mayoría, fueron aprehendidos por consumo o por venta minorista.
En un afán por redoblar la que sin duda constituye una peligrosa apuesta, la ministra de seguridad, Sabina Frederic, se mostró a favor de legalizar el consumo de todo tipo de estupefacientes. Preocupa seriamente que quien está al frente de una cartera tan importante pase livianamente por alto el enorme daño individual y social que estas sustancias provocan. Ni qué hablar de las consecuencias de promover medidas en esta dirección, aisladas del contexto internacional.
Sus expresiones poco felices fueron incluso más allá cuando afirmó que el gobierno federal no planea combatir el microtráfico o narcomenudeo. Preocupa seriamente que la ministra no comprenda que es precisamente el narcomenudeo el formato de criminalidad narco más visible y cercano al ciudadano común, por un lado, y que es también el que más violencia genera cuando las bandas se enfrentan por el control del territorio.
Resulta inadmisible, también, que un dirigente del oficialismo, como el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, haya hecho unavergonzosa defensa del narcotráfico en un video que pretendió minimizar y en el que claramente decía que encubre a empleados de su municipio que "venden falopa en las ambulancias". Semejante admisión de un jefe comunal no habla de otra cosa que de connivencia con la narcocriminalidad.
Si trabajar en prevención para reducir el consumo de estupefacientes debería ser un pilar de cualquier gestión, desactivar el punto de venta que está en el barrio o cerca de la escuela es clave. Estos últimos eslabones del negocio criminal destruyen familias y se cobran vidas. Trabajar para desarticular estas terminales de narcomenudeo conduce muchas veces a desacoplar grandes bandas criminales. Cabe recordar, por caso, cómo desde un punto de venta en un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires se identificó a la mafia que operaba con cobertura política en Itatí, Corrientes.
En la misma preocupante dirección, la gestión de Frederic suprimió la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico para reemplazarla por una simple dirección en una clara bajada de línea sobre la poca importancia que el gobierno que lidera Alberto Fernández le estaría asignando a la cuestión.
Si bien sería apresurado sacar conclusiones a casi ocho meses de inaugurada la actual gestión, algunos preocupantes indicadores revelan que no se están tomando buenas decisiones en la materia. El significativo incremento de homicidios durante los últimos meses en la ciudad de Rosario, muchos directamente asociados con el accionar narco, refleja menores controles en una ciudad que ha sido epicentro de la narcocriminalidad en las últimas décadas. El surgimiento de la pandemia por Covid-19 ha desplazado estas evidencias del foco de la escena, pero no se puede desconocer que, en el primer trimestre, la referida tendencia ya registraba preocupantes manifestaciones en varios distritos.
Lo mismo se puede decir del inusitado aumento de homicidios en el Barrio 31 de Retiro, originado en peleas entre bandas narcocriminales que involucraron incluso a personal policial de la ciudad, que perdió la vida en enfrentamientos. Sin ir más lejos, a mediados del corriente mes, la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, junto con la policía local, desbarató una importante organización dedicada a la venta de drogas, cuyo principal búnker se hallaba en ese asentamiento de emergencia del distrito. Entre otros elementos, se secuestraron más de 13 kilos de marihuana, varias dosis de pasta base de cocaína, balanzas de precisión, cintas de embalar y dos armas de fuego.
Atrás quedan así muchos buenos resultados alcanzados con enormes esfuerzos en los últimos años a partir del lanzamiento del Programa Barrios Seguros, una iniciativa nacional del gobierno anterior, que derivó en la detención de los principales líderes narcos.
Cuando el Estado deja de ocuparse y pierde el control del territorio, el narcotráfico avanza inexorablemente y las cifras reflejan esa rápida reversión que se traduce en más vidas arruinadas o perdidas.
La falta de continuidad de estas políticas de seguridad, que deberían ser indiscutidas y sostenidas políticas de Estado, disparan perjuicios de imprevisibles consecuencias. Cabe recordar los graves problemas que enfrentó el gobierno kirchnerista anterior en esta materia, manchado por casos de violencia y corrupción como los de la efedrina, que desembocó en el triple crimen de General Rodríguez, así como el dinero ilegal de algunas de estas operaciones aparecido en el contexto de campañas políticas. No es menor que la reducción del número de los homicidios intencionales que se venía registrando hasta el año último tuviera en parte que ver con una política más contundente y de colaboración internacional en esta materia. Precisamente, es la experiencia internacional la que confirma que las mafias buscan asegurarse su crecimiento, permanencia e impunidad mediante la aquiescencia del funcionario de turno. Los mecanismos se repiten y las experiencias extranjeras anticipan cuál es el final de la siniestra película por lo que no hay tiempo que perder.
Cuando se tiran por la borda los avances logrados por gestiones anteriores en lugar de redoblar los esfuerzos en la buena dirección, cuando se cae en discursos facilistas que solo proponen promover el acceso a la droga y se desarticulan organismos del Estado destinados a combatir el narcotráfico, la sociedad queda a merced de una violencia que pretende adueñarse de sus estructuras, tanto como de la vida de las personas.
Los Estados deben tomar posiciones claras y firmes para defender a los ciudadanos frente a estos graves flagelos enquistados en tantos países que han quedado a su merced. No hay pues lugar para medias tintas.
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