Chicanas procesales
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La causa por el denominado “Fabiolagate” se inició cuando, en el contexto de la investigación por presunto direccionamiento en los contratos de seguros de organismos públicos, el Juez Julián Ercolini peritó el celular de María Cantero, secretaria del expresidente Alberto Fernández. De los chats intercambiados con la ex primera dama surgió que era víctima de golpes, con fotos de moretones que no tardaron en viralizarse. Fue así que el juez citó a Fabiola Yañez para preguntarle si quería hacer una denuncia penal por violencia de género, un delito de instancia privada. Siendo que ella finalmente avanzó por dicho camino, Fernández quedó acusado por lesiones leves doblemente agravadas, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y por coacciones hacia Yañez para que no presentara denuncia en su contra.
El exmandatario ya había recusado a Ercolini en la causa seguros. Su abogada presentó un escrito recusándolo también en la causa por violencia de género. Silvina Carreira lo declaró parcial e incompetente, solicitó que el expediente se trasladara de Comodoro Py a los juzgados de San Isidro, lugar asiento de los hechos, y lo acusó de haber desoído lo sugerido por organismos especializados en cuestiones de género en cuanto a la asistencia a prestar a la víctima. Objetó también el allanamiento al departamento de Puerto Madero que habitaba el exmandatario cuando se secuestraron dispositivos y lo criticó por las filtraciones a la prensa.
El juez Ercolini rechazó la recusación, pues entendió que “no existe un basamento fáctico ni jurídico que sustente su planteo” y que “ha quedado evidenciado que la actuación del suscripto desde el inicio del expediente, esto es, el hallazgo del material en la copia forense de Cantero, hasta su remisión a sorteo y continuación del trámite, ha sido conforme lo indica la ley y normativa aplicable”. Pero más tarde, Ercolini concedió la apelación que presentó la defensa para trasladar el expediente hacia los juzgados federales de San Isidro. Ahora debe resolver la Cámara Federal porteña.
Carreira considera que los hechos que se investigan, de haber ocurrido, sucedieron en esa jurisdicción y así se lo hizo saber al juez.
No había tenido éxito el expresidente al pretender recusar al fiscal Ramiro González, quien lo acusa de lesiones leves y agravadas por violencia de género y amenazas coactivas. Más allá de que ver cómo se resuelve este último incidente en el expediente, lo concreto es que la defensa forzó la suspensión de la declaración indagatoria prevista para el 11 de diciembre. La Cámara Federal porteña convocó a una audiencia para el 26 de este mes.
Es sabido que en el terreno judicial las estrategias, las maniobras y chicanas interpuestas por los actores definen tiempos y partidas. Los ciudadanos observamos con atención las diligencias y confiamos en que la Justicia ponga las cosas en su sitio tanto en estas como en tantas otras causas que comprometen a quienes alguna vez estuvieron en el poder.
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