Censo, manipulación y más plata para los amigos
Los datos provisionales de la última medición nacional tienden a confirmar las sospechas de que se falsificaron datos para beneficiar a La Matanza
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LA NACION
El censo nacional de población, hogares y viviendas que está previsto realizar cada diez años es una herramienta clave no solo para conocer la cantidad de habitantes con que cuenta el país, sino también su distribución y su situación en numerosos aspectos que hacen a la toma de decisiones para la formulación de adecuadas políticas públicas.
Sin embargo, un mecanismo tan importante como delicado ha venido generando dudas sobre su correcta instrumentación y la veracidad de sus datos.
La muestra censal nacional más reciente –la undécima del país– fue llevada a cabo el 18 de mayo de 2022. Pocas horas después de concluido el muestreo, el Gobierno informó que la Argentina contaba con 47.327.407 habitantes. El 31 de enero último, el Indec, dirigido por Marco Lavagna, presentó, con una demora que llamó la atención de muchos especialistas, los resultados provisionales. Las cifras arrojan ahora que somos 46.044.703 los habitantes –casi 1,3 millones menos– y se anunció que, a lo largo de 2023, se conocerán publicaciones específicas sobre “características habitacionales, estructura de la población por sexo y edad, migración, fecundidad, identidad de género y cobertura de salud”.
De todos los datos disponibles hasta el momento, uno llamó poderosamente la atención: la población de La Matanza, que pasó de 1.775.816 habitantes en 2010 a 1.837.774, más de una década después: una suba de 61.958 personas. Sin embargo, la población proyectada para 2022 había sido de 2.374.149, es decir, 598.333 habitantes más que en 2010, lo que vendría a confirmar las fuertes sospechas opositoras sobre la manipulación de esa cifra en ese enorme bastión electoral del peronismo.
El año pasado, cuando faltaban dos meses para el censo, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto que alertaba sobre esa posible adulteración. Incluso, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, lo denunció ante la Justicia. En refuerzo de sus sospechas, los dirigentes opositores ponen como ejemplo que, durante la campaña de vacunación por Covid-19, La Matanza inoculó a cerca del 60% de la población, mientras que los distritos cercanos a ella habían llegado al 80%. Ello se debe –aseguran– a que el cálculo de vacunados se divide sobre una población superior a la que realmente vive en el distrito. Otro dato llamativo, pero que sumaría más certezas sobre la referida falsificación es que, pese a tener uno de los registros de vacunación más bajos, La Matanza registró también una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes inferior al de los municipios limítrofes.
Anteayer, de manera simbólica, Valenzuela y el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical-CABA) se presentaron frente a la gobernación bonaerense, en La Plata, portando un cheque de dimensiones exageradas que imitaba los del Banco Provincia para pedir la restitución de “70.000 millones de pesos” que aseguran que fueron sobreasignados al distrito gobernado por el hiperkirchnerista Fernando Espinoza, monto que debería ser redistribuido entre el resto de los municipios conforme los datos del nuevo censo. Se trata de lo que se denomina sistema de repartición secundaria de la coparticipación, que implica el cálculo de dinero que reciben los municipios desde las provincias y que está directamente relacionado con el número de habitantes de cada uno.
La principal sospecha respecto de La Matanza es que en 2010 se inflaron esos números para que recibiera un monto mayor en desmedro de otros distritos que recibieron menos, no obstante haber crecido en cantidad de habitantes.
Si bien hubo 13 municipios del conurbano en los que el censo 2022 verificó un número inferior de población, las proyecciones más groseras realizadas por el Indec, intervenido entre 2007 y 2015, por Cristina Kirchner, fueron para el dominio de Espinoza, el principal bastión electoral peronista de la provincia de Buenos Aires.
¿Implican los nuevos datos oficiales que deberá reverse esa tan amañada como injusta distribución de los recursos por parte del distrito comandado por Axel Kicillof? Si bien correspondería que ello sucediera, no se espera que las correcciones en la coparticipación se verifiquen en el corto plazo, básicamente por dos motivos: por la judicialización que seguramente irá in crescendo y porque se trata de un año electoral. Ya se sabe cuánto pesa La Matanza en los números finales del recuento de votos para el oficialismo. Si lograron sostener la trampa por más de diez años, es probable que recurran a todas las artimañas posibles para extenderla mucho tiempo más. Es una pelea que está en el centro aspiracional de los caciques del conurbano contar con más habitantes que los que realmente tienen sus distritos: eso representa no solo más fondos, sino también mayor poder político para justificar el reclamo de más remesas y posicionarse mejor en el negociado de prebendas.
El ejemplo que da la Nación al respecto es tan lamentable como peligroso al desoír el propio Poder Ejecutivo una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reintegrar a la ciudad de Buenos Aires los recursos coparticipables que le fueron ilegalmente sustraídos para destinarlos a reforzar la seguridad en territorio bonaerense. Es probable que ese nefasto antecedente de Alberto Fernández motorice a seguir la ruta del desacato judicial a muchos de los distritos fraudulentamente beneficiados.
Si se ha hecho el enorme esfuerzo humano y material de concretar un nuevo censo, es de esperar que el reparto del dinero coparticipable se ajuste a la realidad de las estadísticas y no al poder omnímodo de dirigentes políticos que se creen dueños de los dineros públicos destinándolos en su propio beneficio sin resolver con la mira puesta no solo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo los acuciantes problemas de los habitantes.
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