Castigar el humor social
Resulta absolutamente condenable que se piense en hacer ciberpatrullaje para monitorear el comportamiento ciudadano
La fuerte polémica en torno a la admisión de que el Gobierno estaba haciendo ciberpatrullaje para medir el humor social y actuar en consecuencia está lejos de haberse cerrado con la publicación en el Boletín Oficial del "Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas".
La respuesta acaso haya que buscarla en el mismo nombre del protocolo con el que las autoridades nacionales pretenden "prevenir el delito". Tan "general" resulta ese reglamento, tan apoyado en el voluntarismo, que termina consagrando lo que supuestamente su aprobación venía a evitar: la vulneración de derechos constitucionales como la garantía de la libre expresión.
Según ese escrito surgido del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Sabina Frederic, se autoriza la realización de ciberpatrullaje en redes sociales para prevenir posibles delitos vinculados con la emergencia sanitaria por coronavirus. Entre otros, el desarrollo de la criminalidad en la comercialización, la distribución y el transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente, y ataques informáticos a determinadas dependencias, especialmente centros de salud.
No resulta objetable, desde ya, que la cartera de Seguridad busque prevenir el delito, pero así como se enumeran actividades específicas para la citada prevención, el protocolo es laxo y voluntarista cuando sostiene que la protesta social a través de las redes no formará parte de indicadores delictivos establecidos para las tareas de prevención policial con el uso de fuentes digitales abiertas. Fue la propia ministra Frederic quien, durante una reunión virtual de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, aseguró que el objetivo era "medir el humor social para trabajar en alertas tempranas" que les permitieran "prevenir diversas situaciones". Es decir, entre otras posibles acciones, auscultar la reacción de la gente en las redes a las medidas de gobierno durante la cuarentena.
Ya la agencia oficial de noticias Télam, con la excusa del combate contra la "infodemia" (epidemia de desinformación), había puesto a disposición de la población una "caja de herramientas", también virtuales, consistentes en diversas guías explicativas sobre dónde y cómo denunciar mensajes inconvenientes en las redes sociales. Más tarde, la funcionaria dijo que aquella definición suya de "humor social" no había sido la más feliz.
En medio de la polémica que provocaron sus dichos y, tal vez como pretendida justificación de las tareas de las fuerzas de seguridad, Frederic mencionó como antecedente la creación durante el gobierno de Mauricio Macri de la Dirección de Ciberdelitos. Pero aquella dependencia tenía como objetivo la prevención de delitos concretos como el grooming; la venta o permuta de armas por internet; la divulgación de imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual o laboral, tanto de mayores como de menores de edad; la trata y el tráfico de personas, y el hostigamiento sexual contra menores de edad, entre otros hechos ilícitos cometidos con la intermediación de la tecnología.
Precisamente, la oficialización del nuevo protocolo derogó aquella disposición del gobierno anterior. Los críticos de la medida de Frederic advierten, además, que haber incorporado en el ciberpatrullaje monitoreos vinculados con temas de salud en cuarentena deja abierta la posibilidad de que efectivamente se utilice esa información para medir el descontento ciudadano, el humor social, como la propia Frederic había admitido en un principio.
Otro de los fuertes cuestionamientos que recibió la medida radica en que se prevé un tipo de vigilancia generalizada. "Estamos viviendo una situación excepcional, pero los derechos humanos siguen siendo aplicables. Los Estados no pueden desatender derechos como la privacidad y la libertad de expresión con el pretexto de gestionar una crisis de la salud pública. No podemos dejar que la pandemia de Covid-19 sirva de excusa para ejercer vigilancia masiva indiscriminada", sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Hay quienes en el Gobierno defienden la medida diciendo ingenuamente que ninguna persona debería autocensurarse en sus expresiones ante la aprobación del protocolo. Quizá no alcanzan a dimensionar la presión y el peso que la mera existencia de semejante instrumento puede llegar a provocar, al actuar como un freno ante la posibilidad de sentirse vigilados y, como consecuencia de ello, castigados.
Todo tipo de patrullaje del humor social por parte de las fuerzas de seguridad es condenable, como también lo son las actividades ilícitas que sectores de inteligencia históricamente han realizado en distintos gobiernos.
Es muy grave que además, en esta oportunidad, se haya pretendido naturalizar ese tipo de vigilancia. Otro agravante lo configura el hecho de que si bien la ministra Frederic ha admitido lo errado de sus dichos ante la Comisión de Seguridad, se ha negado a concurrir a la de Libertad de Expresión de la Cámara baja, para dar explicaciones sobre este tema puntual.
Como siempre sostenemos desde estas columnas, que los funcionarios rindan cuentas no es una concesión que le hacen a la ciudadanía, sino una obligación que deben respetar a rajatabla.
Que los ciudadanos se expresen jamás podrá ser considerado delito. Esa manifestación colectiva denominada humor social no debe ser espiada, mucho menos castigada. La libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza a cada individuo la más absoluta libertad para expresar sus opiniones sin que ningún Estado se arrogue facultades, ni comunes ni especiales, para coartársela.
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