Caso Koldo o caso Sánchez
ABC/España
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MADRID.- El resultado inicial de la investigación de la Guardia Civil sobre el todavía llamado caso Koldo [Koldo García fue exasesor de José Ábalos, ministro de Transportes entre 2020 y 2021 y uno de los pesos pesados del partido socialista] describe un escenario de corrupción a gran escala en el que, de una manera u otra, con mayor o menor intensidad, señala y afecta a Pedro Sánchez. Los protagonistas de primera instancia ven sus perfiles confirmados y sus relaciones, detalladas. El trío formado por Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama cobra el protagonismo propio de los jefes de una trama mafiosa, cuyas dimensiones crecen a medida que van pasando las páginas del informe policial. Sin esfuerzo especulativo alguno, se puede decir que nos hallamos ante el escándalo de corrupción más extenso y ramificado que ha involucrado al Gobierno central desde 1978. A diferencia de otras tramas, en el caso Koldo el causante directo tenía asiento en el Consejo de Ministros y en la cúpula del partido gobernante y los negocios corruptos se promovieron a lomos de esa posición política dominante. Los móviles de García y de Aldama sitúan a Sánchez en dos de los episodios más turbios de esta historia: la visita de Delcy Rodríguez a España, de la que Ábalos informó al presidente del Gobierno y a la que este respondió con un afirmativo «bien», y la operación de rescate de Air Europa (615 millones de euros de dinero público), en la que Aldama tenía información suficiente como para confirmar a Javier Hidalgo, responsable de la aerolínea, que el «1», entiéndase Sánchez, se iba a ocupar de ella. Guste o no a los socialistas, el panel de personajes acaba encajando para explicar las diversas historias que, en algún momento de su desarrollo, han pasado por La Moncloa: Ábalos, Koldo, Aldama, Delcy Rodríguez, Javier Hidalgo, y ya veremos si Begoña Gómez.
Ante este panorama, el Estado democrático y de derecho tiene que funcionar a pleno rendimiento. Sánchez es deudor de explicaciones muy urgentes, a falta de una dimisión que estaría más que justificada si nos atenemos al rasero que le impuso a Mariano Rajoy cuando le dijo aquello de «usted no es una persona decente», amén de que su llegada al poder la hizo alegando que el PP era corrupto.
Ante la gravedad de este vendaval de corrupción viralizada, la Fiscalía General debe actuar de forma diligente y con profesionalidad. Dispone de un informe con material suficiente para promover acciones judiciales y agilizar las que ya estén en marcha en la Audiencia Nacional. Al margen de la suerte que espere al fiscal general (García Ortiz) en la Sala Segunda del Supremo, incógnita que se despejará en los próximos días, el Ministerio Público se debe a los mandatos de la Constitución y no a los intereses familiares de Sánchez. Eso sí, Sánchez podrá declarar por escrito, como tanto quiere, si se acaba acreditando que estos hechos los conoció por ser presidente del Gobierno.
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