Caso Campagnoli: por ahora, se hizo justicia

Siete meses después de su suspensión para afrontar un juicio político por haber investigado al empresario kirchnerista Lázaro Báez, el fiscal de instrucción José María Campagnoli regresó a la Fiscalía de Saavedra para reasumir sus funciones. El hecho representa un duro revés para el Gobierno que, desde diciembre del año pasado, hizo lo imposible por removerlo de su cargo y por mostrar a los jueces y fiscales independientes qué suerte correrían quienes se atrevieran a avanzar en ese tipo de investigaciones sensibles al poder político gobernante.

Lo que se intentó con Campagnoli fue uno de los más desembozados y salvajes ataques contra la justicia independiente, con el objetivo de lograr su pleno dominio en pos de la impunidad. Pero el castigo ejemplificador se invirtió y recayó sobre quienes buscaban sentar un gravísimo precedente. A lo largo de los siete meses de la persecución a Campagnoli -complementada con una campaña de difamación-, el Gobierno se expuso como adalid de una cruzada vergonzosa para terminar perdiéndola a un costo altísimo en materia de imagen y de pérdida de poder. Un régimen que en el caso de la ex imprenta Ciccone desplazó al procurador general de la Nación y a un juez y a un fiscal federales, poco después fracasó estrepitosamente en su intento por desplazar a un fiscal de instrucción.

Si bien es cierto que el juicio político a Campagnoli no ha concluido, la verdad es que, luego de lo ocurrido y a la luz de la nueva relación de fuerzas en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, difícilmente el kirchnerismo sume los votos necesarios para desplazarlo del cargo.

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, había pedido el juicio político, la suspensión y la remoción del fiscal debido a su investigación sobre el empresario Báez, socio de los Kirchner. Lo hizo el 4 de diciembre pasado, el mismo día que Campagnoli firmó las imputaciones en una causa por administración fraudulenta y asociación ilícita en el Club Atlético River Plate, que involucraba al hermano de la actual ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, porque en una de las escuchas su interlocutor se habría referido a un eventual lavado de dinero de la empresa Austral Construcciones, de Báez. Apartado Campagnoli, el juez dispuso nulidades y dividió la investigación. Es de esperar que no hayan corrido una suerte similar otras causas de la fiscalía.

A partir de la arremetida de Gils Carbó y con una velocidad sin precedentes, en diciembre se inició el proceso con la suspensión preventiva del fiscal por presunto "mal desempeño" y "abuso de poder", pues Gils Carbó consideró que Campagnoli forzó su competencia para investigar lo que no le correspondía. Lo reemplazó Cristina Caamaño, mientras once estrechos colaboradores del fiscal fueron desplazados y enviados a otros destinos. Al mismo tiempo, avanzaba el polémico y cuestionado jury. El jueves pasado, ese tribunal resolvió por cuatro votos contra tres levantar la suspensión, pero desestimó el pedido de la defensa de Campagnoli para rechazar la acusación.

El revés para el Gobierno comenzó cuando el jury se paralizó a raíz del pedido de licencia de uno de los miembros del jurado, María Cristina Martínez Córdoba, quien luego renunció. La reemplazó Leonardo Miño, quien terminó por definir la semana pasada la suerte de Campagnoli al votar que se lo repusiera en el ejercicio de sus funciones. Por esta razón se estima que, si recomenzara el juicio, su voto sería contrario al desplazamiento del fiscal. Junto con Miño, votaron en favor de Campagnoli los doctores Juan Octavio Gauna, Francisco Panero y Adriana Donato.

Debería ser un claro anticipo del final que merece este nuevo asalto a la Justicia protagonizado por el Gobierno y ejecutado burdamente y, por suerte, con un pésimo resultado, por la procuradora general. De nada sirvieron todos los recursos del descomunal aparato de propaganda oficial. Mediante una descarada alianza con el Gobierno, Gils Carbó promovió investigaciones paralelas que revisaron toda la trayectoria del fiscal buscando algún tema que salvara al juicio del bochorno en el que estaba empantanado. Se ensañó también con sus funcionarios y empleados, a los que desparramó por los tribunales. Perseguía la destrucción de los equipos de la Fiscalía de Saavedra y de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE).

En todo este tiempo, la ciudadanía y el periodismo independiente se mantuvieron atentos ante la suerte del funcionario perseguido. Resta ahora que la Procuración admita el error cometido y dé curso favorable a los pedidos formulados por el fiscal para que le reintegren sus colaboradores.

El caso es alentador porque se suma al fracaso del Gobierno cuando, con su declamado plan de democratización de la Justicia, quiso someter a los tribunales. Ahora, no pudo remover a un fiscal pues las mentiras eran demasiado evidentes. Se demostró, así, que la firmeza y el afán de luchar contra la corrupción pueden vencer y representan la esperanza de un renacer republicano.

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