Caso Boudou: diez años de una denuncia emblemática
La valentía de Laura Muñoz llevó a la Justicia a condenar por corrupción, por primera vez en la historia del país, a un vicepresidende de la Nación
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Mañana de cumplirán diez años de la denuncia de un gravísimo hecho de corrupción, sin precedentes en nuestro país, que terminó con la condena a prisión de un vicepresidente de la Nación: Amado Boudou.
Tras soportar en silencio dos años de amenazas, el 6 de febrero de 2012, Laura Muñoz, por ese entonces casada con el abogado Alejandro Vandenbroele, recurrió al programa de Jorge Lanata, secundado por Nicolás Wiñazky, para denunciar a su esposo como encubridor de los negocios del vicepresidente Amado Boudou y su socio José María Nuñez Carmona. Días después de sus declaraciones radiales, el fiscal federal Carlos Rívolo tomó declaración a Muñoz y se impulsaron tres causas: una por la compra de la imprenta Ciccone, la otra por la ruta del dinero que se empleó para esa operación y una tercera por honorarios millonarios cobrados por la firma The Old Fund –presidida por Vandenbroele como testaferro de Boudou y Nuñez Carmona– para realizar una consultoría pagada por el gobierno de la provincia de Formosa, pero que nunca se llevó a cabo.
En la causa Ciccone quedó palmariamente demostrado el papel que jugó el Poder Judicial. Jueces y fiscales independientes demostraron que, cuando se quiere hacer justicia, se puede avanzar con condenas en plazos razonables
El llamado caso Ciccone fue a juicio oral y el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública; a Núñez Carmona, a cinco años y seis meses como partícipe necesario de esos delitos; a Nicolás Ciccone, a cuatro años y seis meses por cohecho activo, y también dictó condena a dos años de prisión, como partícipe necesario, a Vandenbroele, cuyo cumplimiento dejó en suspenso por haberse acogido a la figura del arrepentido. Las otras dos causas están estancadas en la justicia federal y no registran avances significativos.
Esta denuncia emblemática impulsada por Muñoz hace una década deja expuestas, al menos, tres situaciones altamente relevantes que deberían hacernos reflexionar como sociedad.
La primera situación se vincula con el papel de un Poder Judicial integrado por jueces y fiscales independientes que demostraron que, cuando se quiere hacer justicia, se puede avanzar hasta la condena en plazos razonables. En la causa Ciccone, el juez procesó a los involucrados en junio de 2014 y el tribunal oral los condenó en agosto de 2018 sin importarle que el condenado fuera un exvicepresidente de la Nación. En cambio, otra de las causas, la que involucra a Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y a algunos funcionarios provinciales por pagar millones de pesos a The Old Fund por la referida supuesta consultoría para reestructurar la deuda pública provincial, está frenada en el juzgado federal de esa provincia. Estos dos casos demuestran que nuestra Justicia cuando quiere es ciega y, cuando quiere, simplemente mira para otro lado.
Es a todas luces injusto decir que el grueso de la Justicia sea ciega. Muchas veces, algunos de sus miembros son conscientes de lo que sucede, pero prefieren mirar para otro lado
Otra situación revela la importancia del periodismo independiente frente a las denuncias de corrupción, sobre todo cuando el involucrado es el poder político. Son muchos los casos de corrupción, frente al desprestigio de las instituciones y la desconfianza que genera la falta de institucionalidad, que se visibilizan a partir de investigaciones periodísticas o de denunciantes que, antes de presentarse a la Justicia, recurren a la prensa. El caso de los cuadernos de las coimas es otro ejemplo claro de esa realidad.
La reacción de Boudou y Vandenbroele frente a la acusación de Muñoz fue negar que se conocieran, aduciendo que todo era una operación mediática organizada por el Grupo Clarín. El tiempo y la Justicia demostraron que lejos estaba de ser un caso de lawfare. En cambio, quedó comprobado que los medios de comunicación son fuente valiosa donde la Justicia puede abrevar y que los periodistas ejercen un auténtico servicio público creando las condiciones para denunciar la corrupción y promover la transparencia, asumiendo los riesgos que eso conlleva. Además, al dar visibilidad pública y masiva a los denunciantes, los blindan ante amenazas y potenciales atentados contra sus vidas.
A una Justicia honesta y eficiente se suma la invalorable investigación sobre hechos de corrupción que realiza la prensa independiente
En tercer lugar, la situación más preocupante del caso Ciccone se centra en los padecimientos que debió y que aún debe soportar la señora Muñoz en su calidad de testigo denunciante. Lo primero que un programa de protección de denunciantes eficiente debería considerar es la distinción entre el nivel de protección y apoyo que debería brindarse a un arrepentido que cometió un delito y el cuidado, mucho más profundo en sus efectos y amplio en su alcance, que necesita un testigo como Muñoz, quien no estaba involucrada en los hechos que denunció. Otro tema importante es el plazo claramente insuficiente de apenas seis meses que estipula la ley para dar apoyo financiero a testigos cuando sabemos que las causas demandan años de investigación hasta llegar a las condenas. Y, finalmente, la imperiosa necesidad de quitar la dirección del Programa de protección de testigos de la órbita del Poder Ejecutivo, pues, en muchos casos, los funcionarios denunciados tienen vínculo directo con los responsables de disponer las medidas de protección de quienes los denuncian. En estas condiciones, con el lobo cuidando el gallinero, el incentivo para promover que los ciudadanos denuncien es nulo porque, como lo demuestra el caso de Muñoz, la denunciante se convierte en víctima de su propio coraje.
Cuando pasaron diez años de la valiente denuncia de Muñoz, muchos medios y periodistas seguimos cumpliendo con esa función social de denunciar hechos de corrupción, demostrando que las acusaciones de lawfare por parte de los dirigentes políticos imputados no tienen el menor asidero.
Lamentablemente, frente a los casos de corrupción, la totalidad de la Justicia no convierte en tendencia la eficiente actuación que ha demostrado en la causa Ciccone y parte de su accionar tiende más a parecerse al del cuestionable proceder del juez federal de Formosa. En cuanto al Programa de protección de testigos bajo la órbita del Ministerio de Justicia, implica seguir condenando a padecer las consecuencias de denunciar al poder político a quienes sumaron sus valiosísimos testimonios.
Como sociedad, no valoramos debidamente y en su justa dimensión todo lo que aportan los testigos denunciantes para encarcelar corruptos, proteger y recuperar los bienes públicos apropiados de manera ilegal.
Queda claro que lo hecho por Laura Muñoz es admirable y absolutamente necesario pero, sin un sistema de justicia independiente y sin un programa de cuidado a los testigos, es tan insuficiente como arriesgado para quienes están dispuestos a desnudar las corrupción pública. Y los corruptos lo saben.
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