Capitanich y sus mentiras sobre la coparticipación
Gobernadores que piden incumplir fallos de la Corte Suprema invocan el federalismo como pantalla para defender sus atropellos y falta de transparencia
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LA NACION
El desaforado reclamo del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, exigiendo al presidente de la Nación el incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, revela una vez más su nulo apego por el Estado de Derecho y la Constitución.
Junto a gobernadores de otras provincias, en las cuales las instituciones son apenas una ficción, se invoca el federalismo como excusa para defender demasías, atropellos y ausencia de transparencia; una actitud golpista que evidencia una llamativa e imperdonable ignorancia de cuestiones de Estado. Porque alentar y proponer el desacato a los fallos de la Corte Suprema es bregar por la ilegalidad, sin dejar de asumir las consecuencias internas y externas de tamaños despropósitos.
La formación como contador del gobernador chaqueño está lejos de constituir una excusa para su actitud, como algunos pretenden justificar. El respeto a la institucionalidad no tiene nada que ver con la formación universitaria. Hay gobernadores titulados como abogados que no respetan la Constitución, incluso el propio Presidente, sin ir más lejos. Si todo ciudadano está obligado a acatar lo normado por la Constitución, con más razón deberían también hacerlo, dando el ejemplo, quienes aspiran a representar al pueblo desde los poderes ejecutivos o las legislaturas, en defensa permanente de la Ley Suprema y de los poderes que de ella emanan.
Al gobernador chaqueño no le falta formación académica. Ha cursado incluso posgrados en el ámbito local y en el exterior, y agrega a su expertise también su paso por el gabinete nacional durante las presidencias de Eduardo Duhalde y de Cristina Kirchner. En este último se recuerdan sus actitudes patoteriles, absolutamente impropias para un jefe de Gabinete. Por eso no llama la atención que a sus ataques a la institucionalidad sume el grave desconocimiento de cuestiones de Estado, así como sus dislates cuando se refiere a la coparticipación.
La coparticipación de la ciudad de Buenos Aires no surge de la autonomía reconocida en la reforma constitucional de 1994, como algunos gobernadores con malicia o desconocimiento argumentan. Es previa. En todo caso los que no tenían coparticipación son los nueve territorios nacionales convertidos en provincias a partir de los años cincuenta del siglo pasado. Por eso las primeras leyes de coparticipación, las de unificación de los impuestos internos, la de impuestos a las ventas y la correspondiente al impuesto a los réditos sancionada en 1934, no la tenían en cuenta. Cuando la ciudad era un municipio y su intendente era designado por el presidente de la Nación, contaba ya con coparticipación. Hasta el golpe del 28 de junio de 1966, esta ascendía a seis puntos. El gobierno de Juan Carlos Onganía la redujo al tomar la Policía Federal el control del tránsito en la ciudad. La coparticipación de la municipalidad garantizó los avales de la Secretaría de Hacienda de la Nación cuando se construyeron las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno.
Con anterioridad a la autonomía, la ciudad recibía más aportes del Estado nacional pues, hasta 1978, se hacía cargo tanto de la educación primaria como del déficit de los subterráneos de la ciudad, servicios que fueron transferidos sin una contrapartida de recursos.
El gobierno del Chaco no cubre ni un mes de su presupuesto con la recaudación provincial. Además, el gobierno nacional suele hacer aportes para compensar el déficit de su caja de jubilaciones, entre otros de carácter extraordinario. Los fondos coparticipables nacionales no surgen por arte de magia. Más de la mitad se recauda entre CABA y la provincia de Buenos Aires. Oscila en un 36% en la provincia y en un 22% en la ciudad, como resultado de su participación en la generación del PBI argentino.
La muestra de ignorancia o de mala fe sobre el origen de los fondos nacionales se reitera con frases como que “la ciudad de Buenos Aires produce una supuesta falta de contribución a la generación de divisas”. La ciudad, solo en el aporte en divisas provenientes del turismo, aporta cuatro mil millones de dólares más que el PBI de varias de las provincias reclamantes. Y si sumamos la exportación de ciencia, tecnología, servicios de consultoría y cultura, se contabilizan otros siete mil millones de dólares.
El Chaco, además de financiar su presupuesto con un 91% de recursos nacionales, recaudados en otras jurisdicciones, recibe subsidios diversos. Junto con Formosa y Santiago del Estero, cobra centenares de miles de pensiones truchas por invalidez, junto a planes sociales y obras públicas financiados con recursos de la Nación.
Hasta noviembre de 2022, la provincia del Chaco recibió por coparticipación federal más de 274.000 millones de pesos, esto es casi 224.000 pesos por habitante, más del doble que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe 124.000 millones de pesos y 40.500 pesos por habitante.
El distrito chaqueño tiene todas las condiciones para superar sus escandalosos índices de pobreza e indigencia. Caudalosos ríos como el Bermejo, el Paraguay y el Paraná son sus límites, con un buen régimen de lluvias. El origen de sus problemas está en el mal uso de sus recursos por parte de oligarquías que los ponen al servicio de su perpetuación en el poder, con lamentables índices educativos y sanitarios, y ausencia de instituciones fuertes que brinden garantías a los derechos de las personas, incluido el derecho de propiedad. No habrá desarrollo para los chaqueños por más recursos fiscales que se destinen a subsidiar la provincia si quienes la gobiernan no asumen auténticamente su compromiso con los votantes.
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