Campañas electorales, gastos políticos y deberes ciudadanos
La ciudadanía debe exigir de sus dirigentes menores gastos en proselitismo y mayores garantías de transparencia en su financiamiento
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LA NACION
Dos recientes noticias vuelven a hacer foco en el financiamiento de la política. Una refiere a que, en las últimas PASO, los partidos triplicaron sus gastos de campaña respecto de las elecciones de 2019. Según un detallado informe estadístico de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se gastaron 472.256.341 pesos en las pasadas primarias contra 158.446.040 hace dos años y, no está de más insistir, esos abultados egresos se produjeron en un paupérrimo contexto socioeconómico.
La segunda información recoge dichos de Hugo Armando Carvajal, exjefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, preso en España, respecto del financiamiento de campañas electorales en algunos países de la región. Mediante una carta dirigida a periodistas y recibida por el portal español OK Diario, dijo que, además de la valija de Antonini Wilson con 800.000 dólares que en 2007 ingresó ilegalmente en nuestro país para la campaña electoral de Cristina Kirchner, hubo otras entregas con el mismo fin. “Ahora nadie sabe nada (…) No sabe nada la Argentina que hasta detenidos hubo y se incautaron 800.000 dólares por una mala coordinación con el aeropuerto. No quieren que se sepa que ese era el viaje número veintiuno que se realizaba”, aseguró el general retirado, quien ofrece información a España para colaborar con sus investigaciones y evitar su extradición a los Estados Unidos.
El origen espurio de fondos electorales sigue siendo motivo de alerta en muchos países. En el nuestro, fue sancionada en 2019 la ley de financiamiento político con el fin de transparentar los aportes privados a las campañas. Modificó una norma de 2009 que prohibía los aportes de empresas a los partidos durante esos procesos. Fue apoyada por el oficialismo macrista de entonces, el peronismo federal y el massismo, en tanto que no recibió el respaldo del kirchnerismo ni de la izquierda.
Entre otros fundamentos, quienes la avalaron sostuvieron acertadamente que cualquier prohibición de aportes por parte de personas jurídicas resulta un incentivo para los pagos por debajo de la mesa. Sobran muestras de ello en nuestro país.
La ley en pos de mayor transparencia no asegura su cumplimiento. De hecho, una de las primeras irregularidades detectadas en las últimas PASO fue que los principales frentes que compitieron omitieron presentar informes finales respecto de cómo financiaron sus campañas en al menos cinco distritos.
Por otro lado, es notable que, sumado a su altísimo costo, cada vez más las campañas tienden a vaciarse de contenido: no se discuten programas ni plataformas y, la mayoría de las veces, los temas prioritarios de los candidatos no responden a las preocupaciones de los electores.
Obtener recursos del Estado para las campañas, del sector privado e, incluso, de la ilegalidad, como se ha podido comprobar en muchos casos, termina siendo el objetivo primordial para imponerse sobre el adversario. Si los debates presidenciales tardaron tanto en legalizarse y siguen siendo resistidos por muchos aspirantes a ese y a otros cargos electivos es básicamente porque representan una prueba de fuego para ellos. En los debates se los ve y escucha tal cual son, con fortalezas y debilidades, con aciertos y errores, con propuestas o carencia absoluta de ellas. Sin eslóganes ni pegatinas.
Por lo demás, hemos sido reiteradamente testigos de cómo los recursos estatales son usados para fomentar el clientelismo. Inauguraciones de último momento, entrega de bolsones o de electrodomésticos, actos de gobierno en apoyo del candidato oficialista, uso de medios de prensa políticamente afines o ya directamente cooptados para la causa partidaria son algunas de las malas artes que se utilizan para beneficiar a los postulantes del oficialismo de turno.
Si bien nuestro Código Electoral Nacional establece que queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las PASO y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales o de las agrupaciones por las que compiten, las estrategias para evadir la norma son tan variadas como obscenas.
Pero solo con la ley no alcanza. La responsabilidad de su cumplimiento no puede recaer exclusivamente en la Justicia Electoral que, sin dudas, es la que tiene la facultad para establecer y aplicar penalidades. Se necesita también un férreo y sostenido compromiso ciudadano. Como electores, tenemos el derecho y la obligación de reclamar reglas de transparencia y contralor institucional en el ámbito de la política, además de una marcada reducción del gasto en el que se incurre.
Pensar en una Argentina compartimentada, en la que muchos trabajan solo para satisfacer sus propios intereses es continuar profundizando el problema. Es hora ya de asumir que a la Nación la construimos entre todos: quienes votan y quienes son votados para servir a la comunidad. Como ciudadanos, debemos exigir menores gastos en el ámbito de la política y garantías de transparencia en su financiamiento.
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