Cajoneando vidas
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Aburrir a nuestros lectores abordando una y otra vez un mismo tema cuyos avances no se concretan sería simplemente parte del oficio si no se tratara de cuestiones tan dolorosas como perentorias.
En diciembre de 2020 acompañamos desde este espacio editorial una movilización de numerosas familias provenientes de distintos puntos del país al Congreso de la Nación que impulsaba un proyecto de ley de oncopediatría, dirigido a cubrir las necesidades económicas de transporte, vivienda y medicamentos que demanda el tratamiento oncológico de un niño o de un adolescente hasta los 18 años. En octubre 2021, la Cámara de Diputados dio media sanción a la iniciativa en una maratónica sesión, pero desde entonces esta duerme inexplicablemente en algún cajón de un despacho del Senado.
El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en la segunda infancia, con unos 1400 casos nuevos cada año en nuestro país, una incidencia estimada de 140 casos por millón, y unos 400 niños argentinos que mueren anualmente. La leucemia es la forma más frecuente, seguida por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Cabe destacar que, con detección temprana y tratamiento, el 70% de estos casos tienen cura.
Mientras el Programa Nacional de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer sigue así demorado, los derechos de los menores son desatendidos y la vida de muchos de ellos es puesta dramáticamente en riesgo.
La iniciativa establece también que el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas deben brindar plena cobertura a las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento a los pequeños pacientes oncológicos. Prevé asimismo la asistencia económica, equivalente a una Asignación Universal por Hijo con discapacidad para ellos y la creación de un registro de seguimiento de los casos, entre otras cuestiones.
Uno de los impulsores del proyecto, el diputado Cristian Ritondo, exigió que “el Senado deje de cajonear este proyecto y tenga un poco de consideración con los chicos que padecen cáncer y se ponga un instante en el lugar de sus familiares”.
Los parsimoniosos senadores se toman un tiempo inexplicablemente prolongado, mientras las familias de muchos niños alejados de los centros de tratamiento de sus dolencias sufren innumerables complicaciones por carecer de los recursos para recibir la atención que merecen. Solo con un Estado en el que el nivel de disparate continúa alcanzando enojosos niveles se puede justificar que se promuevan las cirugías gratuitas de cambio de sexo o de interrupción del embarazo y que la atención de niños y adolescentes enfermos de cáncer quede librada a campañas de recaudación de fondos desesperadamente gestionadas por sus familias y amigos.