Bukele y los derechos humanos
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No debería sorprender que la guerra contra las pandillas encarada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya recibido el beneplácito popular cuando no han hecho más que poner en jaque a la población salvadoreña. Por tres décadas, la gente ha vivido atemorizada ante extorsiones, secuestros, violaciones o asesinatos a manos de miembros de MS-13 o Barrio 18, grupos enfrentados de Los Ángeles que llegaron a El Salvador a partir de deportaciones masivas. Pero es un grueso error pensar que la seguridad pública puede alcanzarse violando masivamente los derechos humanos. Tal como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han suprimido la independencia judicial: 327 desapariciones forzosas, 78.000 detenciones arbitrarias, 102.000 personas privadas de su libertad en abierta violación al debido proceso.
La tasa de encarcelamiento es la más alta del mundo y el hacinamiento carcelario alcanza el 148%. Muchos no necesariamente son culpables ni van a ser reconocidos como tales, sino que simplemente pasan a ser víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio.
La ONG Cristosal ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del Estado salvadoreño, tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el objetivo de combatir a las pandillas.
El reporte de Human Rights Watch sobre abusos a los menores de edad, documentó 66 casos en los que se comprobaron detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de malos tratos dentro de los centros penales, y acoso policial una vez liberados.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por las constantes violaciones y dijo que la guerra contra las pandillas detuvo a 81.000 presuntos pandilleros con baja de los niveles de violencia pero múltiples denuncias por abusos y arrestos arbitrarios.
La comunidad internacional debe reaccionar frente a una violenta respuesta estatal dirigida a sustituir la violencia pandilleril.
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