Buenos Aires: ¿aguantadero o caja para los amigos?
Ha llegado la hora de dar el ejemplo cuidando los dineros públicos, separando a los corruptos de la administración y terminando con el pago de favores políticos
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LA NACION
La ciudadanía bonaerense tiene pendiente ante la República un acto de contrición. Ha sido protagonista de una indiferencia que permitió la reelección del gobernador Axel Kicillof, en la mira por gravísimos cuestionamientos políticos como el de apañar a la jefatura real del justicialismo, encarnada todavía por quien acumuló serias causas judiciales por corrupción durante sus dos períodos presidenciales.
Kicillof ha atravesado sus años de ministro de Economía de la Nación y los otros cuatro en que ha ejercido la primera magistratura de la provincia sin que se le hayan formulado objeciones a un eventualmente indebido acrecentamiento de su patrimonio. Es, en ese sentido, un aspecto personal del que no se puede dejar de tomar justa nota.
Sin embargo, es de tal dimensión la responsabilidad que le cabe en las transferencias accionarias de su tiempo en YPF, que costarían hoy al país más de US$ 16.000 millones, estipulados por una jueza de Nueva York, que es inevitable preguntarse si Kicillof no siente el peso moral de sus acciones después de haber contribuido aún más a arruinar tan significativamente la economía nacional.
Al frente de una provincia con una millonaria caja, gravemente endeudada, años de desmanejos y trapisondas han hecho también blanco en una institucionalidad cada vez más afectada. Baste de ejemplo la investigación sobre pagos a empleados o prestanombres de la Legislatura del que nos ocupamos ya desde este espacio.
Si parte de la ciudadanía bonaerense ha estado dormida respecto de una conducta política reprimible por parte de quien la gobernó entre 2019 y 2023, las razones de azoramiento cuando se revisan algunas situaciones son aun mayores. Valga el ejemplo de un solo distrito: Lomas de Zamora. Su nuevo intendente, Federico Otermín, resultó elegido por alrededor del 50%. Venía de presidir la Cámara de Diputados de la provincia y, como tal, una pieza clave en la Legislatura bonaerense, al servicio de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de Kicillof. Nadie olvida que su antecesor en la intendencia debió renunciar tanto a ese cargo como a la candidatura a concejal en Lomas de Zamora, por el escándalo y las imputaciones por delitos en causas en trámite derivados de un viaje fastuoso y obsceno a Marbella.
El intendente Otermín ciertamente parece considerar que los hechos, que en cualquier otro tiempo hubieran puesto fin a la carrera política de Insaurralde, reciben hoy una consideración pública distinta, y conserva así intacta su relación con el exjefe de Gabinete del gobernador. Kicillof, por su parte, había expresado públicamente su indignación por los procederes del desaprensivo Insaurralde, siendo él quien provocó su renuncia. Cierto es también que bien pudo haber aprovechado la oportunidad para sacarse de encima a una suerte de interventor en su gobierno que le había impuesto el más rancio kirchnerismo cuando crecieron las disputas con Máximo Kirchner, hijo de su jefa política.
La reelección de Kicillof se tradujo también en otro reacomodamiento de amigos, incluida la esposa del excandidato Sergio Massa, con profusos nombramientos alejados del concepto de ajuste y austeridad que ha impuesto a nivel nacional el gobierno de Javier Milei: 15 ministerios ejecutivos y 4 cargos de rango ministerial acompañan al gobernador.
Buenos Aires es un claro ejemplo del estado político en que tristemente se encuentra el país. Ha llegado la hora de una drástica limpieza de todo lo que ensucia la provincia casi desde los albores de la restauración democrática, de la que pasaron ya 40 años. No basta con ser personalmente decente. La connivencia, permisividad y vista gorda respecto de los peores elementos de la sociedad política ensucian indefectiblemente la carrera de cualquier gobernante. Kicillof debe saber que no constituye él la excepción.
Debería saber también que la irresponsabilidad en las decisiones políticas, algunas como la ligada a YPF, rayana en el delirio, pagan su precio en las sociedades verdaderamente maduras. ¿O acaso podría creer que un affaire de tamaña relevancia habría sido de consecuencias gratuitas en democracias más antiguas y consolidadas del mundo y con sociedades más atentas a su suerte en el largo plazo? En favor del interés general de los argentinos confiemos en que no lo sea aquí. Sería una prueba más de que las cosas han comenzado a cambiar para bien.
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