Boudou, en la UBA
El exvicepresidente continúa usufructuando obscenamente los beneficios de un poder ajeno para eludir sus responsabilidades
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LA NACION
Amado Boudou fue invitado por los organizadores de un seminario sobre guerra mediática y jurídica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a exponer su caso como víctima del lawfare. La invitación contemplaba que la condena firme de la Justicia contra Boudou es consecuencia de aquella falacia bélica sin plantear mínimamente un análisis serio sobre los hechos de corrupción que durante el proceso judicial quedaron acreditados. El relato oculto detrás de una ornamentación académica sostiene que, más allá de los hechos que son de dominio público, Boudou fue sacrificado en el altar de la militancia nacional y popular por el supuesto poder real que maneja los hilos de la Justicia y del periodismo.
El cuestionamiento al Poder Judicial y a los medios de comunicación social que el seminario alentaba nada tiene de ingenuo. Sin esos dos mecanismos de control y, en el reino del silencio, la corrupción y el autoritarismo pueden desplegarse sin límites. Sin embargo, resulta emblemático que utilicen a Boudou como víctima de una conspiración de los poderosos contra los débiles. ¿Fueron los ideales de Boudou los que lo vincularon con la compra de la empresa Ciccone Calcográfica? ¿Hubo una conspiración en su contra digitada por un poder que maneja desde las sombras al Poder Judicial y a los medios de comunicación? A casi diez años de la revelación de las maniobras delictivas, esas hipótesis fueron descartadas por las decisiones judiciales luego de determinar los hechos, valorar las pruebas y escuchar todos los argumentos defensivos de Boudou. Concluyeron que era culpable. Las sentencias son públicas y pueden consultarse en el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces que las dictaron fueron nombrados en su mayoría mientras el kirchnerismo controlaba el Consejo de la Magistratura y el Senado.
El auditorio convocado para la presentación académica de Boudou no recibió la esperada reivindicación sobre el caso Ciccone. Nada dijo sobre el delito investigado en ese caso. Nada comentó sobre el inmenso poder que ostentaba cuando sucedieron los hechos. Nada tampoco sobre su relación con el gobernador Gildo Insfrán y esa primera operación de The Old Fund, vinculada con el asesoramiento para la refinanciación de la deuda de Formosa con el Estado nacional. No sorprendió la ausencia de referencias al vínculo que mantenía con el gobernador estrella del presidente Alberto Fernández. Ni sobre esas primeras facturas por un asesoramiento económico que le permitieron dar el primer paso para la ansiada adquisición de la casa de imprimir moneda nacional.
Contra Boudou pesa una condena firme en la causa Ciccone, con una pena de cinco años y diez meses de prisión y de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, como responsable del delito de cohecho pasivo en concurso ideal con el de negociaciones incompatibles con la función pública. Al respecto, sobresale el atronador silencio de los organizadores y de Boudou.
Es preciso recordar que las noticias sobre las maniobras para la adquisición de Ciccone fueron informadas por Jorge Asís, en su medio digital, el 8 de julio de 2011, con lujo de detalles sobre la operación de corrupción y la ayuda para esos fines del actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini. En esa época, Boudou estaba en el cénit del poder. El 25 de junio de aquel año, en un acto de campaña en la residencia de Olivos, la entonces presidenta Cristina Kirchner anunciaba que ella había decidido que Boudou la secundara como candidato a vicepresidente.
En abril de 2012, los hechos informados meses antes por Asís comenzaron a salir a la luz, producto de una serie de mensajes entre el juez federal Daniel Rafecas y el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, encargado de la defensa coordinada de Boudou, José Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele. Desde su despacho en el Senado de la Nación, Boudou dijo ser víctima del entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien terminó renunciando a su cargo.
Ante la dimensión del escándalo, la entonces presidenta, el 8 de agosto del 2012, envió al Senado un proyecto de ley de expropiación de la empresa Ciccone. En veinte días, el kirchnerismo impuso su mayoría en ambas cámaras y la ley fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Boudou y de Rossi. En ninguno de los debates legislativos había sido posible aclarar quiénes eran los accionistas de la empresa expropiada.
El avance de la corrupción muestra impúdicamente y de manera desvergonzada su poder, al igual que la carencia de respeto por las instituciones republicanas
Dos años más tarde, el 27 de junio de 2014, el juez federal Ariel Lijo procesó a Boudou por el caso Ciccone, en una resolución de 331 páginas en la que describe la prueba obtenida sobre los hechos delictivos. En febrero de 2015, los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler confirmaron el procesamiento en un fallo de 81 páginas. Es curioso que nada se diga sobre esa decisión firmada por dos jueces cercanos al poder de aquel entonces y de hoy, que encontraron hechos, pruebas y argumentos para confirmar el procesamiento.
El 3 de agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal 4, integrado por Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi (quien pagó cara la “osadía” y en el seminario fue fustigado por Boudou) y María Gabriela López Iñíguez, condenó al exministro de Economía luego de un largo proceso oral en el que se examinaron todas las pruebas y las defensas. La sentencia del Tribunal Oral Federal 4, a lo largo de 992 páginas, brinda las razones para imponer la pena. El 17 de julio de 2019 la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en una sentencia de 714 páginas, confirmó la condena de Boudou. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma unánime de todos los jueces, rechazó el recurso de Boudou y dejó firme la condena.
Era esperable que el exvicepresidente omitiera toda referencia a los hechos por los cuales fue condenado. Lo vergonzoso es que desde la UBA se propicie que un condenado por corrupción en un caso de inusitada relevancia pública cuestione a la Justicia y a la prensa, ignorando el rechazo de 54.000 estudiantes, graduados, profesores y exprofesores de la UBA.
La situación de privilegio de Boudou resulta inexplicable en un país en el que, según los últimos informes del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, las cárceles argentinas tienen una sobrepoblación del 24,9% en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales y del 7,8% en el Servicio Penitenciario Federal. De las cerca de 100.000 personas privadas de libertad solamente el 53% cumple una condena; las restantes se encuentran en prisión a la espera de una resolución judicial. Para esas personas, todo el peso de la ley; para Boudou, únicamente privilegios.
Las razones por las cuales Boudou no cumple condena en un establecimiento penitenciario solo se explican a partir de lealtades inconfesables y secretos bien guardados.
El Estado de Derecho se sustenta sobre los principios establecidos por la Constitución nacional. La idea de unidad nacional reposa sobre la necesidad de afianzar la justicia, respetar la igualdad ante la ley y garantizar un robusto debate público orientado al bien común, en el que debe estar empeñado un Estado que por imperativo constitucional encuentra limitado su poder.
Boudou continúa usufructuando obscenamente los beneficios de un poder ajeno para eludir sus responsabilidades, mientras disfruta sus días en una lujosa casa al abrigo de una cuantiosa jubilación de privilegio. Con el pretexto de propiciar la libertad de cátedra, la universidad pública no puede esconder burdos actos de militancia ni convertirse en escenario de un insultante espectáculo. Tamaño avasallamiento contra la independencia de la Justicia y del periodismo solo persigue un objetivo claro: transformar a los ciudadanos en súbditos. Las autocracias no toleran controles. Las sociedades civiles cimentan su fortaleza sobre estos valores esenciales.
Que un condenado sea invitado a dar cátedra de justicia ofende gravemente la moral republicana.
LA NACION
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