Bolivia: la grieta dirigencial
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En las últimas décadas, Bolivia ha experimentado un aumento en la politización de sus instituciones, lo que llevó a un desgaste en la confianza ciudadana en sus líderes. Sentirse ignorados o mal representados alimenta el descontento social. En nada contribuye a cerrar la grieta la tensa disputa entre los dos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS): el actual presidente Luis Arce, y Evo Morales.
Arce fue ministro de Economía de los gobiernos de Morales. La relación entre ambos continuó después de que en octubre de 2019 el líder cocalero buscara un cuarto mandato consecutivo para lo cual intentó manipular los resultados de las elecciones. Esa acción produjo una rebelión en el país que lo obligó a renunciar a la presidencia a pedido, entre otros, de la central sindical. Morales denunció un golpe ficticio y, un año después, Arce se presentó a elecciones y ganó.
Ambos están ahora enfrascados en una disputa por el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones de 2025, que Morales quiere encabezar desafiando la ley que se lo prohíbe. En esa línea, acusa a su exministro de Economía de aliarse con los jueces y el poder electoral para impedir que compita nuevamente por la presidencia.
La situación se agravó en junio de 2024, cuando un intento de golpe de Estado liderado por el general Juan José Zúñiga buscó arrestar a Morales. Aunque el golpe fue frustrado, la relación entre Arce y Morales se ha mantenido tensa. Este último acusa al actual mandatario de orquestar un autogolpe para aumentar su popularidad. Arce lo niega.
Recientemente, Morales encabezó la llamada “marcha para salvar a Bolivia”. Reclama al gobierno soluciones a la crisis económica y exige que las autoridades lo reconozcan como único líder del MAS, lo que le permitiría postularse como candidato para los comicios del año próximo a pesar de haber sido inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional a fines de 2023.
La movilización liderada por Morales fue bautizada como la “marcha de la muerte” por el gobierno. La calificó de intento de golpe de Estado por alterar la convivencia pacífica y encubrir una posición política de sedición.
Bolivia sufre una crisis económica, agravada por la escasez de dólares y la falta de combustibles. La Asamblea Legislativa, que hoy es mayoritariamente opositora, está paralizada por la intervención del Tribunal Constitucional, y el choque entre los poderes Legislativo y Judicial bloquea el debate y sanción de leyes desde el pasado febrero.
La disputa entre ambos líderes ha generado preocupación en el país y en la comunidad internacional en tanto puede afectar la estabilidad política y económica locales. La situación sigue siendo volátil, con manifestaciones y declaraciones contradictorias de ambos bandos.
Se necesita un esfuerzo concertado que reestablezca la paz y la confianza en las instituciones, asegure la independencia de la Justicia y devuelva la transparencia a la política. Superar tantas históricas desigualdades en el terreno social y económico demandará también un pacto social que priorice el desarrollo para hacer frente a cualquier amenaza contra el orden constitucional.