Beneficios y peligros del reconocimiento facial

Desde abril de este año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un sistema de reconocimiento facial al servicio de detectar a los más de 46.000 prófugos o rebeldes de la Justicia, con pedido de captura, que puedan estar circulando por la vía pública.

En el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), ubicado en el barrio de Chacarita, se reciben las imágenes tomadas por las 9200 cámaras ubicadas en la ciudad y las 4000 instaladas en colectivos. Aleatoriamente, desde 300 de estos dispositivos, alternándose entre ellos según algoritmos debidamente programados, el reconocimiento facial busca identificar a las personas cuyos datos biométricos están registrados en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Los "falsos positivos", cuando el reconocido no es la persona que se busca realmente, rondan el 4%, y activan las dudas y los cuestionamientos a partir del principio de inocencia que establece nuestra Constitución Nacional, en tanto que en estos casos se invierte la carga de la prueba, teniendo el individuo que demostrar su condición de no culpable.

Organismos nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y la ONU, auditan el funcionamiento de estos sistemas que pareciera que todo lo ven. En otros países en los que se los utilizó con este fin, su grado de éxito para concretar arrestos fue casi nulo o rondó el 2%. En la Argentina los números, hasta aquí, son un poco más alentadores: de las más de 1000 personas apresadas hasta julio último, 174 quedaron detenidas.

Días pasados el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli, encargado del área de seguridad porteña, se reunieron en el CMU para firmar un acuerdo de cooperación. Los modernos sistemas informáticos permiten integrar lo recabado por las cámaras de identificación facial de la ciudad con el Registro de Datos Genéticos (RDNG), obrante en poder del Ministerio de Justicia de la Nación. La posibilidad de cruzamiento entre uno y otro permitirá "ponerle nombre" a una cara, identificar por dónde transita o ha transitado, al tiempo que facilitará la captura de personas que, habiendo sido condenadas por delitos sexuales, por distintos motivos se encuentran en libertad y sin domicilio conocido que permita su localización.

De las cerca de 21.000 personas condenadas por delitos sexuales, solo unas 5000 están en prisión, lo que deja 15.000 personas en libertad, ya sea condicional, anticipada o con prisión domiciliaria. En algunos casos estas personas se han mudado más de tres veces. Se busca así facilitar el intercambio de información y optimizar las medidas de seguridad tanto en la prevención como en la captura o localización de delincuentes.

Se ha discutido si un Registro de Violadores o de personas con antecedentes de violación agravia o no derechos constitucionales o implica una forma de discriminación, impidiendo o dificultando la rehabilitación de un delincuente. Para los casos de violadores recurrentes, especialmente atacantes de mujeres y de niños, con condena, pero que se encuentran en libertad, resulta ciertamente valioso que estén registrados en un archivo de fácil acceso para la Policía Federal. Esto contribuye no solo a su localización sino también -frente a una denuncia de amenazas o anticipación a algún daño de esta índole a la posibilidad de acceso inmediato a la información para evaluar brindar una custodia o seguridad especial, además de la vigilancia al presunto violador o agresor.

Podemos retomar las ideas sobre el panóptico de Michel Foucault, referidas a estructuras carcelarias que permitan observar a los presos durante las 24 horas, o recordar al Gran Hermano de George Orwell para alimentar voces contrarias a estas modernas tecnologías. Desde el CMU se afirma que no se almacenan los datos biométricos de las personas que no figuran en la Conarc, un cúmulo de información privada de los porteños cuyo mal uso podría vulnerar derechos personalísimos.

Analizar los resultados ante la implementación de modernos sistemas será uno de los mejores indicadores de eficiencia a la hora de evaluar la conveniencia de sacrificar parte de nuestra privacidad en pos de una mayor seguridad.

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