Aprietes mafiosos al campo
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LA NACION
Primero fue Alberto Fernández tildando a los productores agrícolas de “especuladores” por atesorar en silobolsas toneladas de soja que podrían venderse de inmediato y transformarse en dólares para las arcas del Estado. Más tarde, al tiempo que se sucedían ataques contra la propiedad rural, que tuvieron precisamente como blanco las silobolsas, organizaciones piqueteras amenazaron con movilizarse hacia el predio de la Sociedad Rural en Palermo, en ocasión de la inauguración oficial de la tradicional exposición del sector. Y, más recientemente, el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, no tuvo mejor idea que recurrir a otro gesto que pareció dirigido a amedrentar a los dirigentes rurales: “Les pido que digan a qué partido pertenecen, así sabemos desde dónde estamos hablando y podemos seguir conversando”.
Hasta aquí, todo apuntaba a una campaña coordinada, orientada a convencer a los productores sojeros para que liquidaran la oleaginosa en su poder aunque eso significara una fuerte pérdida para ellos derivada de vender su cosecha a un dólar equivalente a 87 pesos cuando este cotiza a 293 en el mercado financiero.
Esas acciones siguieron con los supuestos incentivos anunciados poco antes del reemplazo de Silvina Batakis por Sergio Massa en el Ministerio de Economía y de Julián Domínguez por Bahillo en la degradada cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, convertida en secretaría. Se propuso a los productores liquidar la soja antes del 31 de agosto con la posibilidad de recibir una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, comprar dólares al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP.
No acostumbrados a jugar a la timba financiera, los productores rechazaron una invitación oficial que lejos está de brindar soluciones a los problemas que deben afrontar para adquirir insumos que cotizan a valores mucho más parecidos a los del dólar blue que al del tipo de cambio oficial. Quedó claro que el aliento a la producción y a la venta de granos no provendrá de alquimias financieras ni de cepos combinados con brechas cambiarias insostenibles.
No es de extrañar, bajo un gobierno kirchnerista, que frente a esta situación se haya recurrido, como otras veces, a los aprietes a productores por la vía de embargos sobre sus cuentas bancarias ordenados por jueces a pedido de la AFIP. El crecimiento de estas ejecuciones fiscales se registró en zonas rurales del Chaco y de Santiago del Estero, sin intimación y, en muchos casos, sin que pueda ser detectada deuda alguna de los damnificados. Según interpretó el productor Juan Monin, de Las Breñas, Chaco, “esto es apriete puro para que no nos quede otra y tengamos que vender soja para hacernos de efectivo y seguir operando”. Una nueva señal de que el Gobierno sigue eligiendo el camino de la confrontación, la confiscación y la violación del derecho que asiste a los actores del sector más productivo del país. El único que hasta aquí puede contribuir a poner a la Argentina de pie.
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