Ampliar la Corte es desviar el foco
El único propósito de esta iniciativa pasa por la desesperación de Cristina Kirchner para asegurarse impunidad
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LA NACION
En un país respetuoso de las instituciones de la República, la Corte Suprema de Justicia no suele ser noticia, salvo por el valor y alcance de sus sentencias, la renuncia, enfermedad o el infortunio de la muerte de alguno de sus miembros.
Que en la Argentina suceda todo lo contrario, que la Corte esté constantemente bajo la lupa como consecuencia del intenso vapuleo al que la someten sectores que buscan desprestigiarla creando zozobra en una ciudadanía que está harta de las brutales peleas entre las más altas autoridades del país es la demostración más acabada de que se ha perdido aquel necesario y vital respeto institucional. Es la clara manifestación de hasta dónde ha llegado la subversión de valores, del temerario avance de la nefasta estrategia destinada a romper con la constitucional y sana división de poderes.
En los últimos días se ha vuelto a insistir con la ampliación del número de miembros del más alto tribunal del país en la creencia de que cinco no son ni suficientes ni ejecutivos. Nada más alejado de la realidad. La actual integración de la Corte no necesita ser modificada. No obstante, el Senado ha comenzado a tratar varios proyectos en sentido contrario. Uno de Adolfo Rodríguez Saá (Frente Unidad Justicialista) propone elevarlos a nueve. El presentado por la senadora riojana peronista disidente Clara Vega no modifica la composición en cuanto al número de integrantes, sino que regula el cupo femenino; en tanto la legisladora oficialista neuquina Sivia Sapag lleva a 15 los miembros, uno menos de los que propone el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro, aliado del kirchnerimo).
En la actualidad son cuatro los jueces de la Corte, en virtud de que no se ha completado la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco tras su renuncia de octubre del año último. Con la ampliación que propone, Weretilneck entiende que la Corte sería federal e igualitaria, por cuanto también exige paridad de género en su integración.
Como bien decía en una columna publicada en LA NACIÓN hace un par de años el profesor de Derecho Constitucional Santiago Legarre, no hay un “número mágico” de miembros de alto tribunal.
“La Corte –opinaba Legarre– puede funcionar bien y cumplir su rol con cinco jueces y también con nueve (por poner dos cifras cercanas a nuestra práctica institucional). Habrá argumentos, menores, a favor y en contra de esos dos tamaños. Pero ninguno de estos argumentos, especialmente en nuestras circunstancias de un país inevitablemente agobiado y empobrecido, supera la razón para dejar, hoy, el número tal como está”. Lejos de suavizarse, esas dramáticas circunstancias se han profundizado en el último bienio.
En nuestra historia institucional, la Corte no ha tenido siempre la misma cantidad de miembros.
La primera ley al respecto data de 1862, año de su conformación inicial, con cinco magistrados, número que no varió hasta 1960. Es decir, durante casi cien años los jueces supremos fueron cinco. En 1960 pasaron a ser siete y, seis años más tarde, volvieron a ser cinco. Solo en 1990, con el menemismo en el poder, se amplió el número a nueve, el mismo que pretenden ahora diversos sectores del propio peronismo que justifican los cambios en que la Corte necesita mayor celeridad, algo que en los hechos se rebate cuando se proponen ampliaciones, ya que serán muchas las voces que deban opinar. Pero más se contradice si se tiene en cuenta que una de las actuales impulsoras de agrandar esa representación es Cristina Kirchner, cuando ella misma, en 2006, propició bajar ese número a cinco, cosa que finalmente ocurrió.
Ante esa evidencia, poco más hay para profundizar sobre el verdadero motivo de esta nueva batalla que se pretende librar. Está tan a la vista que resulta obsceno. No es otro que la desesperación de la expresidenta por copar el tribunal con cortesanos propios para evitar una o más condenas firmes en las numerosas causas en las que se la investiga por corrupción.
En un Estado de Derecho, es innegable la importancia institucional que tiene la Corte Suprema de Justicia. No solo es custodia de la independencia del Poder Judicial como quintaesencia del sistema republicano, sino también contralor y garante de la constitucionalidad de las leyes.
La discusión no debe pasar por el número de sus miembros, sino porque pueda mantener su independencia, sin apremios ni presiones políticas, conformada por jueces idóneos, honestos y éticos.
Las resoluciones de la Corte hacen a la vida de los propios ciudadanos. Mantenernos callados frente al atropello de quienes solo buscan impunidad es convertirnos en cómplices de la degradación de la República que tanto les conviene a los delincuentes.
Resulta tan lamentable como peligroso que se gaste semejante proporción de esfuerzos y recursos del Estado en debates inconducentes cuando hay tantos temas de urgente resolución que están siendo dejados de lado por nuestros legisladores.
Si, como tanto se pregona desde la política, el principal objetivo está puesto en dar respuestas a los problemas de la gente, es hora de hacer foco.
LA NACION
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