Alí Baba y los 28 senadores
La reforma laboral ha preservado los millonarios “aportes solidarios” obligatorios para las cajas sindicales que seguirán engordando el patrimonio de los popes gremiales
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El proyecto final de reforma laboral que aún trata el Congreso no incluyó aspectos que hubieran afectado el poder y la “caja” de los sindicatos. Ello fue atribuido a un supuesto “pacto” con la CGT para evitar movilizaciones y permitir, a cambio, que continuasen con sus privilegios históricos. La verdad parece ser otra.
Al ceder en esos puntos, el Gobierno privilegió facilitar cuanto antes la competitividad de las empresas cuando la Unión Industrial Argentina (UIA) reclama, con razón, una “cancha nivelada” para enfrentar la apertura, agobiadas por el “costo argentino”. Y dar también un mensaje al mercado respecto de la confianza en la solidez de los cambios para bajar el riesgo país. Nunca se intentó siquiera parcialmente una innovación como la aprobada.
En cuanto al supuesto “pacto” con la CGT, esta no puede bloquear la sanción de leyes, ni su capacidad de movilización violenta es suficiente para lograrlo. La realidad es que el poder sindical y sus cajas configuran la columna vertebral del peronismo, en cuanto a recursos se refiere, y sus 28 senadores –no la CGT- son la garantía de protección de sus ancestrales privilegios. Ninguno hubiera votado medidas que redujeran los ingresos de los gremios ni que debilitasen su poder.
Por si alguna duda queda, el ministro Federico Sturzenegger llamó “peajes” a los aportes solidarios. Su objetivo era derogarlos, pero la premura por lograr la sanción de la ley lo forzó a postergar su estrategia. Esos “peajes” implicarían, según estimaciones privadas, ingresos de un billón de pesos por año a las arcas sindicales. Para lograr los votos necesarios, se mantendrán hasta 2028, con un tope del 2% y retención a cargo del empleador. Limitar los mandatos sindicales y la eliminación de ese descuento ya estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, pero tales decisiones fueron suspendidas por una arbitraria decisión judicial. Los amparos de alcance general son un error de la reforma constitucional de 1994 y ahora se utilizan para que jueces de cualquier jurisdicción puedan bloquear cambios a su criterio.
Son múltiples los aportes forzosos (¡más peajes!) que el lobby sindical logró imponer abusando de la ley de convenios colectivos. Detrás de ello han estado el Ministerio de Trabajo y la justicia laboral, históricamente cooptados por el peronismo. El primero, al homologar. La segunda, al convalidarlos.
Los camioneros, además de las deducciones para la Anses (11%), PAMI (3%) y obra social (3%), deben aportar el 3% como cuota solidaria y el 1,5% para seguro de sepelio. Los empresarios, el 2% por contribución solidaria; el 0,5% para cultura y capacitación, el 2% para profesionalización y otro 1,5% como seguro de sepelio. El reciente decreto 149/2025 eliminó los aportes para institutos de “capacitación”. Eran cifras millonarias transferidas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para sufragar el Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap), acordado en 2008 como devolución de favores entre Armando Cavalieri y Osvaldo Cornide. Si bien era un aporte patronal, encarecía la contratación de empleados “en blanco”.
En 1945 el entonces coronel Juan Domingo Perón copió la Carta del Lavoro fascista de 1927 e impuso por decreto la personería gremial única por rama de actividad y luego la ley de convenios colectivos que aún rige. La Justicia del Trabajo se creó en 1946 y, con los años, fue germen de la industria del juicio. Así como un coronel de un gobierno de facto introdujo aquel monopolio corporativo, otro general y presidente de facto, Juan Carlos Onganía, quiso apoyar al disidente Augusto “Lobo” Vandor para crear un “peronismo sin Perón” dando las obras sociales a los sindicatos, sin suerte.
El poder sindical y sus cajas configuran la columna vertebral del peronismo, en cuanto a recursos se refiere, y sus 28 senadores son garantía de protección de sus ancestrales privilegios
La ley con media sanción no quita la personería gremial única, pero la debilitó al eliminarse la ultraactividad de los convenios colectivos y permitirse su celebración por empresa, cambiando la prelación. Los particulares prevalecerán sobre los más generales. Un logro impensado hasta ahora.
En cuanto al régimen de obras sociales sindicales no estaba en el proyecto de la Ley Bases, ni en la de Modernización Laboral, pues debe ser parte de una reforma integral del sistema de salud argentino. Pero este cambio es urgente pues se ha permitido desviar una enorme cantidad de dinero sin control a los sindicatos durante más de medio siglo. Nunca fue alterado pues es la gran caja del peronismo. Sin embargo, toda retención impuesta por ley es fondo público, aunque aquellas no sean parte del Estado y el Gobierno tiene la obligación de auditar su utilización. Eso jamás se ha hecho a pesar de que, bajo las narices de legisladores, jueces y dirigentes, se compran y refaccionan inmuebles, contratan obras y pactan servicios con gigantescos sobreprecios para obtener retornos.
Se calcula que implican ingresos de 9 billones de pesos anuales para los “desconocidos de siempre”. Por contraste, en 2008 el Congreso eliminó las AFJP, entidades fiscalizadas que administraban ahorros personales que eran la base de un mercado de capitales, con el argumento de que cobraban comisiones altas. Las obras sociales sindicales han servido para crear fortunas personales por cifras mucho mayores mediante tramas de sociedades que pagan “retornos” a los Ali Babá de cada cueva.
Suelen ser sutiles para no llamar la atención, pero algunas veces son tan burdos que no pasan inadvertidos. Por ejemplo, Jorge Lanata identificó en 2018 un imponente campo de 70 hectáreas, en General Rodríguez, con casco, caballerizas, piscina, palmeras, autos de lujo y salón de fiestas a nombre la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (Fataga) y del Sutiaga, el sindicato del mismo rubro. Lo llamativo fue que no era utilizado por los afiliados ya que, en apariencia, el objetivo del club no eran ellos, sino reciclar fondos de los sindicatos y sus obras sociales, pagando precios inflados a contratistas amigos.
Raúl Alberto Álvarez, histórico capitoste de ese gremio, y sus amigos tenían allí, según el informe periodístico, 26 caballos frisones y una flota de 18 pickups Hilux; dos Mercedes Benz; cinco camionetas BMW y decenas de autos utilitarios. Álvarez tenía cédula para un Mercedes B70 GLE 400 Coupé. No muy diferente al caso de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que se ventila en estos días, pero sin la misma resonancia. Si bien fue denunciado en Comodoro Py por la abogada Silvina Martínez, la denuncia no prosperó gracias al blindaje judicial peronista.
Esa masa de recursos no debe ser gestionada por sindicatos corruptos y politizados, sino por entes confiables o por las propias provincias. Todo empleado debería tener derecho a destinar sus aportes a los agentes de salud de su preferencia y no estar cautivos de dirigentes que engordan ilegalmente sus patrimonios.
La sociedad argentina, que reclama fondos para las personas con discapacidad, las universidades, la educación diferencial, la salud y la satisfacción de tantas otras necesidades elementales, no debe tolerar que esas cifras siderales continúen filtrándose por los bolsillos de la dirigencia sindical.
Tipo de trabajo:
opinión
